Una vez más se requiere modificar la Constitución Política para adaptarla a una serie de exigencias y demandas de la realidad, aunque no sabemos si será posible un nuevo tipo de gobernabilidad. De hecho, el Órgano Judicial está sumergido en una descomposición institucional tan extrema, que las cláusulas constitucionales son simplemente letra muerta e inútil para los magistrados, cada vez más corruptos, más cínicos y más incompetentes. Sin embargo, algo que sí tendría un impacto efectivo es la modificación constitucional para clarificar el fondo y probables nuevos alcances de un “modelo de Estado federal”.
Los referendos, que aprobaron los estatutos autonómicos y el conjunto de conflictos políticos que se desarrollan en los espacios territoriales de la denominada “media luna” de Bolivia, marcaron la necesidad de reabrir otro tipo de pactos de gobernabilidad, esta vez entre el gobierno central y las tendencias a conformar gobiernos descentralizados en Santa Cruz, Tarija, Beni, Pando y Chuquisaca. Así se abrió paso un nuevo campo de poder que ahora estimula la discusión sobre federalismo en el país. La Constitución y el conjunto de regulaciones sobre las autonomías municipales, departamentales, indígenas o regionales, generan las condiciones necesarias para materializar una estructura federal. De hecho, la oficina dentro del Poder Ejecutivo, denominada “Servicio Estatal de Autonomías”, es un esfuerzo superfluo, pensado únicamente para tratar de restringir el desarrollo de las funciones autonómicas desde el poder central.
El antiguo esquema del sistema político donde existía una influencia categórica de los pactos de gobernabilidad en el sistema de partidos políticos, se desplazó hacia otra estructura donde la relación entre el gobierno y los diferentes bloques de oposición están sujetos a la dinámica de las gobernaciones, comités cívicos y organizaciones corporativas regionales que defienden la descentralización política y territorial como un nuevo “eje de poder”. Esto está desatando un conjunto de problemas de ingobernabilidad desde el año 2009 y, ahora, con las propuestas de federalismo, se da inicio a una serie de incertidumbres sobre el futuro de la estabilidad democrática.
La acción de los partidos políticos no sólo fue víctima de un profundo desprestigio ante la opinión pública, sino que también perdió capacidad de movilización, propuesta y negociación de espacios de poder. Los partidos han sido rebasados, tanto por organizaciones civiles, movimientos sociales y grupos corporativistas con fuertes intereses territorial-regionales. Por lo tanto, el sistema político boliviano dejó de ser una estructura de mediación afincada en el monopolio de los partidos, para dar paso a las mediaciones descentralizadas y el nacimiento de una estructura y campos de poder federal desde los departamentos y las gobernaciones de Bolivia.
En toda América Latina, los partidos políticos también perdieron aceleradamente el monopolio de la representación y canalización de las demandas sociales y políticas, apareciendo nuevos espacios que privilegian más lo regional y local, en lugar del Estado Nacional. Esto significa que en Bolivia han irrumpido un conjunto de micro-sociedades y micro-espacios para el ejercicio del poder que buscan conformar un nuevo armazón político e institucional, mediante las autonomías departamentales, municipales y un conjunto de nuevas visiones en torno al federalismo con descentralización política, económica y “soberanías locales”.
Posiblemente, las demandas hacia el sistema político y la democracia en Bolivia siempre reivindicaron espacios regionales donde la ciudadanía pueda tomar decisiones que afectan su vida cotidiana. De aquí nace la importancia de la comunidad regional, local y los barrios marginales, destacándose la institucionalidad de los gobiernos municipales, las gobernaciones y las autonomías indígenas.
Las demandas de federalismo ahora nos hacen ver que en la Bolivia del siglo XXI, las nuevas mediaciones del sistema político se asientan en las pugnas de poder de caudillos locales en la renacida estructura territorial de la media luna, que son esferas de intereses políticos identificados con reivindicaciones de carácter focalizado en territorios específicos y donde se van disolviendo las visiones más abarcadoras concentradas en lo nacional. Es por esto que el Movimiento Al Socialismo (MAS) y aquellos sectores nacionalistas rechazan los planteamientos autonómico-federalistas, acusados de ser grupos antipatrióticos que responden a algunas oligarquías localistas.
Entre 1985 y el año 2005, las mediaciones entre el Estado y la sociedad fueron partidarias y las estrategias de gobernabilidad se llevaban a cabo mediante pactos entre los partidos políticos. Las estrategias de acción de los partidos estaban concentradas en su posicionamiento dentro del Parlamento y junto al trabajo de las bancadas regionales, mientras que la sociedad civil era el recipiente de demandas hacia el Estado y el sistema político que debían considerar necesariamente a los “partidos nacionales” como instrumentos dominantes de mediación.
Ahora, las estrategias de movilización están fuertemente unidas a las organizaciones sociales y sindicales que desconocen la institucionalidad del Parlamento y el equilibrio de poderes en la democracia representativa, lo cual impulsa al mismo tiempo a los gobiernos regional-departamentales y las demandas de una mayor autonomía que se caracterizan por ser los nuevos escenarios e instrumentos de poder federalizado.
Las estrategias departamentales nacen de los grupos cívicos y corporativos que no responden a los partidos. Los intereses regionales obedecen a orientaciones más restringidas, pues la acción de múltiples gobiernos subnacionales, definitivamente, convirtieron a la autonomía regional en otra estructura de poder en Bolivia. La gran pregunta es si este campo de poder federalista terminará destruyendo las bases de la gobernabilidad, o abrirá nuevos espacios de equilibrios políticos y pactos descentralizados para garantizar la estabilidad de un nuevo Estado más eficiente, útil y más democrático.
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