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Por Guardiana (Bolivia)

Lunes 15 de marzo de 2021.- Jeanine Áñez Chávez ha sido tratada desde su detención en el Beni, el viernes 10 de marzo, como una delincuente común y no como una exPresidenta de Bolivia. Sin embargo, desde que la jueza cautelar Regina Santa Cruz decidió la noche de este domingo que sea detenida preventivamente en la cárcel durante cuatro meses, el MAS anunció, dando así un viraje, que la quiere ver presa durante 30 años y presentará un juicio de responsabilidades contra ella y otras tres exautoridades después de haber dicho que debía ser enjuiciada de manera ordinaria por vía penal por los delitos de "terrorismo, sedición y conspiración". No se sabe si este viraje del MAS obedece a un cambio repentino de estrategia o ya era parte del plan desde un principio.

El ministro de Justicia, Iván Lima, aclaró el último sábado que Áñez sería procesada como exsenadora y no como exPresidenta. “En este momento -dijo entonces Lima- estamos ante un juicio a una exsenadora, por lo tanto, no corresponde un juicio de privilegio constitucional y esa es la realidad de los hechos. Cuando se la juzgue como expresidenta se tendrá que evaluar en qué caso va a la Asamblea y si autoriza el enjuiciamiento, en este caso estamos ante un juicio ordinario”. Esta versión, en ese momento, coincidía con la posición de Evo Morales.

“Hay un debate, sobre un juicio de responsabilidades o no, en mi percepción, yo no soy jurista, si uno entra con golpe de Estado, qué juicio de responsabilidades, es juicio ordinario”.

Expresidente Evo Morales, antes de que Áñez ingresara a la audiencia de medidas cautelares.

Sin embargo, la noche en que la jueza decide enviar a la cárcel a la exMandataria, la versión del Ministro de Justicia cambia porque ya habla de juicio de responsabilidades: “Se van a presentar cuatro acciones de juicios de responsabilidades iniciales y en las próximas semanas vamos a presentar acción penal por las masacres sangrientas a partir de los avances que hizo el Ministerio Público en la vía ordinaria contra los actores que no tienen privilegio constitucional”.

“La detención no debe ser la regla, debe ser la excepción, lo que buscamos no es una detención de cuatro meses, lo que estamos buscando es una condena de 30 años, porque ha habido masacres sangrientas, madres que han quedado sin hijos en Senkata, en Sacaba, en Montero y en la zona sur de La Paz”,

Ministro de Justicia, Iván Lima, en declaraciones hechas este domingo.

Áñez dijo a Erbol antes de que inicie la audiencia cautelar: “Yo lamento que se menoscabe el Estado de derecho, yo tengo privilegios le guste o no a Evo Morales y tendría que ser acusada en un caso de corte, pero acá los valores políticos, lo que podamos entender por nuestro Estado de derecho, no tiene ninguna validez, algo que se lamenta”.

La jueza cautelar Regina Santa Cruz ordenó la detención preventiva por cuatro meses para la expresidenta Jeanine Áñez Chávez en la cárcel de mujeres de la zona de Obrajes en La Paz y también para los exministros Álvaro Coimbra Cornejo y Rodrigo Guzmán Collao, en el penal de San Pedro, por los delitos de terrorismo, sedición y conspiración.

Áñez reaccionó y en su cuenta de Twitter denunció que el oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) toma las decisiones y el sistema judicial obedece:

Minutos antes de la conocerse la determinación judicial, en la audiencia virtual de medidas cautelares que duró algo más de nueve horas, Jeanine Áñez –que gobernó el país entre el 12 de noviembre de 2019 y el 8 de noviembre de 2020– dijo que asumió la presidencia de Bolivia con el objetivo de pacificar el país que atravesaba por momentos difíciles tras la renuncia de Morales y el vacío de poder que dejaron otras dimisiones en la cúpula de la Asamblea Legislativa.

Agregó que junto con la entonces presidenta del Senado, Eva Copa, se firmó la ley de convocatoria a elecciones y que producto de aquello es que Luis Arce Catacora, de filas del MAS, ahora es el Jefe de Estado. "Es recurrente –dijo la exmandataria– que me quieren tildar de golpista; creo que un gobierno no es golpista cuando funciona una Asamblea Legislativa".

"No me escapo de las responsabilidades jurídicas –añadió– siempre he dado la cara por más duro que hubiera sido el momento. Aquí estoy. No tengo por qué irme. Nací en Bolivia, vivo en Bolivia y moriré en Bolivia. Desde que asumí la Presidencia en 2019 no he salido de Bolivia”.

Jeanine Áñez, durante la audiencia de medidas cautelares.

Solicitó que se respete su privilegio de ser sometida a un juicio de responsabilidades en su condición de expresidenta de Estado y no a un proceso por la vía ordinaria.

La denuncia contra Áñez, sus excolaboradores y otras personas fue planteada por la exdiputada del MAS Lidia Patty Mullisaca. Además, la Fiscalía tomó en cuenta una declaración informativa de la exministra de Desarrollo Productivo y Economía Plural Ana Teresa Morales Olivera en calidad de testigo.

Juicio de responsabilidades

Las y los expresidentes deben someterse en Bolivia a un juicio de responsabilidades que está normado por la Ley 044, vigente desde 2010. Para llevarlo adelante, se necesita tanto la participación de las y los parlamentarios como del Tribunal Supremo de Justicia que es el que juzga. En ambos casos a la hora de pronunciarse se requiere de dos tercios.

En el caso de la vía penal ordinaria, están las y los fiscales, y luego quienes son jueces, en ambos casos bajo sospecha desde octubre de 2011, cuando el MAS llevó adelante unas elecciones judiciales sobre la base de listas de candidatas y candidatos en las que se encontraban personas afines a ese partido. Esto no solo fue cuestionado públicamente, sino motivo de críticas tanto dentro de Bolivia como provenientes de otros países. El mismo actual presidente de Bolivia, Luis Arce, propuso en su plan de gobierno para las elecciones de octubre de 2020 reestructurar toda la justicia.

Llamado a la comunidad internacional

Tras la aprehensión de la exmandataria Jeanine Áñez y de dos de sus exministros por el caso de presunto "golpe de estado", el Alto Representante de la Unión Europea, Josep Borrell Fontelles, consideró este sábado que esas investigaciones deben realizarse en el marco de una justicia transparente e independiente. El diplomático europeo se pronunció a través de su cuenta oficial de Twitter sobre los últimos acontecimientos que se registraron, en el que pidió respetar la independencia de poderes. A la vez afirmó que continuarán apoyando al país. "Siguiendo los eventos en #Bolivia. Las acusaciones por los hechos de 2019 deben resolverse en el marco de una justicia transparente y sin presiones políticas, respetando la independencia de poderes. Diálogo y reconciliación son cruciales. La #UE continuará apoyando a Bolivia", escribió el diplomático.

El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, también se pronunció al respecto. Pidió respetar las garantías del debido proceso y la total transparencia en todos los procedimientos judiciales y recordó a las y los bolivianos los avances logrados para la consolidación de la paz.

No son los únicos que piden independencia judicial en el tratamiento de este caso. Los obispos de Bolivia indicaron, por su parte, que sólo hay democracia si se respeta la Justicia independiente y no se la somete al interés político del Gobierno de turno. La democracia es el respeto a la verdad. No se puede crear un relato falso de la historia, inventando la verdad y manipulando la conciencia de los bolivianos.

A estos pronunciamientos luego se sumaron los pedidos de jefes políticos como Carlos Mesa, quien mandó una carta a organismos como la Unión Europea, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar que existe en Bolivia un plan por parte del Gobierno del MAS para descabezar a la oposición con un plan de violación sistemática de los Derechos Humanos (DDHH).

"El gobierno de la expresidenta Jeanine Áñez, de derecho y no de facto, fue producto de una sucesión constitucional y fue reconocido internacionalmente por la mayoría de los países que conforman la ONU y la OEA. En Bolivia ese reconocimiento fue hecho por una Declaración del Tribunal Constitucional, una Ley de la Asamblea Legislativa Plurinacional, entonces controlada por el MAS, que anuló las elecciones viciadas del año 2019, sobre la base de la auditoría de la OEA, y reencauzó el proceso electoral hacia las elecciones de octubre del 2020", indica una parte de la carta.

"Este es el contexto que motiva la presente carta, la evidencia de que el gobierno nacional, a través de su control total de la fiscalía y justicia penal, con una denuncia presentada por una exparlamentaria de su partido, ha montado la figura jurídica del 'golpe de Estado' que ha tipificado de terrorismo, sedición y conspiración los hechos referidos de octubre y noviembre de 2019",

Parte del texto de la misiva enviada por Carlos Mesa a organismos internacionales
LOS ACUSADOS

La expresidenta y los exministros interinos de Justicia, Álvaro Coímbra, y de Energías, Álvaro Guzmán, fueron aprehendidos el viernes 12 de marzo después de que ya se conociera antes la orden de aprehensión contra el excomandante de las Fuerzas Armadas del país Williams Kaliman por la denuncia de un supuesto “golpe de Estado”. Estas personas no son las únicas a las que apunta el MAS.

Sin embargo, otras personas como el líder de la Resistencia Juvenil Cochabamba, Jassir Molina, tienen otro tipo de acusaciones en contra como si nada hubiese tenido que ver con lo ocurrido en octubre y noviembre. La Fiscalía de Chuquisaca lo acusa de organización criminal, tenencia, portación y uso de armas, atentados contra bienes públicos y privados, todo esto supuestamente a raíz de una protesta que protagonizó en Sucre en octubre de 2020 al cercar instalaciones de la Fiscalía General del Estado.

Ayer se conoció que, según el diario Los Tiempos, la denunciante Lidia Patty involucra a los ciudadanos Arturo Carlos Murillo Prijic, Palmiro Gonzalo Jarjuri Rada, Jorge Gonzalo Terceros Lara, Jorge Pastor Mendieta Ferrufino, Jorge Elmer Fernández Torranzo, Yerko Núñez Negrete y Luis Fernando López Julio.

El artículo 133 del Código Penal tipifica el delito de terrorismo como aquel en el que una persona formó parte o colaboró con "una organización armada destinada a cometer delitos contra la seguridad común, la vida, la integridad corporal, la libertad de locomoción o la propiedad, con la finalidad de subvertir el orden constitucional o mantener en estado de zozobra, alarma o pánico colectivo a la población o a un sector de ella, será sancionado con presidio de quince a veinte años, sin perjuicio de la pena que le corresponda si se cometieren tales delitos".

ARTICULO 133º.- (TERRORISMO). El que formare parte, actuare al servicio o colaborare con una organización armada destinada a cometer delitos contra la seguridad común, la vida, la integridad corporal, la libertad de locomoción o la propiedad, con la finalidad de subvertir el orden constitucional o mantener en estado de zozobra, alarma o pánico colectivo a la población o a un sector de ella, será sancionado con presidio de quince a veinte años, sin perjuicio de la pena que le corresponda si se cometieren tales delitos.

Código Penal

ARTICULO 126º.- (CONSPIRACION): El que tomare parte en una conspiración de tres o más personas para cometer los delitos de rebelión o sedición, será sancionado con la pena del delito que se trataba de perpetrar, disminuida en una mitad. Estarán exentos de pena los partícipes que desistieren voluntariamente antes de la ejecución del hecho propuesto y los que espontáneamente impidieren la realización del delito.

Código Penal

ARTICULO 125º.- (DISPOSICIONES COMUNES A LOS DE REBELION Y SEDICION): En caso de que los rebeldes o sediciosos se sometieren al primer requerimiento de la autoridad pública, sin haber causado otro daño que la perturbación momentánea del orden, sólo serán sancionados los promotores o directores, a quienes se les aplicará la de la pena señalada para el delito.

Código Penal

¿GOLPE DE ESTADO? LOS HECHOS

Los argumentos esgrimidos por el MAS y que pueden verse reflejados en los diferentes twitts que ha ido lanzando el expresidente Evo Morales apuntan a que no hubo fraude electoral en Bolivia y sí, más bien, un golpe de Estado apoyado por la Policía y las Fuerzas Armadas.

El 10 de noviembre de 2019, el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Juan Carlos Huarachi, acompañado por otros dirigentes, le pedía a Morales dimitir por la salud del país. Sin embargo, el viernes 12 de marzo de 2021 dio marcha atrás y señaló que jamás habían hecho el pedido de renuncia de manera escrita.

A ese pedido también se había sumado la Defensoría del Pueblo, la que emitió un comunicado que a la fecha no es posible encontrar en su página digital, pero quedó la captura de pantalla en la red social Twitter.

La veracidad del comunicado defensorial fue corroborada por la plataforma Bolivia Verifica que, según sus métodos de verificación de noticias, recuperó el texto escrito el 10 de noviembre de 2019: ¨La Defensoría del Pueblo ante el motín policial nacional, la implementación de operaciones por parte de las Fuerzas Armadas, la escalada de violencia, la cantidad de vidas que han sido afectadas y el inminente desarme institucional, apelando a su compromiso con la Patria, se sugiere al Primer Mandatario y al Vicepresidente del Estado, considerar la dimisión a su cargo para lograr la pacificación en el Estado Plurinacional de Bolivia¨.

La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia no está de acuerdo en llamar a las instituciones de la Policía y Fuerzas Armadas golpistas. Convocó "a todos los defensores y defensoras de derechos humanos a nivel departamental y nacional, y toda la sociedad civil en general a elevar nuestro grito por la defensa en favor de la Policía y de las Fuerzas Armadas, pidiendo se respete nuestra Constitución y todas las leyes a favor de estas instituciones" (ver comunicado).

Sin embargo, Evo Morales no dice nada de la COB ni de la Defensoría del Pueblo como entidades que también le pidieron su renuncia y no solo fueron las cúpulas de policías y militares. Y tampoco dice nada con respecto a otros hechos como su renuncia y la de Álvaro García Linera avaladas por un Congreso que siguió funcionando cuando él decidió irse no solo de la Presidencia, sino del país. El Legislativo, en el que el MAS tenía los dos tercios, siguió después trabajando.

Ante la renuncia de todos quienes pudieron asumir la batuta del país, le tocó a Jeanine Áñez dicha posibilidad como segunda Vicepresidencia de la Cámara de Senadores, la que le fue consultada cuando ella fungía como senadora. Ella aceptó. Sin embargo, el hecho de que fueran los militares quienes le ayudaran a imponerse la banda presidencial es la imagen que esgrime el MAS como "prueba" de que sí hubo golpe de Estado.

Gran parte de la comunidad internacional y organismos internacionales reconocieron el Gobierno de Áñez. El Tribunal Constitucional avaló la sucesión en el marco de la Sentencia Constitucional 0003/01 del 31 de julio de 2001, que se sustenta en la “vacancia” del presidente.

Y el mismo Legislativo en el que el MAS tenía la sartén por el mango, al contar con los dos tercios, también lo hizo incluyendo la forma de llamar a Áñez, así se puede ver en la Ley 1270 del 17 de enero de 2020 mediante la que el Legislativo aprobó la prolongación del periodo de mandato constitucional de "la Presidenta del Estado Plurinacional".

ARTÍCULO 1. (OBJETO). La presente Ley tiene por objeto excepcionalmente prorrogar el período de mandato constitucional de la Presidenta del Estado Plurinacional, las y los Asambleístas de la Asamblea Legislativa Plurinacional y las Autoridades Electas de las Entidades Territoriales Autónomas, para restablecer la normalidad constitucional.

Ley 1270 firmada por quien en ese momento era presidenta del Senado, Eva Copa, más otros dos senadores y tres diputados del MAS.

Sin embargo, sobre dicha sucesión, este domingo durante las medidas cautelares, la Fiscalía Departamental de La Paz acusó a Jeanine Áñez y sus allegados de haber obligado a renunciar a Adriana Salvatierra a la Presidencia de la Cámara de Senadores, en noviembre de 2019 y también a Víctor Borda, quien era presidente de la Cámara de Diputados, con el fin de asumir la Presidencia de Bolivia. 

La señora Jeanine Áñez, durante los sucesos del 11 y 12 de noviembre, tenía la calidad de segunda vicepresidenta del Senado y de manera amañada y en contra de todo reglamento y procedimiento legislativo, y en flagrancia contra lo que establece la Constitución Política del Estado, logra, a través de este grupo de personas, que la señora Adriana Salvatierra renuncie a la presidencia del Senado, que ejercía en ese tiempo, y del mismo modo lo hace el diputado Víctor Borda, que ejercía la presidencia de la Cámara de Diputados”, fundamentó el fiscal del materia Harold Jarandilla, quien lleva el proceso por el llamado “golpe de Estado”, informó Página Siete.

Sin embargo, Salvatierra explicó el 24 de enero de 2020: "Mi renuncia verbal a la presidencia de la Cámara de Senadores no se debió a motivos personales, sino a razones políticas. Esta decisión fue asumida de forma conjunta con el Presidente Evo Morales, con el Vicepresidente Álvaro García Linera, esto ha sido manifestado y aclarado en diferentes reuniones que se han realizado con movimientos sociales, con autoridades de nuestro instrumento político, por ellos mismos".

Empero, las y los masistas insisten en que hubo golpe de Estado en Bolivia en 2019 y que el MAS no hizo fraude en las elecciones de octubre de ese año como indicó la OEA, a la que Evo Morales también ha venido descalificando.

Reacciones en cadena

Las acciones del MAS y dos fiscales ya desencadenaron en Bolivia todo tipo de reacciones, en unos casos a favor del proceso contra Áñez y exministros, entre otras personas, como en contra de quienes consideran que se trata únicamente de acciones de venganza del MAS.

  • Los llamados a la resistencia civil contra las aprehensiones y movilizaciones llevaron al Comando General de la Policía a instruir el refuerzo de la seguridad en las fiscalías departamentales de todo el país y en instituciones púbicas y privadas en las que se considere necesario hacerlo.
  • Horas antes se conoció que una cantidad indeterminada de personas habían llegado hasta las instalaciones del Comité Cívico Pro Santa Cruz en busca de refugio ante la posibilidad de que se hubieran emitido órdenes de aprehensión.
  • Desde la otra orilla, la Federación de Juventudes de Yapacaní, Santa Cruz, dispuso bloqueo del puente de ese municipio para exigir la detención y la condena a prisión del candidato a la Gobernación de ese departamento, Luis Fernando Camacho, y todos los cómplices por terrorismo, abuso y violaciones a los derechos humanos.

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