Cruda realidad: las niñas, las más violentadas

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la Coordinadora de la Mujer invitó a Guardiana a la presentación de datos oficiales y de los resultados de una investigación a fondo realizada sobre la violencia sexual en Bolivia.

Según los datos recopilados de la Fiscalía General del Estado, hubo 8.867 denuncias por violencia sexual el 2022.  De ese dato global, la Coordinadora de la Mujer analizó 349 casos sobre violencia sexual y corroboró que la mayor cantidad de agresiones sexuales la sufrieron niñas de 7 a 13 años (57%), adolescentes y jóvenes de 14 a 20 años (24,4%) e infantes y niñas de 0 a 6 años (5,8%), es decir que en el 87,2% de los casos de agresiones sexuales, las víctimas tenían menos de 20 años.

Los agresores fueron varones de 21 a 38 años (181 personas que representan el 51% del total de esa muestra); quienes tenían algún tipo de relación familiar directa con sus víctimas en el 65% de los casos. Por tanto, el seno familiar se ha convertido en el lugar más peligroso para las niñas y adolescentes.

Mencionamos cifras, pero son vidas de personas cuya dignidad ha sido vulnerada. Alguien se pondrá a pensar ¿qué proyecto de vida puede construir una niña violada, acosada, que quedó embarazada y tal vez tuvo que abortar?, ¿tendrá justicia y apoyo psicológico o emocional de su madre, padre o familiares?, ¿podrán sus maestros tener la empatía y pedagogía para acogerla otra vez en su escuela?, ¿cómo podrá volver a relacionarse en sociedad luego de un episodio tan dramático? Y ¿si era una talentosa deportista, artista, científica, ingeniera o legisladora, podrá superar el trauma y rehacer su vida? Muchas mujeres adultas no lo hacen, ¿lo lograrán ellas? ¿Existe alguna garantía para ello más allá de leyes que no se cumplen a cabalidad o tienen un manejo al estilo de “discurso políticamente correcto”?

En general, según datos del Ministerio Público, hasta el 16 de octubre de 2022, hubo 8.867 denuncias por delitos de orden sexual, entre ellos abuso sexual (2.769), acoso sexual (212), actos sexuales abusivos (45), violación de infante, niño, niña y adolescente (2.207), violación (2.288), estupro (1.345), padecimientos sexuales (1). “Existen 30 denuncias al día por violencia sexual”, afirmó Lucía Vargas, responsable de Incidencia Política de la Coordinadora de la Mujer.

Esos datos echan por tierra “el ideal social” de que la familia es “el núcleo de la sociedad y el lugar más seguro” para cualquier persona, lo que también revela que la sociedad boliviana sufre una profunda crisis moral que no es reciente, sino que se ha ido profundizando dramáticamente. Si las cifras oficiales muestran esa realidad, no podemos ni imaginar cuál será la situación de zozobra y violencia que viven cientos de miles de niñas, adolescentes y mujeres que aún no han denunciado la violencia que sufren en sus hogares.

Entre 2018 y 2022 hubo 36.629 denuncias por violencia sexual en Bolivia, siendo las más frecuentes el abuso sexual (11.294), la violación (9.982) y la violación de infante, niño, niña o adolescente (8.374), según los datos del Ministerio Público.

Ante esta situación, tanto la ciudadanía como las autoridades a nivel municipal, departamental y nacional deberían dejar de hablar y actuar para frenar la violencia. Según los datos de la Coordinadora de la Mujer (25/11/2022), la Gobernación de La Paz programó el 2,3% de su presupuesto y lo destinó para fortalecer a la FELCV y la seguridad ciudadana; mientras que la Alcaldía de La Paz planificó un 6% de su presupuesto para este fin. ¿Serán esos bajísimos presupuestos suficientes para atender esta sensible temática?

Se sigue invirtiendo más en infraestructura y servicios que en salvar las vidas. No se valora la calidad de vida si se prioriza el cemento.

Por otro lado, la ciudadanía es corresponsable desde sus juntas vecinales y controles sociales de solidarizarse ante la violencia que cada año cobra más víctimas entre niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres adultas en sus hogares. Ya no se trata solo de las personas fallecidas sino de su “muerte en vida” y la imposibilidad de alcanzar la plenitud de sus vidas debido a la violencia sexual. ¿Por qué no exigimos que se incremente el presupuesto de cada municipio para atender y prevenir la violencia en los hogares y las escuelas? 

Siguiendo con los datos de la Fiscalía, analizados por la Coordinadora de la Mujer, hubo 733 interrupciones legales de embarazo; 332 por violencia sexual (45% del total), de las cuales 263 niñas y adolescentes menores de 15 años fueron víctimas.  A la violencia sexual le sucede la depresión y el suicidio ante la injusticia de ver libres e impunes a los agresores. Dos adolescentes se quitaron la vida tras ser víctimas de violencia sexual durante varios años y una madre también se suicidó en Cochabamba luego de ver libre al hombre que abusó de su hija.

Ante esas cifras, surgen preguntas para algunas de las principales instancias responsables de tomar acciones de forma más eficiente y oportuna: ¿Cuáles serán los resultados del Ministerio de Educación en la sensibilización y capacitación a padres, madres de familia, maestros y maestras? ¿Estará haciendo algo al respecto la Federación de Asociaciones Municipales (FAM)? ¿Hasta qué punto el Ministerio de Justicia, el Servicio Nacional de Información en Salud (SNIS) del Ministerio de Salud y la Fiscalía del Estado cuentan con un solo registro oficial sobre violencia contra la mujer y los delitos de violencia sexual? ¿Se tiene esa información por municipio? ¿Quién interpreta los datos actuales y planifica políticas públicas con presupuesto para frenar la violencia? Si no se articulan y coordinan esfuerzos, se seguirán perdiendo vidas y espero que algo de conciencia quede en cada uno de nosotros para buscar soluciones.

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