Los niños y su primera infancia representan a un actor olvidado. Nadie está interesado en la educación durante sus primeros cinco años de vida y, por lo tanto, es una nebulosa el funcionamiento de las capacidades técnicas y pedagógicas de las educadoras en todos los Centros Infantiles (CI) de Bolivia. Se requiere con urgencia una política pública definitiva sobre la educación y un apoyo sistemático en la primera infancia, cuyo propósito sea, precisamente, impactar favorablemente en el desarrollo cognitivo, socioemocional y físico de los niños y niñas, de manera que pueda optimizarse el desarrollo infantil temprano entre 0 y 5 años. Es imprescindible la aprobación de la Ley de la Primera Infancia que está, prácticamente, archivada en la Asamblea Legislativa.
En Bolivia, existen pocas alternativas para implementar servicios de formación pedagógica y técnica con calidad para las educadoras responsables del desarrollo infantil avanzado. Esta falencia hace muy difícil el fortalecimiento de los servicios de estimulación temprana, control de salud y nutrición de los niños, de acuerdo con estándares internacionales y con una visión de largo alcance para tener niños sanos, bien estimulados y “exitosos”. Ni qué decir del necesario mejoramiento de la infraestructura, puesto que las gobernaciones destinan pocos recursos para atender adecuadamente a los CI.
Asimismo, no existen políticas, ni regionales, ni nacionales desde el Ministerio de Educación, que permitan realizar un seguimiento y evaluación del desempeño de las educadoras, ni de sus impactos en el corto, mediano y largo plazo, o de sus retos para sentar las bases de una primera infancia adaptada a las necesidades de nuestro contexto actual. El abandono al que está sometida la primera infancia es un atentado en contra de sus derechos humanos.
Los Centros Infantiles tienen una cobertura y calidad variadas, frente a una también creciente demanda, sobre todo en el área rural y los sectores periurbanos de las ciudades capital. Sin embargo, se carece de estadísticas confiables y completas. De acuerdo con la Ley No. 70 Avelino Siñani y Elizardo Pérez de reforma educativa, se tienen los siguientes rangos de edad para garantizar la educación gratuita desde la primera infancia: de 0 a 3 años se considera la educación inicial no escolarizada, a través del trabajo en centros infantiles o visitas domiciliarias; de 4 a 5 años, destinada a la educación inicial escolarizada (pre-escolar en unidades educativas); y de 6 años en adelante es cuando comienza la educación primaria regular. Si bien la educación para la estimulación temprana tendría que ser parte del sistema educativo nacional, en los hechos no se le otorga ninguna importancia y, en la mayor parte de los casos, la educación inicial queda aislada y sujeta a una postergación premeditada.
El país tuvo algunas iniciativas importantes como el Programa de Atención a Niños y Niñas menores de 6 años (PAN) que implementó CI desde el año 2012, con un trabajo concentrado en los Gobiernos Autónomos Municipales (GAM); aunque bajo una supervisión somera y discontinua de parte de las gobernaciones y el Ministerio de Justicia. Sin embargo, la oferta de los servicios estuvo totalmente fragmentada, con variaciones en la cobertura, sin seguimiento a la calidad, ni a las modalidades de atención según la realidad departamental, municipal o local de las comunidades. Además, las áreas pobres periurbanas nunca se beneficiaron de una oferta institucional sólida.
Los problemas de dispersión y fragmentación de los esfuerzos para educar en la primera infancia chocan constantemente con la ausencia y el cambio de educadoras. Los CI no pueden otorgar estabilidad laboral para las educadoras, hay contratos cortos y el trabajo es inestable, lo cual dificulta los impactos positivos y sostenibles de la estimulación temprana, así como la calidad pedagógica en una intervención eficaz.
En el país, los Centros Infantiles no representan un escenario homogéneo de relevancia estratégica y valor educativo apreciado por la sociedad boliviana, pues están sometidos al déficit de educadoras en las áreas rurales o comunidades dispersas, soportando la ausencia de ítems que no son asignados por las gobernaciones o los gobiernos municipales en su debido tiempo y con una previsión de largo plazo. Todo es coyuntural e improvisado.
Los niños de 0 a 5 años están en el abandono y se requiere tomar en serio la aprobación de la Ley de la Primera Infancia, junto con un enfoque humanizado de la estimulación temprana. La primera infancia es una etapa fundamental de la vida, sobre todo en el periodo que es considerado como “situación de oro”: los 1.000 días desde la concepción hasta los 2 años. La sociedad boliviana y el Estado deben valorar la educación temprana dentro de los CI. Las familias también tienen que comprender que la educación en la primera infancia es una prioridad neurálgica multigeneracional.
Al mismo tiempo, existe poco interés de parte de las Gobernaciones en apoyo a la primera infancia, de manera que los CI no se fortalecen y el potencial de desarrollo psicomotor en los niños de 0 a 5 años queda afectado, incompleto, subestimado y, muchas veces, los efectos negativos del abandono son irreversibles. Si la estimulación temprana falla, entonces se compromete el desarrollo efectivo, no solamente en la educación primaria, sino también en el futuro desarrollo de la juventud y la vida adulta de los niños.
Los currículos en la formación de las educadoras y la atención de los niños en los centros infantiles son inadecuados, pues no existen sistemas efectivos para la atención integral de los niños beneficiarios. La mayor parte de los CI, tampoco realiza un monitoreo de la cobertura, el desarrollo medible de los niños, por ejemplo, mediante el uso constante de la escala de Nelson-Ortiz, con el objetivo de identificar posibilidades de mejoramiento.
La inexistencia de bases sólidas de calidad pedagógica y éxito previsible en los procesos de atención satisfactoria para la estimulación temprana y la estabilidad de los CI, exige un sistema educativo que no considere a los CI solamente como “guarderías”. Éstos deben ser escenarios institucionales de desarrollo infantil real con presupuesto sólido y planes estratégicos de largo aliento.
Los principales desafíos para el mejoramiento pedagógico parecen girar en torno a lo siguiente:
- Gozar de Centros Infantiles confiables para el cuidado diario de los niños y niñas pertenecientes a grupos vulnerables (zonas pobres y carentes de servicios de educación y salud).
- Tener infraestructura con salas de estimulación temprana, las cuales tengan la posibilidad de detectar a tiempo y tratar ciertos rezagos leves en el aprendizaje o cuando aparecen algunas discapacidades.
- Disponer de servicios itinerantes de estimulación temprana, en función de la demanda, por medio de visitas a las familias que hayan sido acreditadas como las más necesitadas.
- Capacitar a las educadoras en estrategias constructivistas para reducir ciertos efectos negativos cuando las educadoras prohíben muchas cosas que los niños quieren hacer, mediante amenazas al intentar controlarlos, o cuando encuentran fácilmente errores o faltas en los niños, lo cual ha hecho, en diferentes circunstancias, que las educadoras sean innecesariamente duras en aquellos momentos en que los niños gritan o hacen berrinches.
Es esencial reducir las amenazas de cualquier tipo de violencia, debido a que, en algunas situaciones, se ha detectado que las educadoras otorgan un alto valor a la obediencia, haciendo que emerjan algunas conductas de castigo sin explicación.
En síntesis, el país requiere de un compromiso social y estatal más proactivo para cuidar de la primera infancia y otorgar la importancia transcendental a sus educadoras, con la finalidad de modificar las actitudes de indolencia que ahora destacan en las gobernaciones y en los gobiernos municipales. La implementación de un currículo formativo complementario para las educadoras, en función de la identificación de estándares y supervisión de calidad en la atención, podría marcar el triunfo futuro, además de incentivar un debate sobre cuáles serían las mejores políticas para la primera infancia entre diferentes sectores institucionales: salud, educación, finanzas y derechos humanos.
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