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Por: J. Marcelo Arroyo Jimenez, economista senior PNUD-Bolivia:

Empezando el tercer decenio del siglo XXI, Bolivia se encuentra en pleno proceso de reflexión y debate para la reconstrucción económica luego de la crisis por Covid-19, y todos los esfuerzos y acciones de política pública en el país convergen en dirección al Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2021-2025. En este sentido, los departamentos, regiones y municipios del país tienen puesta la mirada en la reconducción de sus estrategias para el próximo quinquenio, las cuales no solo deberán estar alineadas y contribuir a los pilares del nuevo PDES, sino que deberán además centrarse en acciones focalizadas a la resiliencia sanitaria, la reactivación de la economía, la generación de oportunidades de empleo y la reducción de la desigualdad social en sus territorios.

Aproximación histórica a la planificación en Bolivia

Los procesos de planificación en Bolivia se remontan a 1942, año en el que fue aprobado el Plan Bohan en el gobierno del presidente Enrique Peñaranda. Luego siguieron una larga lista de planes y estrategias que marcaron un orden al desarrollo económico del país, en cuyo contenido fueron plasmadas ofertas programáticas, de transformación y soluciones a problemas estructurales en distintos momentos de su historia, como por ejemplo la recuperación de la democracia (década del 80), la participación popular, el Diálogo Nacional y la lucha contra la pobreza (década del 90), la transición democrática, el nuevo marco constitucional y el “Vivir Bien” expresados el 2015 en la Agenda Patriótica 2025 y en el Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020 (GIZ, 2009).

Consolidación de la planificación subnacional

El Sistema Nacional de Planificación[1] (SISPLAN), posteriormente sustituido por el Sistema de Planificación Integral del Estado[2] (SPIE), cada uno, en un momento y contexto específico, surgen como respuesta a la necesidad de articular los planes de desarrollo en sus diferentes niveles: nacional, sectorial, departamental, municipal e institucional en el corto, mediano y largo plazo. Ambos incorporan procesos participativos para identificar demandas, la definición de prioridades y la formulación de estrategias que reconocen la importancia subnacional.

El SISPLAN revirtió una tendencia caracterizada por la definición de los proyectos y la inversión pública en el país con base en criterios de prioridad política, logrando establecer un marco para la asignación de recursos e inversión más eficiente. El SPIE incorpora el enfoque de los sistemas de vida, la gestión de riesgos y el respeto por las funciones ambientales para consolidar en los procesos de planificación integral en las Entidades Territoriales Autónomas (ETA).

Desafíos y oportunidades para el próximo quinquenio

Tras cinco años del primer ciclo de planificación SPIE, la primera generación de planes territoriales departamentales, municipales y regionales con diferentes niveles de ejecución, existen desafíos y oportunidades para las Entidades Territoriales Autónomas (ETA):

  • Se tiene el desafío de incorporar el enfoque vinculado al tema urbano, la jerarquización de las aglomeraciones urbanas y las regiones metropolitanas en el nuevo ciclo del SPIE. Las áreas urbanas presentan características, necesidades y desafíos estructurales, tales como la movilidad y transporte, gestión de residuos sólidos, resiliencia sanitaria o la gestión del recurso hídrico. Bolivia hoy se encuentra en un proceso importante de urbanización, 80 por ciento de la población boliviana vivirá en áreas urbanas en 2050, lo que significa una oportunidad para la construcción de instrumentos de planificación específicos para el ámbito urbano, acordes a su naturaleza, su vocación territorial y su realidad.
  • Además, el desafío de fortalecer la coordinación, entre el nivel central del estado y las ETA, se reedita en este ciclo de planificación. Es fundamental consolidar espacios que promuevan la participación de diversos actores territoriales-sectoriales en la formulación de los Planes Territoriales de Desarrollo Integral (PTDI), que den lugar a la construcción de agendas de “arriba hacia abajo”, pero recuperando las aspiraciones de los actores locales de “abajo hacia arriba”.
  • Es importante articular la planificación subnacional con las agendas globales. Los desafíos del desarrollo sostenible que se plantean en la Agenda 2030, los ODS o en la Nueva Agenda Urbana tienen mucha incidencia en el ámbito subnacional. El 65 por ciento de la matriz competencial establecida en la Ley Marco de Autonomías y Descentralización que están asignadas a las ETA y cerca del 80 por ciento de estas competencias tienen relación con las metas de los ODS[3] y brindan una gran oportunidad en este sentido. Algunas buenas prácticas de esta localización fueron la promoción de una metodología de territorialización de los ODS, apoyada por el PNUD Bolivia y la experimentación de soluciones para contribuir a logro de los ODS desarrolladas por el Laboratorio de Aceleración con interesantes resultados y experiencias en La Paz, El Alto, Tarija y Sucre.
  • Otro desafío relevante se centra en fortalecer los procesos de participación social para redefinir los acuerdos de gobernanza entre ciudadanos, ciudadanas, autoridades locales, y así consolidar procesos permanentes de fortalecimiento de la cohesión social. Existen contribuciones y experiencias exitosas que han incorporado los procesos participativos en la planificación; sin embargo, es indispensable generar nuevos espacios y la mejora continua de estos procesos para en el siguiente ciclo de planificación subnacional 2021-2025.

Estos y otros desafíos estructurales, como los efectos de la pandemia de la Covid-19 y el cambio climático, deben ser parte de las estrategias integradoras que den respuesta a las aspiraciones de las y los bolivianos, expresadas a través de la nueva generación de los planes territoriales, asumiendo el compromiso de no dejar a nadie y a ningún territorio atrás, construyendo una nueva visión de desarrollo para el país, a la cual el PNUD se adscribe en total apoyo y compromiso.


[1] Normas Básicas del Sistema Nacional de Planificación, Resolución Ministerial N° 216779 del 21 de julio de 1996.

[2] Sistema de Planificación Integral del Estado, Ley N° 777 del 21 de enero de 2016.

[3] Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”. Ley N° 031 de 19 de julio de 2010.

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