El mes de febrero inició con la noticia de los avatares del gobernador de La Paz, Santos Quispe, quien fue sorprendido presuntamente en estado de ebriedad y consumiendo bebidas alcohólicas en su despacho junto a otras nueve personas. Haya o no estado él en la farra (como alega su defensa), existe una deplorable conducta puesto que si las otras personas usan las instalaciones de la Gobernación como bar, encontrándose la autoridad presente, de la misma manera acarrea responsabilidad funcionaria y ética.
Sin embargo, esta actitud de la primera autoridad del departamento de La Paz si bien es criticable y sancionable, no debería ser sorprendente. Simplemente es una muestra de la actitud de muchas y muchos servidores públicos de todos los niveles del Estado Plurinacional. ¿Acaso no se ha visto a ministros, viceministros, gobernadores, alcaldes y hasta a las primeras autoridades del país, abusando de su poder y posición para mandar al basurero toda la normativa de responsabilidad por la función pública, haciendo uso de los bienes del Estado y recibiendo beneficios en razón de su cargo, haciendo proselitismo en sus horas de trabajo y un largo etcétera de conductas que se encuentran en la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, sin que nadie les haya tocado un cabello, casi como si fueran señores feudales haciendo y deshaciendo en sus respectivos feudos, tal como se observa en el ahora gobernador?
Para nadie que haya trabajado en la función pública es de extrañar que existen en las diferentes entidades del Estado reyezuelos grandes y chiquitos, los primeros son los que tienen poder y decisión, mientras los segundos se encuentran en los niveles inferiores de la administración, como por ejemplo directores/as o jefes administrativos o directores/as o jefes de Recursos Humanos o, por último, cualquiera del cual dependan otras personas y que no tenga principalmente la formación humana necesaria, motivo por el que se creerá con el poder suficiente para abusar del mismo y nuevamente inobservar de manera voluntaria y consciente la normativa de responsabilidad funcionaria.
La mayoría de servidores y servidoras públicas del país debe entender que en el Estado de Derecho Constitucional el desempeño de toda función pública conlleva la consiguiente responsabilidad, la misma que es propia del sistema democrático-representativo de gobierno en virtud de que siendo el pueblo titular de la soberanía, delega su ejercicio a los órganos del poder público como señala el artículo 7 de la Constitución.
Como señalaba el profesor Pablo Dermisaki: “La responsabilidad es un concepto legal y moral. Es una obligación inseparable del ejercicio de toda función pública y privada (…) en la Constitución Política del Estado, la responsabilidad de los servidores públicos emerge de sus deberes y obligaciones, entre los que sobresalen los derivados de los principios de legitimidad, legalidad, compromiso e interés social, ética, honestidad (art. 232), rendición de cuentas, protección de los bienes del Estado (art. 235)”,
Es innegable que la función pública o también llamada servicio civil es un rasgo esencial del llamado componente republicano de la democracia, asociado a la idea de que el ejercicio de cargos públicos debe ser una actividad íntegra que requiere sujeción a la ley y defensa del interés público, sacrificando el interés privado.
Las y los servidores públicos son percibidos como portadores de una vocación de servicio, que se concreta en elevados estándares de comportamiento tanto público como privado, alcanzados a través de un riguroso sistema de selección y carrera.
Desde esa perspectiva, la función pública profesional con una sólida posición institucional y sentido del deber es una de las condiciones para la vigencia efectiva de la democracia.
Se hace evidente que las debilidades de la democracia en los países como Bolivia tienen mucha relación con la inexistencia o imperfección de su sistema de servicio público en todos los niveles del Estado, donde se pone mayor incidencia en las prebendas, amistades, compromisos políticos y otros en lugar de la elección adecuada de servidores públicos idóneos y fundamentalmente éticos con sentido social y de servicio.
Del mismo modo, la profesionalidad del servicio público por varios estudios realizados se establece como una variable crítica que explica la reducción de la corrupción: donde las reglas de juego separan la burocracia de la élite política y le confieren un poder que le permite neutralidad, la corrupción declina. En suma, aunque el servicio público no sea suficiente para garantizar el Estado de Derecho, su inexistencia por sí sola puede ser suficiente para perjudicar de manera grave la gobernabilidad democrática, como vemos en muchos ejemplos en varias reparticiones del Estado Plurinacional.
Sobre lo anterior, el profesor Adolfo Lugo indicaba claramente: “…los bienes comunes de la sociedad deben ser administrados por personas con sólida formación ética individual y con una idea definida de compromiso social (…) Los servidores públicos que se comportan indebidamente se traicionan a sí mismos y traicionan a la ciudadanía que les ha otorgado su confianza. Tanto más condenable y dañina será una conducta, cuanto mayores sean la autoridad o el poder de quienes incurran en ella. No solo por la gravedad de la falta, por la magnitud de los daños causados, y por la mayor responsabilidad de quien la comete, sino porque el daño y el mal ejemplo suelen extenderse e implicar a otros servidores públicos”
Es evidente que la clave se encuentra en los valores éticos de quienes administran la cosa pública y que es algo en lo que de manera criticable las y los bolivianos fallamos y dejamos pasar sin la importancia debida o, lo que es peor, de manera totalmente consciente. Acaso no se ha escuchado en varias oportunidades ese dicho de “roba, pero hace” o sobre una conducta negativa de una y un funcionario público: “¿Qué siempre ha sido pues, acaso ha matado?” o la famosa oración “fueron errores y no delitos” y otras conductas mucho más graves en las que sus autores se estornudaron en la normativa funcionaria e incluso penal del país.
Definitivamente la administración pública y sus operadores solamente son un reflejo del país y su sociedad, y sin un golpe de timón y la voluntad política necesaria seguiremos teniendo muchos hechos iguales o peores de los vistos en este inicio de febrero con la autoridad paceña.
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