Contiocap plantea reactivar la economía con recursos del antiguo Fondo Indígena

Guardiana (Bolivia), foto Contiocap

Lunes 9 de agosto de 2021.- Las organizaciones aglutinadas en la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarias Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap) piden al Gobierno de Luis Arce que investigue y recupere los recursos económicos perdidos del Fondo Indígena, en la gestión de su correligionario y jefe político Evo Morales, y los destine a fomentar una economía plural para la producción sustentable y regenerativa desde las comunidades, de manera que la reactivación económica no dependa solo de las actividades extractivas como la minería, hidrocarburos, deforestación, el agronegocio o construcción de hidroeléctricas que dañan el medio ambiente.

A finales de junio de este 2021, el diario Página Siete recordó que el caso de desfalco en el Fondo Indígena salió a la luz en 2015. La Contraloría hizo conocer de  un daño económico al Estado calculado en 71 millones de bolivianos. Realizadas las investigaciones posteriores, las pérdidas ascendían a más de 170 millones de dólares y las acusaciones apuntaban a dirigentes de organizaciones sociales y la exministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo.

Esa es uno de los puntos del manifiesto que la Contiocap difundió este lunes en ocasión del Día Internacional de los Pueblos Indígenas.

El Fondo Indígena fue creado en 2005 para financiar proyectos de desarrollo en zonas rurales, pero fue cerrado por las autoridades tras revelarse el desfalco de recursos. Hoy, el Gobierno de Arce tiene en su estructura al Fondo de Desarrollo Indígena, bajo la tutela del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras.

GOBERNAR PARA TODAS Y TODOS

En otras de las demandas, se exige a las autoridades del Órgano Ejecutivo gobernar para todas y todos los bolivianos, indígenas y no indígenas, sin favorecer solo a sus sectores afines al Gobierno y a otros que ponen en riesgo a los pueblos, destruyen sus territorios y las áreas protegidas, y se pide a los organismos internacionales en materia de derechos humanos prestar atención a la política de imposición del extractivismo.

La Contiocap recuerda que han pasado 12 años, seis meses y dos días de la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado, en 2019, y asegura que todo lo que en este tiempo los pueblo indígenas, originarios y campesinos han recibido son sueños alimentados  por discursos de tres gobiernos (Evo Morales, Jeanine Áñez y Luis Arce) que hacen alusión al Estado Plurinacional, pero sus palabras solo encubren un carácter contrario a los indígenas, a sus territorios, a la naturaleza y las áreas protegidas.

El documento asegura que los territorios indígenas, áreas protegidas y recursos naturales se han convertido en moneda de cambio del clientelismo/prebendalismo de votos o apoyo político de esos gobiernos, que han creado una nueva clase privilegiada y de élite en Bolivia, que goza de la protección gubernamental para usurpar, avasallar, invadir, imponer, dominar; mientras los pueblos indígenas son ultrajados, abusados, avasallados, relegados, discriminados.

La Contiocap acusa al Movimiento al Socialismo (MAS) de haber sustituido a las organizaciones sociales tradicionales de los pueblos indígenas por organizaciones afines su ideología política.

Afirma que el partido gobernante, en complicidad con las tribunales electorales departamentales, en las elecciones de 2021 han usurpado las representaciones políticas correspondientes a los pueblos indígenas y por esa razón fueron elegidos candidatos afines al MAS.

ACCIONES CONTRA LOS PUEBLOS

Según la Contiocap, algunas de las acciones concretas de los gobiernos de los últimos 15 años que postergan a los pueblos indígenas en Bolivia son:

1. Anulación de los objetivos y funciones reales del Ministerio de Medio Ambiente en la primera gestión de gobierno de Evo Morales.
2. Negociado del texto original de la Constitución Política del Estado Plurinacional con poderes de la ultra derecha y complicidad de la izquierda progresista disfrazada de socialista.
3. Corrupción en el manejo del Fondo Indígena y la impunidad de los responsables.
4. Impulso al Plan IIRSA-COSIPLAN, que es la base de todos los mega proyectos como las hidroeléctricas, y del plan de colonización del TIPNIS entre otros, por el sector cocalero del Chapare, que amenazan con la destrucción total de territorios indígenas y áreas protegidas.
5. Modificación de los procedimientos del carácter previo de la Consulta Libre Previa e informada a los Pueblos Indígenas del TIPNIS, Ley 222.
6. Ley de Minería y Metalurgia, Ley No 535, total y absolutamente discriminadora de los pueblos indígenas, que otorga derechos a terceros externos para tomar posesión de áreas donde nosotros tenemos nuestros medios de vida.
7. Impulso a las exploraciones petroleras en áreas protegidas con subvenciones a las empresas transnacionales.
8. Modificación de las normas de consulta para el sector hidrocaburífero DS 2298, y atribuyéndose el Estado el derecho de decisión, en caso que los pueblos no dieran respuesta.
9. Cambio de uso de suelos en el Oriente (Santa Cruz) y Amazonia (Beni, Norte de La Paz y Pando).
10. Destrucción de la institucionalidad de las entidades públicas descentralizadas de control y fiscalización como el SERNAP, INRA, AJAM, ABT.
11. Leyes y normas menores para ampliar la deforestación y legalización de la quema de bosques que el 2019 incendió el bosque seco Chiquitano, y desde entonces continúan incendiando bosques para favorecer a grupos de interés políticos y de poder económicos, afectando territorios indígenas y áreas protegidas nacionales y sub-nacionales.
12. Autorización de monocultivos con más eventos transgénicos.
13. Todo lo anterior mencionado está amenazando la existencia de hermanos Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario y No Contactados.
14. Leyes que coartan la autodeterminación a través del ejercicio de nuestra Justicia Indígena Originaria, (Ley No 73) que como naciones originarias ancestralmente hemos tenido nuestros sistemas culturales, sociales, económicos, políticos, espirituales y de justicia.
15. Las autonomías de los pueblos indígenas no son autonomías porque las cartas orgánicas y estatutos deben estar alineadas a la ideología, planes y control del gobierno del MAS.
16. Ante la férrea defensa de nuestros derechos amparados por convenios internacionales como el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas, el Acuerdo de Escazú que tiene carácter vinculante; las y los defensores de derechos indígenas, derechos humanos y de la Madre Tierra, estamos siendo procesados y perseguidos como son los casos en el Chaco, en el Ayllu Cala Cala, en Roboré, etc.
17. Los ejecutores para-estatales de estos planes nefastos del gobierno que atentan contra nuestros pueblos indígenas y áreas protegidas que son también nuestros territorios son: el INRA, la ABT, la AJAM, el SERNAP, ENDE, YPFB, los TED, el Órgano Judicial, el SIN, etc.