Una hoja de ruta para la reconciliación

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) presentó su informe final, con el objetivo de contribuir a esclarecer los hechos de violencia y graves violaciones a los derechos humanos ocurridos en Bolivia entre septiembre y diciembre de 2019, que dejaron un saldo aproximado de 800 heridos y 37 personas perdieron la vida en diversos lugares del país.

Si bien la mayor extensión del Informe se refiere a las investigaciones de estos hechos, identifica las causas, formas y víctimas de la violencia, y concentra sus preocupaciones en la necesidad de implementar un plan de atención y reparación integral para las víctimas, así como medidas concretas para enfrenar la impunidad de todos los responsables. Dicho Informe también pone los reflectores en los problemas estructurales, de larga data, que afectan al país y que permitieron que la violencia del 2019 escalara a tal punto que la institucionalidad democrática no la pudo contener, produciendo una amplia gama de graves violaciones a los derechos humanos. El GIEI también es claro en apuntar a discursos antagónicos y decisiones políticas que atizaron la polarización y el enfrentamiento social.

El informe identifica los principales factores estructurales que afectan la protección de derechos humanos y la estabilidad democrática en el país. El GIEI-Bolivia examina aspectos críticos del funcionamiento de la justicia boliviana. En particular, se aborda: (1) la falta de independencia de la administración de justicia, (2) la ausencia de garantías del debido proceso y debida diligencia en materia penal mediante la instrumentalización del sistema de justicia para la persecución política, (3) el uso abusivo de la prisión preventiva, y (4) los obstáculos al derecho al acceso a la verdad y la justicia.

Frente a estos problemas, el GIEI advierte que el Estado requiere implementar reformas profundas en su sistema de justicia, a fin de garantizar que la judicatura y el Ministerio Público no sean utilizados para fines políticos por el gobierno de turno, se respeten las garantías al debido proceso, y se utilice la detención preventiva de manera excepcional, como último recurso, en los procesos penales, prácticas que persisten en la actualidad.

El informe revela las principales debilidades existentes frente a la injerencia política en la justicia. Una de ellas es que la mayoría de los jueces y fiscales ocupan cargos con carácter transitorio, sumado a la falta de independencia de las entidades encargadas de los nombramientos; además del bajo presupuesto para el sistema de justicia, lo que afecta su efectividad y cobertura. El GIEI es específico en la necesidad de garantizar la independencia de la carrera judicial, debiendo los jueces y juezas “ser seleccionadas/os mediante convocatorias públicas y procesos transparentes, de acuerdo con criterios objetivos de mérito y de manera absolutamente independiente de motivaciones político-partidarias”.

Las conclusiones y recomendaciones de este informe, tanto para el Estado como para la sociedad civil, marcan una hoja de ruta para el proceso de reencuentro democrático en Bolivia, cuyo potencial reconciliador será más amplio en la medida que sea resultado de un proceso incluyente de seguimiento, discusión y deliberación pública.

De manera particular el GIEI formula algunas recomendaciones dirigidas a toda la sociedad boliviana, constituyendo una agenda de trabajo, en la que desde todos los sectores deberían concentrar sus esfuerzos y compromiso, a fin de avanzar en la recuperación de la institucionalidad democrática en el país.

Esta agenda se podría asentar en el avance y cumplimiento de 10 recomendaciones del Informe del GIEI, donde la sociedad civil organizada podría tener un rol propositivo:

1. Coadyuvar al desarrollo de un plan de atención y reparación integral a las víctimas, así como a la implementación de un “censo” de víctimas, plural y transparente, conforme al principio de universalidad.
2. Crear y articular un sistema nacional para brindar apoyo y asistencia jurídica, administrativa y psicológica a defensores de los derechos humanos, operadores de justicia y periodistas, cuyos derechos están en riesgo de ser vulnerados.
3. Apoyar y acompañar iniciativas de reencuentro, reconciliación y memoria sin imponer versiones únicas sobre los hechos; además de generar múltiples espacios de diálogo que animen un sentido común en la diversidad cultural, étnica, social y regional, integrando la perspectiva de equidad de género y la inclusión urbano-rural.
4. Desarrollar experiencias educativas que refuercen las capacidades de las y los bolivianos para reconocerse como parte de una sociedad democrática, diversa y plural, alentando el respeto al otro, la tolerancia, el diálogo, y la cultura de paz.
5. Convocar a un encuentro nacional sobre el racismo y la discriminación, con el fin de promover el respeto a la diversidad, la interculturalidad y la convivencia pluralista. En ese marco, se debe abogar por la pronta ratificación de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia, con el fin de implementar sus mecanismos de protección y seguimiento.
6. Crear sistemas de alerta temprana para prevenir, monitorear, atender y resolver conflictos desde una perspectiva de observancia de los derechos humanos; en particular, en el contexto de manifestaciones ciudadanas y protestas sociales establecer una metodología de observación del uso desproporcionado de la fuerza y las prácticas de tortura en la actuación de las instituciones del orden público, así como de las prácticas de detención arbitraria y uso ilegal de la prisión preventiva en el sistema de justicia.
7. Propiciar el empoderamiento de la sociedad civil y de sus organizaciones independientes para que contribuyan a los cambios sociales, así como garantías efectivas para el ejercicio de las libertades de expresión, asociación y reunión pacífica.
8. Promover el estudio de propuestas y debate público para la reforma de la justicia, en la búsqueda de soluciones concertadas para superar los problemas resultantes del déficit de autonomía del Poder Judicial y de la Fiscalía, así como del Órgano Electoral y la Defensoría del Pueblo en Bolivia.
9. Implementar acciones de incidencia pública y veeduría ciudadana a los procesos de selección y renovación de jueces y fiscales, mediante convocatorias públicas y procesos transparentes, abiertos al escrutinio público y la participación ciudadana, de acuerdo con criterios objetivos de mérito, integridad personal e idoneidad profesional, con el fin de afirmar su independencia y autonomía.
10. Establecer un mecanismo nacional independiente de seguimiento de las recomendaciones del Informe del GIEI, que contribuya al Estado y a la CIDH, mediante reportes especiales, a verificar los avances y desafíos pendientes.

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[1] Abogado y Oficial de Programa Senior de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF). Las opiniones del autor son de índole personal y no comprometen a las instituciones a las que pertenece.