Sobre la violencia contra las mujeres en Bolivia mucha tinta se ha gastado y se ha hablado durante todos estos años, mientras las cifras de feminicidios y violencia sea física, sexual, psicológica, moral y/o simbólica, entre algunas de las más importantes, suben cada año sin que el Estado y sus diferentes instituciones hagan algo estructural. Solamente -y como siempre- van llenando de parches el sistema de justicia, la Fiscalía y la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (FELCV).
Con la promulgación de la Ley 348, en marzo de 2013 para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, se entendía que se daba el primer paso serio para lograr cierta integralidad y una política pública con mecanismos, medidas y políticas de prevención, atención y protección en relación a las mujeres en situación de violencia, así como la persecución y sanción a agresores, contra un problema no solo presente en nuestro país, sino en el mundo entero, ya que la violencia hacia la mujer en todas sus formas es un problema estructural, social, político, económico e incluso de salud pública, al ser la expresión de la sociedad patriarcal.
Esta sociedad en la que vivimos, quiérase o no, es machista. Se ejerce la violencia para controlar a las mujeres, mantener la desigualdad y la discriminación, mediante el daño, el sufrimiento, el miedo y el castigo. Y si nos fijamos un poco con ojo crítico y quitándonos el disfraz de machos, la veremos en casi todos los espacios de la vida, en los centros laborales públicos y privados, en la universidad (mucho), en la escuela y, por supuesto, en el hogar.
En ese sentido, solamente el analizar el problema desde la óptica penal no será nunca la solución al mismo. Cada vez que hay noticias graves como las acontecidas hace unos días con las muertes de Wilma Fernández Quispe y Valeria Mercado se escuchan las voces irracionales de aumentar la pena por el delito de feminicidio. Algunos actores político-partidarios comienzan a comprometer sanciones más duras, pena de muerte, castración química y todo aquello que la ciencia del derecho y otras ya hace mucho tiempo han expresado que son inútiles a la hora de evitar que un hombre golpee, viole, veje, insulte y finalmente quite la vida a una mujer.
Por ello el tema va más allá... Son nueve años desde la promulgación de la Ley 348, pero ¿algo se ha avanzado en el sistema educativo?, ¿algo ha cambiado en la violencia de género en las universidades públicas y privadas?, ¿alguien ha visto una política preventiva en los diferentes municipios del país?
Si queremos cambiar la mentalidad patriarcal y machista debemos ir a las bases. Si bien la escuela no es el motor más grande de transformación en la historia; pero no cabe duda de que es un terreno que instala y gesta cambios de paradigma. Lo que ocurre en el sistema educativo permite saber si una sociedad se estanca o avanza. Por eso, vale la pena dar el paso desde la docencia y transitar hacia una enseñanza sin violencia de género, sin estereotipos ni referencias sexistas; una escuela que no busque la dominación, sino la colaboración, la complementariedad y justicia.
¿Pero eso está ocurriendo en Bolivia? Parecería que se sigue educando como hace 30 o 40 años, de forma tradicional y conservadora. Basta con observar que no se enseña de manera adecuada la temática de derechos sexuales y derechos reproductivos. Más allá, irá al cadalso quien intente introducir temáticas como orientación sexual y diversidad de género, como si fueran malas palabras y no realidad.
Una profesora de inicial y otra de primaria me comentaban alguna vez que cuando los niños llegan a la educación formal con cuatro años, juegan sin problema a las cocinitas, con los bebés, a limpiar, a planchar, pintan sin problema con colores rosa y morado, se disfrazan, lloran sin que nadie les diga que parecen “una nenita”… y de pronto, cuando están en primaria, con cinco o seis años, les dicen a sus maestras/os que “el rosa es de chicas”, que no juegan a tal cosa porque “es de chicas”, “que la chicas son débiles y, por eso, no las quieren en su equipo” o incluso lloran si les toca un personaje femenino a la hora de hacer marionetas o teatro y no quieren hacerlo. Entonces, estas maestras se preguntaban qué estaban haciendo mal o de manera insuficiente para que ocurra esto.
Es evidente que el hogar, la sociedad, la publicidad, los estereotipos y el lenguaje, entre otros factores, son los que mantienen esta organización social androcéntrica en la que los hombres constituyen el sujeto de referencia y las mujeres están invisibilizadas o excluidas; una sociedad en la que se generan actitudes y comportamientos que discriminan o desvalorizan a las mujeres por considerarlas inferiores con respecto a los hombres.
Estos mismos valores se mantienen y muchas veces crecen en la educación secundaria y en la superior. Un pequeño estudio realizado en la Universidad Católica Boliviana el año 2021 mostraba resultados sumamente preocupantes, en que la mayoría de las participantes en su relación con sus compañeros, “sintió que le hacían menos por su manera de pensar (36,6%), le hicieron comentarios y bromas sexistas (46,4%), recibió comentarios sobre su cuerpo fuera del aula (41,1%), sintió que se acercaban demasiado invadiendo su espacio personal (31,5%), le miraron haciéndole sentir incómoda durante clases (36%) y fuera del aula (43,5%), y se sintió denigrada por ser mujer en el contexto universitario (27,6%)”. A la vez en la relación docente y estudiante mujer, “los datos más llamativos son que la mayor parte de las encuestadas sintió que le hacían menos por su manera de pensar (39%), le hicieron comentarios y bromas sexistas (31,9%), recibió comentarios sobre su cuerpo fuera del aula (12,6%), sintió que se acercaban demasiado invadiendo su espacio personal (18,5%), le miraron haciéndole sentir incómoda durante clases (22,1%), se sintió denigrada por ser mujer en el contexto universitario (28,1%) y le ofrecieron manipular sus calificaciones a cambio de una cita o relaciones sexuales (5,4%)”.
Este estudio que puede, en cierta forma, verse reflejado en las diferentes universidades plantea la necesidad de trabajar en el sistema universitario en la deconstrucción de la masculinidad violenta y ser un segundo filtro de posibles conductas que desemboquen en mayores grados de violencia en los espacios laborales y familiares.
Ya viene siendo hora de que el Estado asuma con seriedad este tema con medidas articuladas, ordenadas y programadas principalmente en el ámbito preventivo. Como vemos, la escuela y la universidad pueden ser lugares adecuados. Ya basta de solo discursos, declaraciones y acciones simbólicas sin resultado integral. El mostrar a los autores de los macabros hechos de estos últimos días, no hará que los potenciales feminicidas y aquellos que ejercen violencia de distinto tipo contra las mujeres retrocedan o mediten sus acciones; ejercerán su poder, aquel que el Estado y la sociedad les permite, aquel con el que han crecido y se han formado, aquel que les dice que son hombres y, por lo tanto, son fuertes y machos para considerar a las mujeres un objeto de su pertenencia que pueden golpear, insultar, denigrar y asesinar.
Por todo esto, el Estado debería pedir disculpas a Wilma y Valeria y a las miles de víctimas por lo que no hizo para prevenir sus muertes y comprometerse a cumplir su rol y sus compromisos con los derechos humanos de las mujeres.
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