La violencia sexual en los conflictos sociales ha sido un fenómeno invisibilizado e ignorado a lo largo de la historia. Por ello es encomiable que el informe del Grupo de Investigación de Expertos Independientes (GIEI Bolivia), presentado el pasado 17 de agosto de 2021, incluya y reporte hechos de violencia sexual y de género en los capítulos 3 y 4, además de la violencia reproductiva, insultos sexistas y amenazas contra personas detenidas, advirtiendo que “estos son los casos que el GIEI pudo documentar, lo que no significa que no existan otros casos similares”. Sin duda, el Grupo de Expertos es consciente de que en este tipo de situaciones pueden existir muchos más casos que no son denunciados por temor al estigma, la vergüenza y la venganza y/o a las represalias.
Antes de profundizar en este hecho crítico cabe destacar el despliegue y la ecuanimidad logrados en este informe, fruto del trabajo de un equipo de investigadores que comenzó a trabajar a partir de un acuerdo entre la CIDH y el Gobierno de Bolivia. Considero que como ciudadanas y ciudadanos tenemos la responsabilidad de conocer y comprender los dolorosos hechos suscitados entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019. Es vital, para nuestro proceso de sanación colectiva, revisar cada una de las 471 páginas de un informe serio, transparente e integral.
No sólo es un informe amplio, leerlo toma su tiempo, pero también requiere de valor, pues los resultados de las investigaciones de las y los expertos son profundamente dolorosos. Al revisar especialmente la temática que hoy presento, no pude contener las lágrimas y menos dejar de sentir una profunda tristeza por las acciones y las omisiones, cometidas por las autoridades de turno, pero también por la ciudadanía.
Al punto... La violencia sexual y/o de género relacionada con los conflictos hace referencia a consecuencias corrosivas para la cohesión social y es valorada, por más de 11 resoluciones de las Naciones Unidas, como una forma específica de tortura, una grave violación a los derechos humanos, una afrenta al derecho internacional humanitario e incluso se considera como crímenes de lesa humanidad. Tanto así que la Asamblea General de la ONU proclamó al 19 de junio, en su resolución A/RES/69/293, como el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos, con el objetivo de concienciar sobre la necesidad de ponerle fin a la violencia sexual y honrar a las víctimas y las personas que lograron sobrevivir. El Consejo de las Naciones Unidas ha aprobado una serie de resoluciones relativas a las mujeres, la paz y la seguridad que, en conjunto, conforman el marco institucional para el mandato en esta materia (por lo menos 11 resoluciones y cinco informes).
Esta resolución claramente observa que las mujeres y las niñas son especialmente objeto de actos de violencia sexual cometidos, entre otros, “por grupos terroristas y extremistas, incluso como táctica de guerra destinada a humillar, dominar, atemorizar…”, reconociendo también que los hombres y los niños varones son víctimas de la violencia sexual en los conflictos.
El documento del Grupo de Expertos detalla que los perpetradores no sólo fueron hombres (la mayoría policías o civiles como miembros de la Resistencia Juvenil Cochala o grupos en Vila Vila), sino también mujeres, quienes ejercieron violencias simbólicas en especial en Vinto, Sacaba, Cochabamba y El Alto.
La Escuela de Cultura de Paz de la Universidad de Barcelona destaca que “estos incidentes o pautas de comportamiento se producen en situaciones de conflicto o posteriores a los conflictos, o en otras situaciones motivo de preocupación (por ejemplo, durante un enfrentamiento político)”, por tanto guardan una relación directa o indirecta con el enfrentamiento político, es decir, una relación causal/estructural (porque reproducen taras como el machismo y el patriarcado), temporal (porque se dan en un tiempo determinado) y/o geográfica (porque se presentan en un espacio territorial definido).
Esta reflexión se sustenta en la Recomendación General Nº 30 de la CEDAW sobre las mujeres en la prevención de conflictos y en situaciones de conflicto y posteriores a conflictos, en su artículo 34 señala: “Los conflictos agravan las desigualdades existentes entre los géneros y el riesgo de las mujeres de ser víctimas de distintas formas de violencia por razón de género por parte de agentes estatales y no estatales” Y advierte con claridad que la violencia relacionada con los conflictos se produce en cualquier lugar “..en los centros de detención (como ocurrió en Sacaba, Cochabamba y El Alto); se produce en cualquier momento, por ejemplo cuando una mujer fueron a averiguar por un hermano detenido y ella quedó también retenida y sujeto de agresiones por parte de la policía. Este análisis también incluye la perspectiva interseccional respecto de las mujeres rurales, que están expuestas a un riesgo mayor, debido a la persistencia de roles subordinados muy presentes en las comunidades y que son sujeto de expresa discriminación en ciertos ámbitos urbanos.
En el momento de escalada del conflicto a un nivel crítico, en su pico más alto en noviembre de 2019, tiempo en el que la violencia ejercida desde el Estado y de grupos ciudadanos organizados llegó a su clímax, la violencia patriarcal y machista se presentó en sus expresiones más viles y los testimonios de las víctimas así lo demuestran: el cuerpo de las víctimas se constituye también en un escenario de los conflictos, convirtiéndose así la violencia sexual en el arma del crimen de lesa humanidad. Hechos como la violación a la que fue expuesta una joven embarazada en la EPI3 en la ciudad de El Alto, o la degradación y toques impúdicos teniendo enjauladas a mujeres en Sacaba, o las humillaciones y golpes sufridos en Vila Vila son algunos de los hechos de ese noviembre de 2019.
En esa medida requerimos condenar en los términos más enérgicos toda violencia de género y/o sexual; priorizar la investigación de hechos de violencia sexual y en razón de género, fortaleciendo los esfuerzos para poner fin a la impunidad de los autores de esos delitos, obligándolos a rendir cuentas ante los sistemas nacionales de justicia o, cuando proceda, la justicia internacional; proteger a las víctimas y entablar acciones judiciales contra los agresores, porque nos referimos no sólo a las víctimas, sino a quienes sobrevivieron y requieren una justicia oportuna y reparadora; sensibilizar y hacer un llamamiento a toda la sociedad para que rompa con una cultura de naturalización de la violencia, en especial aquella que se ejerce sobre el adversario, la negación que perpetúa la desigualdad de género y la violencia que la causa.
También se debe hacer un esfuerzo estatal por reconocer la importancia de que se proporcione asistencia oportuna a las y los supervivientes de la violencia de Estado resultado del informe del GIEI como también para quienes sufrieron violencia de género y sexual, y se aumente su acceso a la atención de la salud y otros servicios multisectoriales, y se promueva su rehabilitación y no estigmatización.
Una mirada a situaciones similares de experiencias internacionales permite ver que la violencia sexual en los conflictos armados tiene un efecto perjudicial sobre la participación de las mujeres en la solución de los conflictos (acción que la Resolución 1325 sobre Mujeres, paz y seguridad alienta) y en los procesos de transición, reconstrucción y consolidación de la paz posteriores a estos y, por ello, es importante reconocer que la adopción de medidas eficaces para prevenir los actos de violencia sexual y responder a ellos puede contribuir considerablemente al mantenimiento de la paz y la seguridad.
Por otro lado, se requiere un trabajo intenso y extensivo sobre las causas estructurales del patriarcado y del ejercicio de violencia desde el Estado, como otro epicentro del conflicto, centrando nuestra atención en los patrones relacionales inequitativos. Y como gobiernos y sociedad civil es importante desarrollar iniciativas que atenúen o limiten las consecuencias destructivas del conflicto, y que se orienten hacia su gestión, reencuentro/reconciliación y reconstrucción de nuestro malogrado tejido social boliviano.
El informe del GIEI Bolivia nos interpela por velar por los derechos humanos en todo tiempo y lugar, recuperar la memoria y luchar contra la impunidad, pero también insta a hacer el esfuerzo por generar un proceso de reencuentro sobre criterios objetivos, autónomos e independientes. En estos casos como Estado boliviano, como ciudadanas y ciudadanos, deberíamos proponernos con convicción la no repetición de este tipo de hechos y experiencia cruel, que expuso lo peor de la dimensión destructiva del conflicto social y en la que primó una ceguera moral, parafraseando a Zygmunt Bauman.
Que este informe sea un inicio auténtico para afianzar nuestra cohesión social, de solidaridad y compasión colectiva, y no un cierre, porque de lo contrario corremos el riesgo de reafirmar la naturalización de las violencias y perder la sensibilidad social por omisión o por acción vil, lo que hace imposible reconocernos y reencontrarnos. Que no nos pase como Mario Benedetti nos recordaba: "Yo tuve que morir un par de veces para aprender a valorar la vida, y cuando hablo de morir no hablo de dejar de existir. Hay situaciones que matan tu espíritu y mueres, aunque estés respirando”.
PD: A quienes me acompañaron en la lectura de esta columna no espero que me den la razón, sino más bien espero haberles provocado la duda para que vayan al informe, lean cada página y seguro ahí nos (re)encontraremos.
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