Toda la institucionalidad de las universidades públicas está siendo cuestionada debido a los excesos en el ejercicio del poder que deriva en el descalabro económico de los impuestos de todos los bolivianos. En las últimas semanas ha cobrado resonancia en la opinión pública boliviana la detención de Max Mendoza, que fungía como secretario ejecutivo del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) ante la denuncia de que su designación fue ilegal al no ser docente ni poseer título profesional y cobrar cerca de Bs. 22.000 mensuales.
Para Mayorga (2011), la institucionalidad se refiere a una cualidad de las organizaciones e instituciones generalmente atribuida al Estado y sus ramas o dependencias de acuerdo a la calidad de su desempeño y su apego a la racionalidad formal, a la ley.
En ese sentido, la Universidad Pública Boliviana es un sistema de educación superior constituido por 12 Universidades Públicas Autónomas e iguales en jerarquía. La más antigua es la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca (1624), le sigue la Universidad Mayor de Andrés (1830) y la más joven es la Universidad Pública de El Alto (2000). La base de su organización democrática descansa en la decisión soberana de docentes y estudiantes de la Universidad Pública Boliviana, expresada mediante el voto universal y la representación paritaria (Art. 2 Estatuto Orgánico de la Universidad Boliviana).
El Art.4 (misión) del Estatuto Orgánico de la Universidad Boliviana expresa:
La Universidad Boliviana desarrolla sus actividades de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo Universitario, cuya misión es formar profesionales idóneos de reconocida calidad humana y excelencia científica, con conciencia crítica y capacidad de crear, adaptar y enriquecer la ciencia y tecnología universal para el desarrollo sostenible, impulsando el progreso y la integración nacional, la interacción social; promover la investigación científica y los estudios humanísticos, recuperando los saberes ancestrales; participar en los procesos sociales defendiendo los recursos y los derechos humanos; difundir y acrecentar el patrimonio cultural, así como contribuir a la defensa de la soberanía del país y el compromiso con la liberación nacional y social.
Seguramente esos postulados están siendo analizados esta semana durante el XIII congreso de universidades en Potosí, instancia reinstalada el pasado lunes 23 de mayo con la acreditación de 156 representantes. Ante la ausencia de Mendoza en la Confederación Universitaria Boliviana (CUB), los dirigentes de siete federaciones universitarias locales eligieron a otro reemplazante.
El rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Oscar Heredia, anunció que el sistema universitario público se sumará a la denuncia penal contra Max Mendoza y pidió a la Contraloría General del Estado activar una auditoría a la gestión de Mendoza, Juan Bohórquez y Rodrigo Rodríguez como presídium del congreso de universidades el 2018 que fue suspendido por la muerte de un universitario de la UPEA en medio de una protesta en la ciudad de El Alto. Bohórquez fue rector de la Universidad Autónoma Tomás Frías y presidente del congreso; en tanto, Rodríguez es máxima autoridad de la Confederación Universitaria de Docentes; ambos favorecieron a Mendoza para que sea designado secretario ejecutivo de la CEUB, a pesar de no cumplir con los requisitos necesarios, situación a la que se sumó un mandato interino que se extendió por cuatro años (ANF, 24/05/022).
En ese contexto, las instancias correspondientes del Ministerio Público ya han tomado cartas en el asunto y se ha instruido las investigaciones necesarias. El dirigente universitario fue aprehendido el sábado en Cochabamba acusado de los delitos de usurpación de funciones y conducta antieconómica. El juez Segundo de Instrucción en lo Penal, Javier Vargas, determinó la detención preventiva en el penal de San Pedro de La Paz para el dirigente universitario Max Mendoza, por el lapso de seis meses mientras duran las investigaciones. La pena máxima por los delitos por los que fue imputado son ocho años de prisión (Página Siete, 22/05/2022).
Como parte de las primeras resoluciones del XIII congreso de universidades, los representantes de las 12 universidades del sistema público decidieron sumarse a la denuncia contra las tres personas acusadas, pero también han manifestado su prioridad de defender la autonomía universitaria en el seno de la cual reside su institucionalidad conforme al Art. 92 de la Constitución Política del Estado. El citado artículo garantiza la libre administración de sus recursos, el nombramiento de sus autoridades, personal docente y administrativo, la elaboración y aprobación de sus estatutos, planes de estudio y presupuestos anuales por cada universidad en función de los principios, fines y objetivos de la Universidad Boliviana a la cabeza del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana.
Por otro lado, para evaluar el rol de la universidad pública también es necesario recuperar algunos datos vinculados a la calidad de la educación superior. Para el 2017 en Bolivia de las 1.661 carreras que se ofertan en las 55 universidades avaladas por el Ministerio de Educación, solo 48 carreras accedieron al sistema de acreditación para el reconocimiento regional de la calidad académica en el Mercosur (El Deber en Paredes, 2021). Adicionalmente, la Red para América Latina y el Caribe (REDALyC, 2020) registraba diez revistas académicas en Bolivia, tres son revistas que pertenecen a universidades públicas; cuatro son revistas de la Universidad Católica “San Pablo” y tres de organizaciones no gubernamentales.
Como parte de esta compleja temática, Paredes (2021) también menciona que el crecimiento poblacional de los estudiantes en las universidades públicas es del 89,08%, un estimado de 485.625 estudiantes para el 2018, cifra que implica múltiples desafíos; desde más recursos económicos, infraestructura, mejor calidad y cantidad del cuerpo docente, personal logístico entre otras necesidades para garantizar la eficiencia en el servicio educativo que brindan las universidades públicas.
A estos datos sería necesario sumar auditorías internas sobre la calidad educativa de la educación superior que tomen como parámetro los índices de titulación, las formas de titulación, la calidad docente, la actualización de las mallas curriculares, el nivel académico de los trabajos de titulación y el impulso a la investigación y los distintos proyectos de interacción social que las universidades públicas ejecutan; todos esos componentes también forman parte de los principios en los que se basa la educación superior.
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