Resulta preocupante la situación en la que ha quedado Bolivia después de las elecciones de octubre y de las reacciones ciudadanas contra el burdo fraude cometido por el gobierno de Evo Morales en complicidad del Tribunal Supremo Electoral, la irremediable renuncia a la presidencia, la del vicepresidente y la presidenta de la Cámara de Senadores y el Presidente de la Cámara de Diputados, así como la asunción al mando del Estado de la Sra. Jeanine Añez.
Por un lado, la mayoría de las personas, particularmente de los centros urbanos de las ciudades capital y las provincias como Quillacollo, Montero, Sacaba, El Alto y otras, se encuentran todavía en estado de shock por las horas de terror que les tocó vivir a partir de la instrucción que dio el expresidente Juan Evo Morales a sus seguidores para que cerquen las ciudades, les priven de alimentos y marchen sobre ellas.
El nivel de violencia fue de tal magnitud que aún viendo por la televisión a miles de kilómetros se podía sentir el horror que estaban viviendo quienes se habían atrevido a poner en tela de juicio el cuarto triunfo electoral de su excelencia y, peor aún, haber mantenido un bloqueo de calles y avenidas con objetos de lo más risibles como juguetes de niños y niñas y las célebres “pititas” por espacio de 21 días.
Al grito de “guerra civil”, hombres y mujeres armados de palos, piedras y cuanto objeto encontraban, corrían por las calles como enajenados y sin medir en su verdadera dimensión el significado de sus palabras. El odio y el resentimiento sembrado a lo largo de cerca a 14 años daban sus frutos; personas totalmente convencidas de que la denuncia de fraude no era sino la expresión del racismo y discriminación de quienes no abrazaban la causa del “proceso de cambio” y odiaban al presidente por “ser indio”. Las muertes, cuya autoría tendrá que investigarse con absoluta transparencia e imparcialidad , no fueron obstáculo para que los cabecillas continúen con el plan trazado por estrategas del conflicto altamente cualificados.
Sin embargo, lo que no podemos dejar de tomar en cuenta es que, además de la penetración del discurso de víctima en el inconsciente de los/as militantes o simpatizantes del masismo, estaban en juego intereses muy poderosos como el contrabando y el tráfico de drogas en las dos zonas en que más violentas se mostraron las turbas, tanto que, no obstante el pedido expreso de una buena parte de los vecinos/as de poner fin a los enfrentamientos y los bloqueos que tanto perjuicio económico les causaba, sus dirigentes se mantuvieron firmes en su decisión de evitar la normalización de las actividades, obligando a que las fuerzas de seguridad permanezcan en los centros urbanos, evitando mayores actos de violencia que ya habían costado muchas vidas, provocando heridos y destruido bienes del Estado y particulares como el incendio de cuarteles policiales, buses de transporte municipal, así como el incendio de la casa de Waldo Albarracín y de la periodista Casimira Lema.
Si bien es cierto que poco a poco se van normalizando las actividades en el territorio nacional, nadie puede asegurar que esta paz sea duradera, ya que en cualquier momento los dirigentes que, en apariencia, responden a una ideología de izquierda, volverán a convocar a sus bases para generar conflictos cada vez más violentos, sin importarles el daño que causen a la sociedad, al Estado y a sus propias familias, pues si tienen hijos menores de edad, estos al igual que los demás niños fueron perjudicados en sus estudios, como también los estudiantes de institutos o universidades.
Por donde se quiera mirar el gran conflicto provocado por el fraude electoral y las consignas perversas del expresidente Morales y el líder suplente de las seis federaciones de cocaleros del trópico de Cochabamba y algunos dirigentes que en El Alto responden a los grupos de contrabandistas ha provocado y continúa provocando perjuicios que no será posible dimensionarlos sino en el mediano plazo y, como es obvio, los más perjudicados siguen siendo los sectores más pobres, para quienes se hace cuesta arriba competir en el mercado laboral.
Se dice que esta tensión tiene como objetivo generar las condiciones para que Evo vuelva al país y ejerza la Presidencia del Estado, expectativa que por donde se mire resulta irrealizable en el corto plazo y eso lo saben muy bien los actores. Pero entonces, ¿por qué mantener la resistencia a que el Estado funcione de manera regular en las referidas zonas? Conociendo de años y desde muy cerca la zona productora de coca podemos afirmar que todo responde a un plan perfectamente elaborado por los poderes fácticos instalados en el lugar, pues cuando el Estado hace presencia, así sea con carácter simbólico, con la Policía o el Ejército, supone que los encargados del millonario negocio del narcotráfico deben adoptar ciertas precauciones, no tanto por la acción que podrían realizar directamente los agentes de seguridad, sino por la información que puedan acumular y transmitir sobre las actividades que allí se realizan en el día y en la noche.
En consecuencia, lo menos beneficioso para los referidos poderes es la ausencia de conflictividad, de ahí el empeño que ponen en generar problemas y la facilidad con la que movilizan a miles de personas, teniendo el cuidado de que las que encabecen sean mujeres, mejor si están cargadas de sus hijos/as, para que, en caso de ser reprimidos, como es natural, la población se ponga de parte de las personas movilizadas por solidaridad con las mujeres que resultan siempre las más afectadas.
Tomando en cuenta la cantidad de población estable y flotante que existe en el trópico de Cochabamba, pese a los miles de movilizados, la mano de obra para realizar el trabajo de elaboración y transporte de la droga se halla perfectamente cubierta y la pueden llevar adelante con absoluta tranquilidad. No existe riesgo de interrupción, no existe posibilidad de ingreso de intrusos, el bloqueo reivindicativo y disciplinadamente cumplido lo impide. Por otro lado, las fuerzas policiales se hallan ocupadas en cuidar las ciudades a las que las y los afiliados a las seis federaciones de productores de la sagrada hoja de la coca las mantienen bajo constante amenaza de cerco.
Siendo esta la cruda realidad cabe preguntarse si habrá posibilidad de normalización de las actividades en las instituciones del Estado y la empresa privada del país. Lo cierto es que dependerá de los requerimientos de los mayoristas instalados en Brasil, México y Venezuela. Me temo que en la medida en que aumenta la demanda, la inestabilidad social y política es mayor en el país.
Al final en Bolivia se sabe quiénes pierden y quiénes ganan en los estados de convulsión social, particularmente cuando las demandas poco o nada tienen que ver con la satisfacción de necesidades básicas de la población, el respeto a los derechos humanos o de lucha contra el flagelo de la corrupción que día a día nos empobrece no solo en lo económico, sino en nuestra condición humana.
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