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Entre el 2020 y 2021, el mundo y la sociedad boliviana han vivido un tiempo de pandemia y luto, pero es momento del propiciar el kairos que significa un tiempo apropiado y oportuno para la acción, las palabras o el movimiento.

Esta primera columna define kairos como el espacio para evaluar lo aprendido y propiciar la transformación. En ese sentido, aquí se plantean algunos cuestionamientos o preguntas que pretenden evaluar lo vivido.

La primera pregunta es cuánto hemos aprendido del proceso de dolor que cientos de familias bolivianas han atravesado, cuántos quedaron sin trabajo, cuántos arriesgaron sus vidas por atender a los enfermos y la perdieron tempranamente.

La Organización Mundial de la Salud estima que el número real de muertes por Covid-19 en el mundo podría estar entre los 6,8 y los 10 millones, según el informe sobre las Estadísticas Sanitarias Mundiales 2021 (21 de mayo de 2021).

En Bolivia, según el Observatorio Covid-19 del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz hubo 478.063 casos confirmados de personas infectadas y 17.989 fallecidos entre marzo de 2020 y agosto de 2021.

El Gobierno boliviano pasó de una temprana etapa de desconcierto y poca planificación a otra de excesivo uso de la fuerza, represión y política del miedo. En la actualidad, se vive una tercera fase relativa a una vacunación contra el coronavirus con 6.700.654 personas vacunadas con primera, segunda y única dosis, según los datos de la página web del Ministerio de Salud (27/09/2021). No obstante, según el INE (2018), Bolivia cuenta con 11.216.000 habitantes, la relación entre ambas cifras refleja que el 60% de la población aún no ha sido inmunizada.

Por tanto, otro cuestionamiento se refiere a cuán efectivas están siendo las campañas de vacunación, por qué avanza tan lento el proceso de inmunización que repercute en la protección de la vida de las personas. En esa misma perspectiva, todavía está pendiente la vacunación de niños, niñas y adolescentes entre 0 y 14 años, quienes representan el 29,8% de la población.

Siendo nuestro Estado el garante del derecho a la salud, se revela que esta labor aún está pendiente por razones de diverso tipo, entre ellas la falta de presupuesto adecuado, infraestructura y mayores espacios especializados de formación del personal de salud.

Adicionalmente, el otro “talón de Aquiles” de nuestro país es la educación. La emergencia sanitaria por Covid-19 dio lugar al cierre masivo de las actividades presenciales de instituciones educativas en más de 190 países con el fin de evitar la propagación del virus.

Según el Banco Mundial (22/01/2021), el coronavirus ha creado la peor crisis para la educación en un siglo porque debilitó seriamente el aprendizaje y aumentó la desigualdad. En abril de 2020, cuando se cerró el mayor número de escuelas, el 94% de los estudiantes (1.600 millones de niños) dejaron de asistir a la escuela en todo el mundo y aún unos 700 millones de alumnos estudian hoy desde su casa.

En nuestro país, el pasado 2 de agosto de 2020 el Gobierno transitorio de Jeanine Áñez decretó la clausura del año escolar, medida que afectó a unos 2,9 millones de estudiantes, según estimaciones de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en Bolivia.

Cuatro de cada diez adolescentes o jóvenes no asistieron a clases a través de plataforma alguna de internet, hecho que se agravó en el área rural donde existen menos ingresos económicos y posibilidades de acceso a la web, de acuerdo con los resultados de la encuesta “La continuidad educativa durante la cuarentena” (Unicef Bolivia, 2020).

En febrero de 2021, según el sitio web del Ministerio de Educación, las clases se reiniciaron en Bolivia en las modalidades virtual en el área urbana, semipresencial y presencial en áreas rurales. Estas tres modalidades fueron reforzadas con la plataforma educativa gratuita Moodle, la franja educativa Educa Bolivia a través de clases transmitidas por radio y televisión a través de 11 medios de comunicación privados y la televisión estatal, y la entrega de cartillas educativas.

Las preguntas que necesitan respuestas son: ¿A cuántos niños, niñas, adolescentes y jóvenes se ha beneficiado? ¿Cuántos maestros, maestras y docentes universitarios han sido capacitados? ¿Cuál ha sido la calidad en la educación impartida y cuál el aprendizaje logrado por los estudiantes? A pesar de habilitarse instancias alternativas de educación virtual y a distancia, ¿cuántos estudiantes pudieron tener acceso a internet o a los dispositivos electrónicos necesarios para acceder a la educación? ¿De qué manera los medios de comunicación, en especial gubernamentales y comunitarios, deberían recuperar su rol educativo?

Son interrogantes que precisan una auditoría educativa al igual que una auditoría en salud, pero no sólo desde instancias del Estado, sino desde la participación y control social de los actores sociales: juntas escolares, asociaciones de padres de familia, asociaciones de estudiantes de secundaria, federaciones de universitarios, organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la educación y la salud (colegios de médicos, profesionales y maestros). Es tiempo de asumir que el Estado sigue fallando, como lo hicieron muchos gobiernos, en su tarea de garantizar el derecho humano a una salud y educación de calidad. Es tiempo también de tomar la crisis que vivimos como la oportunidad para buscar respuestas, soluciones de forma corresponsable. Es tiempo de sembrar futuro desde las lecciones aprendidas, desde la esperanza.

*Sandra Tatiana Villegas Taborga posee una Maestría en Comunicación Estratégica y un Diplomado de Investigación de la Comunicación de la Universidad Andina Simón Bolívar. Es docente universitaria y autora de los libros: “Medios de comunicación y violencia de género en La Paz. Diagnóstico y pautas para una política municipal” (PIEB-GAMLP, 2015), Situación de la demanda laboral de comunicadores de la UMSA (2019) y co-autora de Análisis del Desarrollo Mediático en Bolivia. Basado en la aplicación de los Indicadores de Desarrollo Mediático de la UNESCO (2017). Actualmente, es responsable de la Dirección Académica de la Asociación Boliviana de Investigadores de la Comunicación (ABOIC).

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