En la última etapa del año pasado, la Argentina vivió momentos muy intensos debido a la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, la misma que permite a la mujer someterse a tratamiento para evitar un embarazo no deseado hasta las 14 semanas de gestación.
Es interesante observar que la mayoría de países de América Latina tiene los marcos más restrictivos con respecto al aborto. Está completamente prohibido en El Salvador, Nicaragua, Honduras, Haití y República Dominicana. Y en varios otros Estados solamente se permite en situaciones muy específicas como violación, riesgo de vida para la mujer gestante o malformaciones que hagan inviable al futuro ser, como en el nuestro. Solamente Uruguay, Cuba, Guyana, Puerto Rico y algunos Estados de México y ahora Argentina permiten a las mujeres solicitar un aborto legal y seguro.
Obviamente, al ser Argentina uno de los países más grandes de Latinoamérica, el inicial debate, su tratamiento y finalmente su sanción como ley adquirieron una importancia muy grande para toda la región, impulsando a los movimientos feministas y de derechos humanos en varios países a asumir iniciativas para que se inicien gestiones de redacción de normas similares. Por otro lado, los movimientos conservadores, generalmente relacionados a partidos políticos de derecha, diferentes denominaciones religiosas y filosóficas, también comenzaron sus respectivas campañas para apagar, reducir o neutralizar las acciones de los primeros.
Es claro y evidente que el tema del aborto siempre será un tema muy difícil para cualquier sociedad y exacerbará los ánimos de ciudadanos y ciudadanas a favor o en contra del mismo. Demás esta señalar que dentro de la doctrina de los derechos humanos también ha suscitado un extenso debate de muchos años; sin embargo, tanto la Organización Mundial de la Salud, el Sistema Interamericano y Europeo de Derechos Humanos y organizaciones como Amnistía Internacional, Human Right Watch y la ONU admiten la práctica del aborto en ciertas circunstancias.
Seguramente muchos conservadores señalarán que todas estas instituciones están conformadas por “progres” que no merecen perdón alguno. Sin embargo, algo que se puede señalar es que esta temática en los diversos países, donde se ha despenalizado el aborto, ha pasado siempre por un razonado debate. Y la discusión ha estado alejada de aspectos subjetivos, religiosos y morales que demandan al Estado legislar de acuerdo a su sola visión de la vida que sea aceptada por todos como válida, además de que obligan a la mujer a un comportamiento heroico, desconociendo su dignidad o asumiendo que ella es un instrumento solamente de reproducción y nada más.
La discusión en la doctrina de los derechos humanos con respecto al aborto siempre se inició bajo la premisa de que estos son derechos subjetivos que reconocen a su titular libertades y capacidades que solo pueden ser limitadas con el fin de proteger a otros derechos humanos de los demás seres humanos.
De ahí surge la contraposición de los derechos de la mujer a elegir y la del producto de la concepción, en tanto este sea reconocido como persona o entidad con algún derecho.
Al respecto, la Constitución boliviana señala en su artículo 15.I.: “Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual...”. El Código Civil, en su artículo 1, prescribe: “El nacimiento señala el comienzo de la personalidad” y a continuación refiere: “Al que está por nacer se lo considera nacido para todo lo que pudiere favorecerle, y para ser tenido como persona basta nacer con vida”. Muchas personas en contra del aborto en nuestro país utilizan estos preceptos legales para sustentar su posición.
Este es un punto importante en el análisis desde los derechos humanos, puesto que dos asuntos entran en discusión: desde cuándo el producto de la fecundación entre un óvulo y un espermatozoide podría considerarse un ser humano y desde qué momento este reúne características necesarias para ser sujeto de derechos. Ambos elementos nos permitirán considerar uno de los elementos fundamentales de los derechos humanos, su ser intrínseco, esto quiere decir que su posesión no depende de ninguna otra condición que el hecho de ser persona humana.
En caso de que admitamos que desde el momento de la concepción el producto es un ser humano, entonces, el derecho de la mujer estaría limitado por el derecho de otro ser humano, con lo que tendríamos un argumento fuerte en contra del aborto, bajo la característica antes anotada.
Ahora, haciendo un seguimiento con respecto a las discusiones que se realizaron tanto en Argentina como en México sobre la normativa de interrupción legal del embarazo, es relevante traer a colación lo fundamentado por el Colegio de Bioética de México, que afirmaba que de acuerdo a los conocimientos científicos sobre el desarrollo del embrión, este no es un individuo biológico hasta las 12 semanas, es decir que no podría ser considerado persona. En primera instancia porque carece de vida independiente, siendo inviable su existencia fuera del útero; el hecho de que tenga genoma humano completo no lo diferencia de cualquier célula y órgano del cuerpo que reúne la misma característica; el desarrollo cerebral está en sus primeras etapas, por lo que no tiene sensaciones, por lo tanto, no puede experimentar dolor o sufrimiento.
Estas afirmaciones son las mismas utilizadas por las legislaciones europeas y estadounidenses, las que justifican la disposición de derechos de la mujer gestante con respecto a su cuerpo, concluyendo que la mujer en sí misma es un fin y no un medio que pueda ser sacrificado o usado sin su consentimiento para alcanzar otros fines, lo que se estaría logrando en caso de obligarla a llevar un embarazo no deseado.
Ahora, otro punto vital de análisis es la situación de la mujer. La Organización Mundial de la Salud establece que aproximadamente 1.500 mujeres fallecen por causas relacionadas al embarazo o al parto cada día en el mundo, siendo los países en desarrollo aquellos donde las cifras son más altas, además, por causas evitables como hemorragias postparto, infecciones, deficiente sistema de salud, falta de atención sanitaria adecuada. Según la misma entidad, 200 mujeres mueren al día por abortos mal realizados.
De acuerdo a la OMS, cada año se realizan aproximadamente 20 millones de abortos en situaciones insalubres, en los que fallecen 80 mil mujeres, Además, más de cinco millones ingresan en un hospital, quedan estériles o sufren alteraciones durante el resto de su vida, aspecto que no podemos hacer a un lado o intentar tapar, bajo solamente premisas fundamentalistas.
Esto nos muestra que, aunque se prohíba, sancione de alguna forma o penalice, el aborto es una realidad, una triste y dramática realidad. En América Latina aproximadamente 30 de cada 1.000 mujeres entre 15 y 45 años se sometieron a un aborto. En Holanda, donde el aborto es legal, la cifra es de 8 de cada 1.000.
Si aquellos que son contrarios al aborto creen que volver legal, seguro y gratuito el aborto hará que más mujeres se lo practiquen o como de manera machista y patriarcal algunos y algunas manifiestan públicamente o en las redes sociales que las mujeres tendrán una vida más disoluta, por decirlo de alguna forma, e irán por el camino fácil de interrumpir su concepción, pues es un punto a analizar.
Veamos el caso de Uruguay donde las estadísticas oficiales muestran que los números de abortos desde la vigencia de la ley de interrupción legal del embarazo en ese país, son los siguientes: 7.171 en 2013, 8.513 en 2014, 9.362 en 2015; 9.719 en 2016; 9.830 en 2017; 10.711 en 2018 y 10.227 en 2019, es decir, se tiene un incremento relativamente bajo cada año, iniciando un descenso en la última gestión analizada, lo que demuestra que no hay una explosión de casos ni sustento para los temores de aquellos que rechazan la medida.
Por el contrario, Uruguay es el segundo país en toda América, luego de Canadá, con menor mortalidad materna de 14 por cada 100 mil nacidos vivos, mientras en Bolivia hay más de 150 muertes por cada 100 mil nacidos vivos. Este hecho debe llamarnos a la reflexión de manera urgente. Además, en ese país el año 2019 se registraron 35 interrupciones de embarazos en mujeres menores de 15 años, mientras en Bolivia se tuvo 953 casos de embarazos en mujeres menores de esa edad. Realmente es alarmante.
Por lo tanto, la cuestión no es si estamos o no de acuerdo con el aborto, sea legal o no, porque las mujeres seguirán viéndose obligadas a hacerlo por diversas razones, tal como demuestran las estadísticas en cualquier país, principalmente en vías de desarrollo, donde esta triste alternativa se adopta por ser víctimas de violencia, incluso dentro del matrimonio. No sabemos cuántos embarazos son realmente deseados (algunos estudios demuestran que más del 50% no lo son), por temas de pobreza extrema, por falta de acceso a métodos anticonceptivos, por falta de políticas adecuadas sobre derechos sexuales y derechos reproductivos, por falta de una verdadera educación sexual en los centros educativos, por el machismo presente en nuestra sociedad, etc.
Entonces, la alternativa es escoger entre la vida y la muerte de estas mujeres. Mantener las cosas como están en nuestro país y otros de la región significa escoger la muerte, significa asumir que la mujer, una vez embarazada, ha perdido su condición de ser humano, de persona libre con dignidad e igualdad. Es hora de debatir y avanzar.
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