La empresa minera 2 de Agosto y la cooperativa minera Miyuni Alfapampa recibieron licencias ambientales para operar cerca del río Chico. Sus desechos contaminarían las aguas que riegan los sembradíos de al menos 750 familias productoras de frutas y legumbres de las localidades del Chaco, Surima, Mojtulo y Chuqui Chuqui en los distritos 6 y 7 (periurbanos) del municipio de Sucre.
Ante esa situación los comunarios iniciaron un bloqueo de la carretera Sucre-Cochabamba el lunes 6 de enero y marcharon este miércoles 8 en la plaza 25 de Mayo en demanda de la suspensión de las autorizaciones a empresas mineras. Cerca al mediodía un grupo de trabajadores mineros llegó a las inmediaciones de esa plaza principal para intentar enfrentarse con los pobladores, pero fuerzas policiales lograron contener la violencia. El gobernador de Chuquisaca, Damián Condori, anunció este mismo miércoles la revocatoria de esas dos licencias ambientales (Correo del Sur digital, 08/01/2025).
Este caso concreto es una muestra más de la delicada situación que vive nuestro país, a punto de cumplir 200 años. La irracional explotación de los recursos naturales no renovables en nuestro territorio sigue poniendo en peligro el ecosistema en varias regiones. Muchos reportajes periodísticos y varias organizaciones defensoras del medio ambiente han denunciado que las empresas mineras contaminan y destruyen a su paso la vida de ríos; afectan al riego de la producción agrícola y el sustento de miles de familias que viven de ese consumo y la comercialización de lo que producen.
Por ello, es vital que todos los comunarios y ciudadanos estemos alerta para denunciar y defender nuestros territorios. No es posible negociar la vida de quienes habitamos en este país. En el caso concreto de las comunidades de los distritos 6 y 7 en Sucre, ¿no se hicieron estudios de riesgo medio ambiental antes de autorizar esas licencias?, ¿quién o quiénes son responsables de dar esas autorizaciones para depredar y contaminar la naturaleza en esa región?, ¿será este otro ejemplo de corrupción financiada por empresas mineras?
La movilización de las comunidades fue contundente y oportuna, y por fortuna la Gobernación de Chuquisaca anuló esas dos licencias de explotación, pero ¿qué pasó con la Alcaldía? Hasta ahora no se conoce pronunciamiento de esa repartición estatal.
Lo inaceptable es la arrogancia de algunos trabajadores mineros que intentaron enfrentarse con violencia a los comunarios ante una protesta de éstos. ¿El derecho a trabajar de un minero está por encima de las leyes medioambientales y el derecho a una vida digna de otros cientos de bolivianos y bolivianas? No lo creo.
Desafortunadamente algunos sectores sociales autodenominados “populares” y “proletarios” son utilizados con fines económico-empresariales para devastar nuestra naturaleza pisoteando la propia Constitución Política del Estado y la Ley del Medio Ambiente. De forma semejante avasalladores y loteadores de tierras fiscales e incluso privadas toman predios sin autorización y con violencia, incluso secuestran y torturan policías y periodistas (caso Las Londras, 28/10/2021).
No podemos permitir que se negocie política ni económicamente la vida, de permitirlo habremos perdido todo principio de justicia y respeto entre semejantes. El control social y la participación activa para defender nuestros derechos humanos son el mejor camino a seguir.
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