Varios economistas del país que realizan análisis y seguimiento de la actualidad de las finanzas públicas de Bolivia se vienen quejando desde hace algún tiempo de que el Banco Central de Bolivia no publica la información necesaria para conocer, por ejemplo, el estado de las reservas internacionales netas, que hasta los primeros días de febrero mostraban una merma muy importante en relación a aquellos gloriosos días de vacas gordas, que no fueron aprovechadas y como dice un reconocido profesional del rubro: “Toca ahora vender las joyas de la abuela” y “raspar la olla”.
Quienes no somos expertos en la temática observamos que este problema, serio por donde se lo vea, ha puesto nerviosa a la sociedad boliviana en su conjunto. Muchas personas ya recurren a sacar su dinero del país y entonces recién uno toma conocimiento de que existe una cantidad no menor de ciudadanía que tiene su dinero en otros países, preferentemente del norte o paraísos fiscales (por favor, expliquen el procedimiento), otro tanto comenzó a buscar dólares por todo lado, dado que en las redes sociales comenzaron a alertar de una posible devaluación de la moneda nacional y existen los que confían en su colchón, chanchito o latita para resguardar el patrimonio familiar (también mejor en dolarcitos) y, bueno, existimos las y los que vivimos al mes y simplemente rezamos para que la cosa no se ponga muy fea.
Pero nuevamente el error está en la información objetiva, cierta y de buena fe que debería dar el Gobierno. En un sistema democrático, todas las personas tienen derecho a pedir y recibir información que les permita participar en los asuntos públicos y controlar las acciones del Estado con el fin de que la gestión pública sea transparente. Además, este derecho está relacionado íntimamente con el cumplimiento de los fines y objetivos del Estado, los cuales deben responder a las necesidades de la población.
Pero los personeros de gobierno justamente pecan por no proceder de esa manera. Se circunscriben a señalar que todo está normal, cuando los hechos demuestran otra cosa. Incluso se animan a proferir amenazas, tal el caso del director de la ASFI, Reynado Yujra, quien señaló que iniciarían acciones penales a personas naturales o jurídicas que difundan información falsa sobre la falta de dólares en el sistema financiero. Sin embargo, lo que muchas y muchos han podido evidenciar es que los bancos no están otorgando la cantidad exigida o requerida de moneda estadounidense a la ciudadanía que la solicita.
Las y los bolivianos requerimos saber, necesitamos conocer el estado real de la economía, porque es nuestro derecho, el mismo que está reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La “Carta de Santo Domingo por el Libre Acceso a la Información Pública” de 2002 establece: “1) El libre acceso de las personas a las fuentes de información pública es un derecho humano universal y un principio democrático inherente al derecho a la información, a la libertad de expresión y de prensa. 2) El libre acceso a la información pública contribuye a la transparencia de la gestión pública, combate la corrupción y la cultura del secreto como práctica y asegura un mayor grado de eficiencia en el manejo de la cosa pública. 3) El libre acceso a la información pública garantiza la participación ciudadana en la toma de decisiones de interés público, factor indispensable para la construcción de una cultura democrática”.
Nuestros gobernantes deben entender que se les exige rendir cuentas; están obligados a mostrar los datos e información necesaria para tranquilidad de la sociedad. El momento en que una o un servidor público esconde, retacea, omite, actúa dolosamente o de manera interesada negando la información, estamos ante un gobierno que actúa fuera de los derechos humanos, violentando nuestros derechos.
Dentro de las obligaciones que adquiere el Estado para garantizar el ejercicio pleno y efectivo del derecho de acceso a la información, se encuentra el cumplimiento de los principios de máxima divulgación y de buena fe: el primero refiere que toda persona puede acceder a la información en posesión de los órganos y entidades públicas, ya que la misma es en principio totalmente accesible, con excepcionales limitaciones interpretadas de manera restrictiva; y el segundo refiere a que los personeros del Estado están obligados a realizar las acciones necesarias que aseguren la estricta aplicación del derecho, brinden los medios de asistencia necesarios a los solicitantes, promuevan una cultura de transparencia, coadyuven a transparentar la gestión pública y actúen con diligencia, profesionalidad y lealtad institucional, lo contrario podría interpretarse como una falta o incluso un delito en el ejercicio de la función pública.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia Claude Reyes y otros vs Chile, que sería bueno que los servidores del Banco Central de Bolivia y del Ministerio de Economía y Finanzas Pública puedan darle una mirada, indica taxativamente:
“…el actuar del Estado debe encontrarse regido por los principios de publicidad y transparencia en la gestión pública, lo que hace posible que las personas que se encuentran bajo su jurisdicción ejerzan el control democrático de las gestiones estatales, de forma tal que puedan cuestionar, indagar y considerar si se está dando un adecuado cumplimiento de las funciones públicas. El acceso a la información bajo el control del Estado, que sea de interés público, puede permitir la participación en la gestión pública, a través del control social que se puede ejercer con dicho acceso”.
Entonces, por favor, señores del Gobierno informen (la verdad), para realmente dejar esta incertidumbre, dimes y diretes que ustedes sólo alimentan con mayor bruma, inseguridad y temor. Sabemos que las medidas que deban asumir seguramente serán impopulares, pero es mejor dejar de vivir en la mentira. Seguramente las y los ciudadanos que viven solamente de sus salarios esperan que cumplan sus obligaciones con los derechos humanos.
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