El señor Presidente del Estado Plurinacional rindió un Informe de un difícil y escabroso primer año de gestión, en el que nuevamente se centró en la confrontación con los sectores opositores.
Durante su larga alocución subrayó algunos logros y avances menores. Y aunque al parecer el tema de las políticas de salud emprendidas contra la pandemia parecen tener resultados expectables, se sigue observando la baja cantidad de población vacunada con la segunda dosis. El informe más reciente señala que, hasta el momento, 3.681.765 personas han recibido la primera, y solamente 2.972.291 la segunda, lo que es preocupante tomando en cuenta que estamos ingresando en la cuarta ola en Bolivia. También es angustiante el futuro económico poco halagüeño y el discurso presidencial no pareció mostrar una exposición clara de soluciones realmente efectivas al respecto.
Uno de los elementos del informe de su Excelencia, que igual debería llamar a la reflexión general, está referido nuevamente a la situación de la justicia en nuestro país, puesto que el señor Arce expresó que se ha planificado para el 2022 una Cumbre de Justicia, lo que necesariamente llama a preguntarse si se olvidó de que, a mediados del año 2016, se realizó en la ciudad de Sucre una Cumbre Nacional de Justicia Plural-Para Vivir Bien.
De esa cita en la gestión de Evo Morales y a la que le faltó participación mucho más plural se puede rescatar una serie de conclusiones emitidas por las y los participantes en seis mesas, entre las que se pueden rescatar como más relevantes el mantenimiento de la elección popular de los más altos cargos del sistema ordinario, ambiental y constitucional, que “es asumido por una mayoría del pueblo boliviano como una conquista social, el voto popular garantiza la independencia del Órgano Judicial, cuya preselección debe de ser mejorada por la Asamblea Legislativa Plurinacional” (conclusión Mesa 1). Este aspecto, por cierto, no fue escuchado por los asambleístas anteriores y los resultados son por todas y todos por demás conocidos.
La Mesa 2 sobre acceso a la justicia plural concluía en la necesidad de refundar el sistema de justicia, “a partir de la descolonización, la despatriarcalización, la interculturalidad y la complementariedad, a fin de lograr un cambio de cultura con base en principios de justicia y valores plurales e inclusivos ya señalados en la CPE, reconociendo la supremacía del bienestar común sobre el individual, protegiendo al ser humano por encima del bien material y cuidando la promoción del desarrollo económico equitativo comunitario”, agregando la necesidad de modificar varias normas como la Ley del Órgano Judicial, la Ley de Deslinde Jurisdiccional y fortalecer a la Jurisdicción Indígena Originario Campesina. Además, esa Mesa agregaba la necesidad de desconcentrar los servicios de justicia, aspecto muy importante considerando que solamente 48 por ciento de los municipios de Bolivia cuentan con presencia de una autoridad jurisdiccional ordinaria.
Otro elemento recomendado por la Cumbre de Justicia de 2016 fue la necesidad de fortalecer la conciliación y los medios alternativos de resolución de conflictos, tomando como ejemplo el servicio que se realiza en la Justicia indígena mediante la implementación de centros de conciliación vecinal, en el marco de lo señalado en la Constitución Política del Estado y la desjudicialización de conflictos por derechos laborales y sociales, afín de dotar de coercitividad a las resoluciones de conciliación emitidas por el Ministerio de Trabajo, propuesta realmente relevante dado nuestro carácter de sociedad pleitista y conflictiva.
La Mesa 3 recomendó luchar contra la retardación de justicia, mediante la “modernización gradual del sistema de justicia, a través de la implementación de nuevos modelos de funcionamiento por resultados judicial, fiscal y de defensa pública (…) Los nuevos modelos de gestión deben ser dinámicos, que promuevan la horizontalidad, capaces de adaptarse a las necesidades y de evolucionar cualitativamente”. Agregó la necesidad de que los procesos sean efectivamente orales, con el uso de nuevas tecnologías de la información y la comunicación, entre otras.
La Mesa 3 tocó uno de los aspectos más importantes como es el presupuesto necesario para el sistema de justicia: “Mejorar las condiciones materiales y presupuestarias del Órgano Judicial, Ministerio Público, Régimen Penitenciario, Defensa Pública y otros servicios, condicionado a un estudio previo de necesidades a nivel nacional y por regiones en el sistema de justicia para dar celeridad a los procesos judiciales, mejorar la calidad de atención que brinda a la ciudadanía, ampliando la cobertura de servicio conforme a las necesidades de las regiones, mejorando los recursos humanos, tecnología e infraestructura”. A pesar de esta recomendación, por investigaciones de la sociedad civil se sabe que Bolivia cuenta con uno de los presupuestos para justicia más bajos de la región, con solo el 0,46 por ciento del Presupuesto General del Estado, y que desde hace tiempo continúa bajando, requiriéndose por lo menos entre el 3 y 4 por ciento para lograr una reforma judicial y fundamentalmente garantizar la independencia institucional del sistema de justicia, aspecto que parecería no les interesa a quienes detentan el poder en nuestro país.
En cuanto al tema de corrupción asumido por la Mesa 4, se concluía en la necesidad de fortalecer el control social, los mecanismos de transparencia y el acceso a la información, aspectos todavía alejados de las diferentes entidades que son parte del sistema de justicia.
La Mesa 5 tocó uno de los temas más delicados como es el sistema penal y la necesaria política criminal que debería ser “preventiva, generacional descolonizada, despatriarcalizada, democrática, plural, intercultural, planificada, concertada, integral, basada en la gestión pacífica de la conflictividad con enfoque de derechos humanos y acorde a la realidad social”. Cuán importante hubiera sido que esta recomendación se hubiese tomado en cuenta inmediatamente, para bajar los niveles de hacinamiento que, de acuerdo al Informe de Estado de la Justicia 2020 emitido por la Fundación Construir, es del 261 por ciento, con la proporción de detenidos preventivos de 6 por cada 10 internos/as en los 46 recintos carcelarios de nuestro país, donde más de 17 mil internos/as tienen que hacerse espacio en una capacidad instalada de poco más de 6 mil plazas.
Y por último, la Mesa 6 sobre Formación, Ingreso, Capacitación y Régimen Disciplinario de Servidores Judiciales y Profesionales Abogados desarrolló una serie de conclusiones indiscutiblemente necesarias para poner en relieve la meritocracia e idoneidad necesaria de los operadores de justicia, fiscales y demás personal al momento de ingresar a la carrera. No olvides que más del 60 por ciento de jueces ordinarios son interinos, lo que afecta su independencia funcional y toma de sus decisiones. Ejemplos de la intromisión por parte de diversos actores económicos, sectoriales y políticos los tenemos cada día.
Es realmente importante que el Ministro de Justicia y Transparencia Institucional no haga caer en error al señor Presidente de Estado, y le recuerde las conclusiones de la cumbre de 2016 y la obligatoriedad de implementación de estas determinaciones en la Ley 898 del 26 de enero de 2017. Además, esta ley crea la Comisión de Seguimiento de las Conclusiones de la Cumbre de Justicia, cuya labor es poco conocida y todavía está pendiente, antes de sugerir una nueva cumbre que seguramente identificará las mismas problemáticas ya conocidas y que están bastante bien descritas también en una publicación del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, en la gestión de Héctor Arce: “Reflexiones sobre la Reforma a la Justicia” y muchas otras investigaciones realizadas por la sociedad civil como la “Agenda Ciudadana de Reforma a la Justicia” y los Informes de Estado de la Justicia, que desde el 2018 se publican y difunden por la Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos.
Los diagnósticos están a la mano como también las sugerencias, recomendaciones y conclusiones de la sociedad boliviana realizadas en la Cumbre Nacional de Justicia Plural de 2016 y la Cumbre Nacional de Justicia Indígena Originario Campesina de 2018. Ahora solamente se requiere voluntad política para su ejecución y puesta en práctica. La sociedad boliviana guarda todavía la esperanza de que el milagro ocurra.
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