Hay quienes pueden pensar que el título de esta columna está uniendo lo incompatible. Podemos pensar que no existe una relación entre la entidad denominada en nuestro país Contraloría General del Estado y la defensa de los derechos humanos. No es así.
De acuerdo a la Constitución Política del Estado boliviano, la Contraloría General es una “institución técnica que ejerce la función de control de la administración de las entidades públicas y de aquellas en las que el Estado tenga participación o intereses económicos”. En sí, es la entidad encargada de cuidar que los fondos públicos sean debidamente manejados con total transparencia; es decir, ejercer el control, fiscalización y auditoría de los mismos, entendidos estos como todos los bienes, fondos, títulos, acciones, participaciones, activos, rentas, utilidades, excedentes, subvenciones y todos los derechos que pertenecen al Estado y a sus instituciones, sea cual fuere la fuente de la que procedan, inclusive los provenientes de préstamos, donaciones y entregas que, a cualquier otro título se realicen a favor del Estado o de sus instituciones, personas naturales o jurídicas u organismos nacionales o internacionales.
Por eso, la misma norma fundamental de manera imperativa agrega que esta institución “será responsable de la supervisión y control externo posteriores de las entidades públicas y de aquellas en las que tenga participación o interés económico el Estado. La supervisión y el control se realizarán asimismo sobre la adquisición, manejo y disposición de bienes y servicios estratégicos para el interés colectivo”.
Véase entonces la gran importancia que la sociedad en su conjunto debería darle a la Contraloría, porque es el guardián de nuestro dinero y la forma en que las entidades públicas disponen de los mismos. Seguramente si tuviésemos una entidad fiscalizadora en pleno funcionamiento con independencia, no habría tantas “canchitas” sin ton ni son, fondos indígenas con proyectos fantasmas, empresas públicas con números rojos y sin resultados que brinden utilidades a la gente, gobernadores y alcaldes que no cumplen sus promesas y planes de gobierno, sin siquiera sonrojarse, legisladores que solamente van a calentar el asiento y no han presentado ni un proyecto de ley o solamente alguna cosilla irrisoria para justificar su salario, personal excedente en muchas entidades y empresas, ítems fantasmas, etc.
Es por eso que al poder siempre le ha interesado controlar a la Contraloría. Cómo no recordar al expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, quien tenía durante su mandato a su hermano en ese puesto. Ya veo a mis amados hermanos iniciándome un proceso por responsabilidad ejecutiva, administrativa, civil o penal en el ejercicio de funciones, sería realmente inédito y hasta antinatural, pero el susodicho excontralor Antonio Sánchez de Lozada estuvo en el puesto por 10 años.
Luego vinieron otros cuatro ciudadanos como contralores, pero seguramente no creo que nadie se acuerde mucho de quiénes fueron los titulares de esa institución fundamental del Estado. Inclusive ahora que está en curso el proceso de selección de un Contralor o Contralora, la población parece verlo de manera muy lejana y abstracta, porque no se le ha explicado la importancia que tiene para cada ciudadano o ciudadana, así como para el ejercicio de sus derechos humanos.
Con una eficiente entidad fiscalizadora, el problema de la corrupción que campea en todos los niveles del Estado alcanzaría niveles menores, puesto que como sostenía el estadounidense Robert Klitgaard en su libro “Controlando la corrupción”, este dañino fenómeno se debe a tres factores: el “monopolio del poder, discrecionalidad de las decisiones y la ausencia de mecanismos de control”.
Durante muchos años venimos sufriendo por la presencia de los tres factores señalados, un acaparamiento de todas las entidades del Estado (por ejemplo Ejecutivo, Judicial, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General del Estado, Órgano Electoral, Contraloría General del Estado), un Legislativo sin presencia de oposición y hace algunos años con más de dos tercios de poder; un cúpula que lo definía todo. Si bien en la norma existen mecanismos de control muy de avanzada, los mismos solo se aplican bajo lo que popularmente se denomina “la ley del embudo, ancho para unos y estrecho para otros”. Al respecto, ejemplos existen muchos; pero en este último factor tiene que ver la Contraloría General del Estado, porque de una manera directa precautela para que los niveles de corrupción bajen y, por lo tanto, que esta no afecte a los derechos humanos de bolivianos y bolivianas.
Es por lo anterior que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos argumentaba el año 2018 que “la corrupción es un complejo fenómeno que afecta a los derechos humanos en su integralidad –civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales –, así como al derecho al desarrollo; debilita la gobernabilidad y las instituciones democráticas, fomenta la impunidad, socava el Estado de Derecho y exacerba la desigualdad”.
En ese entendido, corresponde al Estado que adopte todas las medidas necesarias y adecuadas para prevenir los hechos de corrupción que pueden configurar violaciones de derechos humanos, entre ellas aplicar políticas de prevención en aspectos como la transparencia, declaraciones juradas, leyes de acceso a la información y controles externos, de acuerdo al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Nótese que muchas de estas recomendaciones son atribuciones de nuestra Contraloría presentes en la Constitución y la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales.
En conclusión, nuevamente el Órgano Legislativo tiene en sus manos elegir a una persona con las necesarias condiciones, méritos y competencias para desempeñar tan importantes funciones, no solo técnicas de fiscalización sino con una importancia vital para los derechos humanos de la población en su conjunto, la lucha contra la corrupción, el Estado de Derecho y finalmente la democracia. Esperemos que no ocurra lo mismo que con la elección del titular de la Defensoría del Pueblo y la bancada mayoritaria no vuelva a cometer los mismos errores.
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