Hace días la sociedad civil presentó el Informe sobre el Estado de la Justicia en Bolivia 2022, en el que se pueden ver los resultados del desempeño de las diversas entidades que componen el sistema judicial en Bolivia. Y en éste se sigue extrañando la falta de una política efectiva de reforma integral y participativa de la justicia, y se puede lamentar la existencia de muy pocos avances en todo este complicado andamiaje judicial, que perjudica la resolución de los conflictos de la ciudadanía, la que a diario teme resbalar, caer o que la empujen en una odisea de años.
Cabe destacar como punto muy alto la labor de la Escuela de Jueces del Estado a la cabeza de su director, el abogado Lucio Valda, quien ha desarrollado una gestión eficiente con resultados alentadores que dan cierta esperanza en sentido de que cuando hay voluntad y trabajo se puede lograr avances muy interesantes como, ejemplo, la cantidad de jueces que han ido egresando de esa entidad y se han incorporado a la carrera judicial, tanto en la justicia ordinaria como agroambiental, 58,83% en el primer caso y 98,25% en el segundo.
Por otra parte, el informe destaca la gran cantidad de cursos, seminarios y talleres que las autoridades jurisdiccionales y personal de apoyo han cursado, más de 100 durante esa gestión.
Otro tema digno de copiar incluso para las tan denodadas elecciones judiciales es la transparencia y eficacia con que se llevaron a cabo las convocatorias para el ingreso a la Escuela de Jueces del Estado. Realmente, mucho que aplaudir y copiar por parte de las demás entidades del sistema.
También se debe felicitar al Ministerio Público por la digitalización de sus servicios, mediante sistemas informáticos que permiten un mejor seguimiento de los cuadernos de investigación. Sin embargo, todavía siguen en carpeta muchos desafíos para esta institución que de sus 519 funcionarios, solamente el 21% (110 fiscales) es institucionalizado. Es muy probable que este problema esté directamente vinculado a la calidad de atención de la ciudadanía, desde el trato interpersonal, hasta la resolución técnica de la investigación del delito. Quiénes no han estado en las diversas dependencias de la Fiscalía y han sentido que aún siendo víctimas les hicieron sentir culpables, algo que se ve reflejado en el estudio mencionado, en el acápite de la percepción ciudadana que le otorga al Ministerio Público 29.9 por ciento sobre 100 de confianza ciudadana.
Aunque en general ninguna institución goza de la plena confianza ciudadana, extrañamente ni siquiera la justicia indígena originaria campesina lo ha logrado. Si bien tiene una nota alta de 35.03 sobre 100 y el Tribunal Agroambiental de 36.6, todavía siguen con una nota de aplazo.
Y algo que se viene gritando hasta el cansancio es la falta de independencia de las entidades del sistema de justicia, pero al parecer tanto autoridades como políticos tienen tapones en los oídos, porque la sociedad en su conjunto no les da más de 35/100 a todas ellas, es decir al Órgano Judicial, a la Fiscalía, a la Policía Boliviana. Y debe llamar poderosamente la atención que sólo el 67 por ciento de los encuestados tiene altas expectativas sobre la independencia judicial. Es como si este elemento básico de un Estado Constitucional de Derecho estuviera realmente devaluado o la gente no comprendiera su importancia para la vida de una sociedad democrática.
Dato realmente revelador es aquel que señala que el 55 por ciento de la población está en desacuerdo con que jueces, fiscales, profesionales de la abogacía y otros servidores estén preparados para una atención debida o correcta del público, que sea inclusiva, eficaz, con perspectiva de género y derechos humanos. La gente percibe además que los grupos peor tratados por el sistema lo conforman personas de escasos recursos, población con diferente orientación sexual y de género, así como personas privadas de libertad, a las que se trata con discriminación y hasta racismo.
Otro de los factores que el estudio analiza es el tema de la corrupción. A la pregunta de si el/la encuestado/a fue sujeto de una solicitud de dinero (coima) o algún otro aliciente, un 33% contestó que sí en la Policía, 16% en otras instancias del sistema y 8% en los juzgados. Estos datos tendrán que ser analizados desde una óptica diferente por la escala de corrupción que entraña, porque se conoce que existen niveles diferentes: el dinero que solicita una autoridad con mayor poder es mucho mayor (por un requerimiento, resolución, sentencia, autos), que el monto que pide un policía que solicita fondos para una diligencia o una notificación, quizá por eso la percepción sea más alta en ese nivel.
Muy interesante el dato en relación al comportamiento de la población con respecto a si las y los bolivianos cumplen la ley: el 43.4% señala que “muy poco” y el 27% que “nada”. Si somo exigentes en nuestros derechos, asusta encontrar que sólo el 25% señala que “mucho” y la mayoría dice que poco 37%.
¿Y la percepción sobre la conciencia en relación a si cumplimos nuestros deberes y obligaciones?: Sólo un 7% cree que “mucho”, realmente un porcentaje muy bajo puesto que esto nos mantiene interrelacionados como sociedad, saber que no puedo incumplir mis deberes con mis congéneres.
Finalmente, a la pregunta de si los bolivianos somos iguales ante la ley: el 35,6% cree que poco y el 25% que nada, es decir, la mayoría de bolivianos y bolivianas no cree que haya ni siquiera igualdad formal ante la ley, lo que, por supuesto, nos aleja de la posibilidad de pensar en una igualdad material, siendo lo primero factor primario y básico para imaginar un mundo con plenas oportunidades para todas y todos.
Como observamos en los datos, la situación sigue siendo la de una justicia en crisis, sin vistos de mejorar en un corto plazo. Los pequeños pasos o avances que se dan siguen siendo insuficientes, y al parecer son posibles gracias al ánimo personal de mejorar que por una voluntad estatal de tomar el toro por las astas y dar un viraje importante. Tal vez se tenga que esperar hasta el 2025, a que lleguen nuevos aires; aunque como van las cosas, ya queda poca fe.
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