El pasado 25 de mayo, Mujeres Creando presentó el manual “¿De qué están hechos los hombres?” como una apuesta del colectivo feminista por contribuir en la lucha contra la violencia machista, “pues es una problemática que empieza en la forma cómo sentimos y vivimos nuestros cuerpos”, destacó en su comunicado.
Celebrando que este tipo de iniciativa esté presente en nuestra realidad, en la que los temas políticos y de pandemia copan las agendas mediáticas y públicas, me llamó la atención las reacciones en un diario local al respecto. De 188 reacciones, solo el cinco por ciento, sí solo, apoyó la noticia y el apabullante 95 por ciento de las y los lectores expresó su desacuerdo. Este dato —que sin duda no es representativo por la ínfima muestra— marca sin embargo una tendencia omnipresente y altamente preocupante en nuestra realidad, en la que todas, todos y todes perdemos.
Partamos por señalar que la importancia por promover la educación sexual no es un asunto menor, pues según la Unesco, la educación integral en sexualidad empodera a las y los jóvenes al mejorar sus capacidades de análisis, de comunicación y otras capacidades útiles para la vida con miras a garantizar la salud y el bienestar en términos de sexualidad, derechos humanos, valores, relaciones sanas y respetuosas, normas culturales y sociales, igualdad de sexos, no discriminación, conducta sexual, violencia y violencia de género, consentimiento, abuso sexual y prácticas negativas. Cabe resaltar que la educación sexual integral en líneas generales tiene seis pilares: autoconocimiento, diversidad, afectividad, salud/vida sexual, anticoncepción y embarazo, e infecciones de transmisión sexual (ITS) y sus riesgos.
La sexualidad no sólo tiene que ver con el sexo, también abarca los vínculos con amigos, padres, pareja, hijos/hijas, e implica la valoración de las diversidades, siendo significativa para la vida como parte del desarrollo de un ser humano íntegro. Es en la adolescencia precisamente donde surgen mayores preguntas de un aspecto vital de nuestras vidas y que es manejado como un tabú aún en pleno siglo XXI, y esta es una segunda razón por la que celebro esta iniciativa pues está pensada precisamente para llegar a jóvenes a un costo accesible (5 bolivianos).
Si bien los derechos sexuales en Bolivia están reconocidos, cubiertos y protegidos por normas, pero estas no están engranadas en el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, el Código de las Familias y del Proceso Familiar, Ley SAFCI, Código Niña, Niño y Adolescente, Ley de Educación Avelino Siñani y también en planes y programas que el Estado y los gobiernos han adoptado desde la década del 90.
No se realiza un abordaje estructural sustentado en una educación sexual integral basada en la autonomía y la autodeterminación de los cuerpos de hombres y mujeres a partir del reconocimiento y la generación de condiciones para el ejercicio pleno de los derechos sexuales y los derechos reproductivos.
Esta visión fundamental en su abordaje representa una serie de pérdidas para la construcción de un sociedad libre de violencias. Perdemos porque esta autodeterminación de nuestros cuerpos es parte de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos reconocidos en la Constitución Política del Estado, a los cuales no se les ha dado el debido tratamiento en la formulación de políticas públicas en salud y en una educación con un enfoque integral en su dimensión más humana, más allá del hecho fisiológico o del conocimiento anatómico de los órganos sexuales con el que reduce su abordaje.
Perdemos porque una educación integral en derechos sexuales y reproductivos, así lo demuestran diferentes experiencias en otros países, tiene efectos positivos, entre ellos un aumento del conocimiento de las y los jóvenes y una mejora de su actitud sobre la salud y los comportamientos sexuales y reproductivos. La educación en sexualidad, tanto en la escuela como fuera de ella, no aumenta la actividad sexual, el comportamiento sexual de riesgo o los índices de ITS y VIH.
La Unesco señala, con base en su amplia experiencia en educación y libre de cualquier sospecha de influencia política o de creencia, que se ha demostrado que los programas que promueven únicamente la abstinencia “no tienen ningún efecto en el retraso de la iniciación sexual ni en la reducción de la frecuencia de las relaciones sexuales o el número de parejas sexuales”, mientras que los programas que combinan el retraso de la actividad sexual con el uso de preservativos u otros métodos anticonceptivos resultan eficaces.
Perdemos porque los programas centrados en el género o con perspectiva sensible a temas feministas (esa agenda pendiente y urgente) tienen una eficacia considerablemente superior a la de los programas que no integran consideraciones de género a la hora de alcanzar resultados en materia de salud como la reducción de los índices de embarazo no deseados o de ITS.
Bolivia es, por amplio margen, el país de toda Latinoamérica donde más embarazos adolescentes se producen. El Fondo de las Naciones Unidas para la Población señala que la tasa de natalidad en mujeres entre 15 y 19 años en nuestro país es de 116 por cada 1.000, mientras que el promedio en América Latina y el Caribe es de 75 por cada mil mujeres.
Cabe señalar que no se trata solamente de un problema de falta de información y educación sexual para adolescentes o de poco acceso a métodos anticonceptivos, pues el epicentro de esta problemática crítica es multidimensional. Si bien Bolivia registró un descenso desde 2015 cuando se registraron 82.416 frente a los 47.212 en la gestión 2019, la Defensoría del Pueblo alertó que la crisis sanitaria y la etapa de confinamiento hizo que la atención en salud sexual y reproductiva cese de forma abrupta, lo cual provocó que se registren datos alarmantes. De acuerdo a las cifras publicadas recientemente por la Defensoría, que tienen como fuente al Ministerio de Salud, entre enero y julio de 2020 se habrían registrado 20.186 embarazos en niñas menores de 15 años y adolescentes entre 15 y 19 años.
Con relación a los derechos de las mujeres, particularmente los derechos sexuales y derechos reproductivos, la intromisión de las iglesias, en tomadores de decisión en muchos casos, ha cercenado la posibilidad de avanzar en legislaciones y políticas públicas que habiliten esos derechos.
La sexualidad del ser humano es un tema que enfrenta opiniones porque se cruzan valores, creencias, prejuicios, estereotipos, sensibilidades, experiencias personales íntimas, miedos, sensación de perder el control sobre el cuerpo de los otros “tutelados”, entre otros factores que complejizan un entendimiento común, y porque se abordan además temas delicados como el aborto, las amplias concepciones de familia/matrimonio, salud reproductiva, y por supuesto una educación sexual integral. Temas fundamentales de nuestros microuniversos que debemos abordar de manera sincera, transparente y urgente, sino los ciclos de la violencia seguirán siendo alimentados por acciones u omisiones que dañan vidas, más allá de las cifras.
Desde una educación integral en sexualidad miremos a esta como un pacto de respeto y de libertad, recordando a Simone de Beauvoir: “Que nada nos limite. Que nada nos defina. Que nada nos sujete. Que la libertad sea nuestra propia sustancia”.
Comentarios