Por Guardiana (Bolivia)
Jueves 19 de agosto de 2021.- Cuando usted camina por los mercados y calles de ciudades como La Paz, Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra, podrá ver a niñas, niños y adolescentes trabajando en diversas actividades como también ocurre en otras ciudades de Bolivia. Sin embargo, las defensorías de la Niñez y Adolescencia de las tres ciudades mencionadas han dado pocos permisos a las y los adolescentes mayores de 14 años para trabajar: en La Paz han otorgado desde 2019 unos 10 permisos; en Santa Cruz unos 30 y en Cochabamba no tienen la información actualizada a mano.
El Código Niña, Niño y Adolescente (Ley 548), del 17 de julio de 2014, determina en su artículo 188 que las defensorías deben “crear, implementar y actualizar el registro de las niñas, niños y adolescentes en actividad laboral o trabajo, y remitirlo al Ministerio de Trabajo”. Además de “proteger, defender y restablecer los derechos de la y el adolescente trabajador”, en coordinación con las jefaturas departamentales y regionales de trabajo.
Para tal efecto, el Ministerio de Trabajo generó en 2019 un formulario para que las defensorías pudieran autorizar el trabajo de las y los adolescentes a partir de los 14 años. En este no solo se debe especificar el tipo de trabajo, el rubro, sino que debe contar con la autorización de los padres o tutores y el compromiso del empleador de respetar las horas de estudio necesarias, además de dar sus datos como empresa (NIT y otros).
Además de dar la autorización de trabajo, las defensorías de la Niñez y Adolescencia también tienen entre sus atribuciones “apersonarse de oficio e intervenir en defensa de la niña, niño o adolescente ante las instancias administrativas o judiciales, por cualquier causa o motivo y en cualquier estado de la causa, sin necesidad de mandato expreso". Además de “interponer de oficio acciones de defensa y otras acciones legales y administrativas necesarias para la restitución de derechos de menores”.
Las defensorías de la Niñez y Adolescencia son un servicio municipal público, permanente y gratuito, creadas para la promoción, protección y defensa psico-socio-jurídica de los derechos de los menores. Estas instancias fueron creadas por la Ley de Participación Popular (1551) y sus funciones están garantizadas en el Código Niña, Niño y Adolescente.
Defensoría de la Niñez y Adolescencia de La Paz
Javier, Heydi, Carla y José son algunos nombres de niños y adolescentes que trabajan en la ciudad de La Paz. Ninguno de ellos tiene la autorización para hacerlo, pese a que la normativa vigente lo establece con el fin de garantizarles sus derechos fundamentales, como la educación. De manera oficial, desde 2019, solo 10 menores de edad cuentan con el permiso laboral de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de La Paz, cuya base de datos no es clara en cuanto a su situación.
La necesidad de ayudar a la familia a subsistir es un común denominador en niñas, niños y adolescentes que salen de sus hogares para trabajar; aunque ello signifique sacrificar horas de juego y muchas veces hasta horas de estudio. “No tengo tiempo para jugar, tengo que vender mis manillas”, afirma Carla, de 15 años, tras relatar que solo vive con su abuela y su renta dignidad (Bs 350) no alcanza.
“Trabajo para comprar un celular y volver a la escuela”, dice José, un niño de nueve años que limpia parabrisas en El Prado paceño. El dinero que gana su familia no alcanza para que él acceda a las clases virtuales, una modalidad asumida desde marzo de 2020 para evitar el riesgo de contagios de la Covid-19 en las aulas.
Javier y Heydi, con tan solo 11 y 12 años, respectivamente, ya sienten la preocupación de pagar deudas, pues ambos buscan ganar dinero con la venta de chocolates para ayudar a sus padres a saldar préstamos que asumieron por la crisis económica y otras responsabilidades.
A Diego, de 17 años, le tocó mantener a su mamá durante un largo tiempo debido a la enfermedad que le impedía trabajar y ante la ausencia de su papá. Él reunía lo que podía con su trabajo de embolsador en un supermercado, al que asistía desde sus 12 años. Pero la cuarentena por la pandemia puso fin a su fuente de ingreso.
Ellos son solo algunos de los muchos pequeños que salen a las calles paceñas en busca de sustento. En la sede de gobierno casi es habitual ver a niñas, niños y adolescentes ofreciendo dulces o chocolates a transeúntes en plazas, parques, restaurantes y otros. También se los observa en los puestos de venta de mercados. La plaza San Francisco y El Prado (casco central) son dos espacios recurrentes donde ellos lustran calzados o limpian parabrisas.
Pero, pese a este panorama, en La Paz solo hay 10 menores de edad con autorización para trabajar (llenaron el formulario dispuesto por el Ministerio de Trabajo), según los datos de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) de La Paz, desde 2019, año en el que estas instituciones dependientes de las alcaldías asumieron la responsabilidad de registrar y autorizar el trabajo por cuenta propia y por cuenta ajena de menores de edad, mediante la Ley 1139, promulgada el 20 de diciembre de 2018.
El trabajo por cuenta ajena se da cuando el menor de edad depende de un empleador, firma un contrato y recibe un salario. Mientras que el trabajo por cuenta propia es aquel que realiza por sí mismo o con la familia, sin necesidad de un contrato de por medio.
Harry Suaznabar, director de la DNA La Paz, detalla que los 10 permisos laborales están dentro de los 23 casos sobre trabajo adolescente que atendieron en dos años y medio. Los adolescentes autorizados tienen entre 14 y 16 años de edad, y están en los macrodistritos de Cotahuma, Sur, Periférica y Max Paredes.
“Son 23 casos en total, desde 2019, viendo las cuatro tipologías: autorización de trabajo (cuenta ajena), autorización de trabajo por cuenta propia, trabajos peligrosos e insalubres, y trabajos prohibidos y atentatorios. De los 23 casos, 10 son por extensión de formulario. En el resto pueden estar casos a los que se negó la autorización tras verificar que son tóxicos, insalubres u otros (…) hubo un solicitante de 10 años a quien se le negó el permiso”.
Harry Suaznabar, director de la DNA La Paz
En Bolivia solo se permite el trabajo a menores de entre 14 y 17 años, luego de que en julio de 2017, el Tribunal Constitucional Plurinacional declarara inconstitucional el artículo 129 del Código Niña, Niño y Adolescente y otros conexos que autorizaban excepcionalmente el trabajo infantil por cuenta propia desde los 10 años y por cuenta ajena desde los 12 años.
Datos negros
Sobre las diferencias entre el número de autorizaciones y la cantidad de menores que trabajan en las calles, Suaznabar señala que “hay datos negros en el trabajo de adolescentes”. “Si registráramos a todos los adolescentes que tienen una fuente laboral, definitivamente tendríamos números más gruesos; pero ellos no quieren este trámite porque podría traerles problemas o causarles la pérdida de su trabajo”.
La base de datos de la DNA detalla que uno de los 10 adolescentes con autorización trabaja por cuenta propia y que otro lo hace por cuenta ajena, del resto se desconoce la situación. Estos registros no cuentan con detalles de género, del rubro en el que se desenvuelven, ni de los resultados al seguimiento que realizan a los empleadores.
De acuerdo con el jefe de la Unidad de Derechos Fundamentales del Ministerio de Trabajo, Gabriel Carranza, las DNA tienen la obligación de realizar el seguimiento a adolescentes y sus empleadores para que estos últimos garanticen que el trabajo no exceda las ocho horas y el cumplimiento de las horas libres para los estudios del menor.
Suaznabar asegura que sí realizan el seguimiento, pero sostiene que quien debe garantizar los derechos del menor es el empleador y que la “supervigilancia” de los derechos del niño y adolescente “es una tarea de todos”. Sin embargo, la normativa da responsabilidades específicas a las DNA y al mismo Ministerio de Trabajo.
“Cuando identificamos que no existen las posibilidades de que el niño estudie, negamos el permiso de trabajo. No es que nosotros garantizamos de que eso no vaya a pasar, nosotros simplemente tomamos los datos y hacemos cierto seguimiento durante un tiempo. Pero nosotros no somos los que garantizamos, el que debe garantizar es el empleador”, afirma Suaznabar.
Dirigencia de menores observa trabajo de Defensoría de La Paz
Al respecto, la dirigencia de Taypi NAT (Niños y Adolescentes Trabajadores), que agrupa a menores en situación laboral de la ciudad de La Paz, considera que la Defensoría de la Niñez y Adolescencia no realiza un trabajo adecuado, debido a que sus trámites son burocráticos y no hay seguimiento.
“La defensoría inspeccionó hace más de un año varios supermercados y en uno de ellos ocho adolescentes siguieron el trámite, que demoró el doble de lo que habían explicado, no estaban bien organizados. Luego de dar el permiso, ellos no retornaron más para el seguimiento. Los del supermercado decían: 'Para eso han venido a molestar y nunca más han vuelto'. Ellos lo hicieron solo para quedar bien, no nos ayudaron”.
Diego, uno de los dirigentes de Taypi NAT
Nadia, coordinadora de Taypi NAT, menciona que su organización no mantiene contacto con la DNA y que alguna vez algún funcionario edil les invitó a las oficinas para hablar sobre el formulario de autorización de trabajo para adolescentes debido a las observaciones que hicieron en la demora del trámite.
“En julio (de 2021), la Defensoría del Pueblo, con la que tenemos acercamiento, nos mostró que solo dos niños de La Paz consiguieron la autorización de trabajo de la Defensoría de la Niñez (en 2020), pero esa cantidad no se acerca a la cantidad de niños que trabajan en La Paz, que sabemos que aumentó con la pandemia. Hasta el momento no hemos tenido apoyo de ellos (Defensoría de la Niñez)”.
Nadia, coordinadora de Taypi NAT
Registro de formularios
Por otra parte, la Ley 1139 señala que la copia del registro de los adolescentes trabajadores por cuenta ajena debe ser remitida al Ministerio de Trabajo por las DNA, a efectos de la inspección y supervisión correspondientes. Consultado sobre cuántos de estos formularios emitidos en La Paz tiene el Ministerio de Trabajo, Carranza informó que esta defensoría no está cumpliendo y tampoco pudo precisar una cifra nacional.
Suaznabar anunció que la DNA subsanará la remisión sin problemas y recordó que asumió el cargo en mayo. “Si es una mala práctica que se ha estado utilizando en la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, pues hay que subsanarla y eso es básicamente poner en conocimiento del órgano rector este tema de autorizaciones. Posiblemente no se haya hecho por la pandemia”.
La erradicación del trabajo infantil y adolescente es aún un desafío para las autoridades de los tres niveles de Estado, más aún cuando el Ministerio de Trabajo confirmó un retroceso en su eliminación, principalmente a causa de la pandemia de la Covid-19, que a su vez generó una crisis económica que empuja a varias familias a volcarse a trabajos informales con ayuda de los hijos y muchos de ellos son menores de edad, según Carranza.
Esta situación fue confirmada por Nadia, quien asegura que ahora muchos de los NAT salen a trabajar con sus hermanos menores por la falta de dinero en sus casas, a raíz de la pérdida de empleo de los papás. “Con la pandemia ha aumentado mucho más la cantidad de menores que trabajan, y más con esto de conseguir aparatos para las clases virtuales porque a veces hay cinco niños en la casa y no se puede compartir un celular; se trabaja para comprarlos”.
Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Cochabamba
En el caso de la ciudad de Cochabamba, la jefa de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de la Alcaldía de Cochabamba, Cinthia Prado, explica que la flexibilización de las restricciones por la pandemia de la Covid-19 no ha conseguido normalizar las actividades económicas de la sociedad y esto profundizó el empleo informal mayoritario que, a su vez, afecta a familias de escasos recursos que no tienen condiciones para cubrir gastos de alimentación, vestimenta o de estudio de sus hijos e hijas.
Agrega que, por esta razón, menores de edad se ven obligados en Cochabamba a ayudar a la economía en sus hogares y, en otros casos, lo hacen para comprar crédito y así habilitar sus teléfonos celulares para las clases virtuales, también para su alimento o ropa.
¿Usted cree que en 2025 pueda estar erradicado el trabajo infantil de Bolivia?, se le preguntó a la Jefa de la Defensoría y ella respondió: “Obviamente queremos creer que esto será así, pero sabemos que la problemática es mucho más compleja”.
Prado también considera que determinados factores interactúan en esta problemática: el económico, los efectos de la pandemia y la falta de políticas estatales y públicas para dar respuestas reales a las familias de escasos recursos o la generación de empleo para los progenitores y la erradicación de la pobreza. En su opinión, ciertos niveles de decisión como el Órgano Ejecutivo, instituciones públicas y privadas, y la sociedad en su conjunto pueden aportar para alcanzar esa meta.
“Estos fenómenos que dejó la pandemia han hecho que los índices de pobreza crezcan y se vean reflejados en la calles con la proliferación e incremento de niñas, niños y adolescentes trabajadores”.
Cinthia Prado, jefa de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de la Alcaldía de Cochabamba
Equipos multidisciplinarios
La Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Cochabamba cuenta con equipos multidisciplinarios (psicólogos, trabajadores sociales, abogados y personal auxiliar), en las nueve comunas de la ciudad y hacen operativos de control e identificación de niñas, niños y adolescentes trabajadores. Son entre 60 y 80 funcionarios involucrados en esas tareas.
Prado dijo que también se cuenta con un proyecto de prevención a cargo de un equipo interdisciplinario que realiza mensualmente cronograma de actividades, operativos de prevención e identificación, talleres, charlas, reuniones, seminarios y acuerdos interinstitucionales en procura de evitar la explotación laboral, la mendicidad forzada y la proliferación de hechos ilegales.
Afirmó que se hace una verificación constante para evitar que niñas y niños menores de 14 años trabajen y aseguró que la Defensoría de Cochabamba no tiene registros de solicitudes ni autorizaciones de trabajo de menores a partir de los 10 años de edad. Sin embargo, Prado no tenía a mano cifras sobre las y los adolescentes a los que se pudiera haber otorgado permisos de trabajo en los últimos años.
Seguridad y educación
Si bien existe la posibilidad de que se autorice el trabajo de un menor de edad a partir de los 14 años, la Defensoría niega el permiso si el empleador no garantiza la seguridad e integridad física y psicológica de quien busca el empleo y se ofrece una orientación tanto al adolescente como a sus padres. Prado aclara que ese tipo de situaciones no se ha presentado en el municipio cochabambino.
¿Qué pasa con las horas para la educación? La Jefa de la Defensoría dice que en los contratos de trabajo debe estar incluida una cláusula que de manera clara indique que el empleador se compromete a darle al menor trabajador las horas necesarias para que asista a clases y otros permisos y facilidades que se necesiten para no perjudicar las actividades educativas.
Además, el empleador debe firmar un compromiso ante la Defensoría y un equipo multidisciplinario hace el seguimiento del caso para verificar que se cumpla lo acordado.
Prado considera que los requisitos exigidos para autorizar el trabajo de un adolescente son difíciles de cumplir por parte de las empresas formales, y lo son mucho más para los negocios informales. Entonces, no se da luz verde a la solicitud si el empleador no tiene respaldo sólido y legal para asegurar que cumplirá las exigencias. Esto no deja de ser un problema a tomar en cuenta debido a la gran cantidad de negocios informales que existe en Cochabamba como en el resto del país.
Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Santa Cruz
La capital económica del país tiene una importante participación de niños, niñas y adolescentes trabajando en actividades informales. Todos ellos están en las calles, a simple vista, vendiendo mercadería al detalle, como estibadores en mercados o ayudantes de muchos oficios, y a la vez ocupando puestos menos visibles en la construcción o la jardinería.
Aunque no se cuenta con cifras, se sabe que una buena cantidad de menores de edad se desempeña en la actividad informal, no vigilada por las normas laborales o de bienestar del niño, niña y adolescente.
La norma establece que la oficina municipal de Defensoría de la Niñez y Adolescencia debe vigilar que exista contrato de trabajo para un menor de edad en el que se cumplan las condiciones laborales, de autorización de padres o tutores, de salubridad y de seguridad acordes a las necesidades de su etapa de desarrollo.
“Esa es la teoría, en la práctica eso está bien difícil”, dice Roberto Machicao, asesor legal de la Secretaría Municipal de Desarrollo Humano del Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra. El funcionario explica que entre los adultos en edad de trabajar solo el 26% o 27% está amparado por la Ley General del Trabajo, el resto está en la informalidad. Entonces, “¡imagínese los niños!”.
La Defensoría de la Niñez y Adolescencia no llega a las treinta autorizaciones de trabajo emitidas en la gestión pasada, según Machicao, dato que él mismo califica como “irrelevante” para hacerse una idea del trabajo infantil en el municipio.
En sus cálculos, con base en datos de organismos internacionales, hay entre 250 mil y 300 mil niños, niñas y adolescentes generando ingresos con su trabajo en Santa Cruz, mientras que la Defensoría tiene cerca de 800 formularios de autorización de trabajo llenados de manera incompleta y solo cerca de 30 autorizaciones emitidas.
¿Cuáles son los trabajos más frecuentes que fueron autorizados por la Defensoría? Tampoco en este caso existe una información clara, pero Machicao explica que no se trata de empresas sino de negocios unipersonales, generalmente parientes de los niños, que los emplean en el negocio familiar.
Trabajo inseguro
Hay poca información actualizada sobre el trabajo infantil en el municipio. Para darse idea de la situación, el estudio Entre Anillos hizo un relevamiento de las ocupaciones de los menores en el pueblo ayoreo, comprobando que entre los 12 y 17 años de edad suelen pedir dinero en la calle, ser albañiles, podadores de césped, fabricantes de artesanías, jardineros y otras, mientras que para la edad de 0 a 10 años se pudo ver que pedían dinero, bacheaban calles, limpiaban parabrisas, elaboraban artesanías y hacían jardinería.
Esto implica que existe trabajo inseguro para los niños. El responsable de la Casa Mitaí, Oliver Gonzales, explica que se sabe de menores de edad empleados en la construcción en condiciones inseguras, principalmente por la exposición al consumo de coca y alcohol. Aunque Casa Mitaí trabaja con menores en condición de calle, a la vez da asistencia a una veintena de niños y niñas trabajadores, principalmente estibadores de mercado.
La Defensoría de la Niñez y Adolescencia se maneja con equipos multidisciplinarios de tres o cuatro profesionales que intervienen en la vigilancia de las treinta y tres atribuciones de esa oficina y sus principales acciones están centradas en hechos de violencia intrafamiliar que afectan a los menores.
Muy complicado
“Eliminar el trabajo infantil pues resulta bastante complicado. Estamos hablando de una población de más o menos 11 millones de habitantes, lo sabremos después del censo, de los cuales se calcula que son 800 mil niños trabajadores a nivel nacional; estamos hablando del 8% o 7%, la cantidad es inmensa. Decir que la meta es tener cero niños trabajadores en cuatro años resulta poco realista, tendrías que generar las condiciones para que los mayores tengan trabajos dignos y estén bajo la Ley General del Trabajo, cosa que no es así”, dice Machicao.
Un estudio realizado por la UCB y Aldeas Infantiles, en 2016, sobre 4.690 encuestas, muestra que 9% de las familias en el país tenía a sus hijos de 6 a 18 años trabajando fuera del hogar. El porcentaje se reducía al 6% en Santa Cruz, pero se elevaba a niveles altos en Cobija (17%), Trinidad (14%), Sucre (13%), Cochabamba (11%) y Potosí (11%).
Los funcionarios del municipio y el gobierno departamental de Santa Cruz afirman que el trabajo infantil se ha incrementado a raíz de la pandemia, pero no hay un estudio o un diagnóstico que confirme este hecho.
Las autoridades departamentales y municipales están en sus primeros meses de asumir sus cargos. Machicao afirma que hasta ahora no ha participado de un comité o instancia de coordinación con otras instituciones sobre el trabajo infantil. ¿Este nivel de gestión existe?
La Gobernación de Santa Cruz tiene su propio programa de promoción del “Modelo - Mercado amigo de la niñez y adolescencia” en el municipio con intervención en las determinantes sociales del trabajo infantil. Esto implica que el programa entrega un apoyo educativo a los hijos e hijas de las vendedoras del mercado, actividades de recreación, combate a la violencia, vigilancia de la salud en la familia y otros aspectos que eran desarrollados por estudiantes universitarios voluntarios. La pandemia ha discontinuado las actividades presenciales del grueso de este proceso.
Trabajo infantil en el campo
El municipio de Santa Cruz de la Sierra es principalmente urbano, pero si hay niños trabajando en el país la mayoría de estos está en el área rural. El estudio del INE “Magnitud y Características del trabajo infantil”, de 2008, refiere que el 64,9% de niñez trabajadora está en el campo y el 17,9% en el área urbana.
Con base en esta información, en el departamento de Santa Cruz se realizan esfuerzos interinstitucionales desde hace más de diez años para lograr productos libres de trabajo infantil en la cadena productiva del azúcar.
La Gobernación de Santa Cruz, el Instituto Boliviano de Comercio Exterior, Unicef, la Organización Internacional del Trabajo, el Ministerio de Trabajo y otras instituciones colaboran desde el año 2009 para lograr productos derivados de la caña de azúcar que sean libres de trabajo infantil, libres de discriminación y libres de trabajo forzoso.
La experiencia es exitosa para las autoridades, puesto que se logró que los ingenios Unagro y Guabirá sean certificados a nivel internacional con el triple sello. Sin embargo, existen otros ingenios azucareros como La Bélgica o San Aurelio sin ninguna intervención en el tema. “Ahí no entra ni el Ministerio de Trabajo”, dice un funcionario de la Gobernación.
“Culturalmente el trabajo (infantil) es bien visto, muchas personas no querían que sus niños ingresen a la escuela porque, si bien a ellos les había ido bien en la vida sin ir a la escuela, creían que a sus hijos les iba a ir de la misma manera. Ha sido un trabajo hormiga cambiar chip, cambiar condiciones, trabajar en la estructura”, dice Lidia Mayser, actual directora de Género de la Gobernación de Santa Cruz, hasta hace meses encargada del programa de erradicación de trabajo infantil en el departamento.
Mayser explica que, en el caso de Santa Cruz, se pudo avanzar en la erradicación de trabajo infantil en la zafra de caña de azúcar de dos ingenios azucareros debido a una alianza con la empresa privada. Actualmente más del 95% del área de intervención es libre de trabajo infantil, de discriminación y de trabajo forzoso, y sus productos finales tienen un sello en forma de trébol que lo certifica.
El proceso no solo involucra al ingenio azucarero, sino principalmente a los productores de caña que proveen a la empresa. El programa de erradicación del trabajo infantil involucró apoyo a los cañeros con créditos y la instalación de luz y construcción de pozos de agua a los campamentos de los zafreros que llegan con sus familias desde Chuquisaca y Potosí. Al mismo tiempo la Gobernación y la cooperación internacional construyeron 25 escuelas en el norte de Santa Cruz para garantizar la educación de los hijos de los zafreros.
Mayser dice que no todos los cañeros invirtieron en mejorar la calidad de vida de las familias de los peones porque una importante cantidad de ellos vive en las mismas condiciones que sus zafreros. En todos los municipios del norte de Santa Cruz se contaban en el inicio del programa cerca de 8.000 niños y niñas trabajadores.
Al contrario del municipio de Santa Cruz donde no se ha abordado este tema en su normativa y políticas locales, la Gobernación de Santa Cruz tiene la Ley 46 de “Erradicación del trabajo infantil y protección del adolescente trabajador” y el Plan Departamental Integral para la erradicación de las determinantes del trabajo infantil y la protección del adolescente trabajador 2013-2025.
El programa con los ingenios azucareros y con los mercados de la ciudad forman parte del mencionado plan, por ahora en proceso de ser retomado por las nuevas autoridades y funcionarios.
Este artículo forma parte de una investigación que incluye los siguientes materiales:
- Historia del manejo político del trabajo infantil en Bolivia desde el 2014
- Trabajo infantil: Gobierno admite que no logró objetivos y alista política pública
- Ministerio de Trabajo mantiene su palabra de erradicar el trabajo infantil hasta 2025
- Muy pocos adolescentes piden y tienen permiso de las defensorías para trabajar
- En La Paz, "trabajo para que mi mamá ya no se endeude"..."lo hago por un celular"
- Hay pequeños en la Llajta que trabajan más horas de lo permitido y esquivando carros
- En Santa Cruz son vendedores, estibadores, ambulantes, cuidadores y malabaristas
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