En el ámbito de quienes trabajamos por los derechos humanos, cada gestión que finaliza nos suele dejar un sabor agridulce, por supuesto más agrio que dulce, y con la preocupación puesta en el siguiente año que inicia.
El sabor que nos dejará este 2022 que se va no será diferente. Ya tenemos contabilizados 90 feminicidios y más de 30 mil casos de violencia contra la mujer y niñez reportados, lo que nos pondrá seguramente a la cabeza de este flagelo en la región.
La situación de embarazos adolescentes y matrimonio forzado de menores de 18 años es alarmante, con cifras que casi no se pueden creer: 19 niñas y adolescentes, en promedio, entran en gestación por día en Bolivia, seguramente la mayoría abusadas sexualmente, lo que debería ponernos los pelos de punta.
La situación de grupos vulnerables como son las personas con discapacidad, privadas de libertad, adultos mayores, migrantes y otros sigue siendo alarmante y frustrante, dada la dejadez estatal para su cuidado y asistencia. Ni qué decir de los pueblos indígenas, fundamentalmente de la Amazonía, condenados por la política económica vigente, amenazados por la industria minera e hidrocarburífera, el agronegocio y la sobreexplotación forestal. Sus poblaciones están siendo envenenadas por mercurio y otros metales pesados, se ataca sus tierras y territorios, su forma de vida y su cosmovisión, lo que los empuja cada día a una suerte de lento genocidio o asimilación forzada para lograr sobrevivir.
No debemos olvidar la situación del medio ambiente en nuestro país, donde al parecer el Estado no tiene la intención de actuar para asegurar un entorno adecuado para las siguientes generaciones, vulnerando nuestros derechos; dejando solo a nivel de discurso el cuidado de la madre tierra que se presenta en foros y encuentros internacionales. Basta ver que el cuidado de las áreas “desprotegidas” para 2023 en el Presupuesto General del Estado, que tiene el mismo presupuesto que el mantenimiento y uso del avión presidencial. Suficiente ejemplo para darnos cuenta de que la Pachamama tendrá que vérselas sola para protegerse a ella misma con la ayuda de la cooperación internacional que apoya lo que muchos sectores desean destruir.
Asimismo, debemos observar la falta de garantías y mecanismos para el derecho a la información, a la libre asociación, a la libre expresión, protesta y reunión pacífica, participación social, que quiérase o no afecta directamente a toda la sociedad civil y se convierte en un entorno precario para el ejercicio de derechos civiles y políticos.
Bolivia no cuenta con una ley de acceso a la información, a pesar de los esfuerzos y protesta de muchos sectores que exigen esta normativa, la cual permitiría un control social y ciudadano adecuado, y por eso se constituye en el terror de los gobernantes.
De la misma manera, todavía existe un medio ambiente poco adecuado para el derecho a la asociación. Quizá usted lector no se dé cuenta, pero obviamente si desea establecer su asociación de amigos de algún juego, no será muy complicado, pero pregúntese si podrá hacer lo mismo, si su intención es establecer una ONG, fundación o asociación de ayuda a los pueblos indígenas afectados por la minería cooperativa aurífera o de reforma judicial, de lucha contra la violencia estatal, una nueva Central de Trabajadores, ahí comprobará lo afirmado.
Si bien parecería que tenemos libertad de expresión y de prensa, porque podemos publicar en nuestras redes sociales, en medios de comunicación tradicionales y digitales, y decir más o menos lo que pensamos, quizá los periodistas que fueron atacados en “Las Londras” en Santa Cruz, o aquellos que sufrieron lesiones durante el paro cívico en ese mismo departamento por parte de los diferentes actores, o los ejecutivos de Los Tiempos tengan algo que decir al respecto; aquellas y aquellos comunicadores que fueron protagonistas de los más de 170 casos que según organizaciones de la sociedad civil se reportaron de ataques contra la libertad de prensa, puedan opinar sobre el estado de situación de esta libertad.
Un tema en el que se ha gastado mucho tiempo y tinta sigue siendo la reforma de la justicia. Como sabemos, no podrá haber garantía para los derechos humanos, sin un sistema de justicia que responda a las necesidades de la población. ¿Hasta cuándo continuaremos exigiendo que el Estado boliviano atienda ese sistema de justicia que cada día está más hundido en el lodo? Está pasando un año más en el que las recomendaciones realizadas por el GIEI y el Relator de Independencia Judicial de Naciones Unidas siguen siendo desoídas, omitidas en lo que conviene.
Ahora, se ha dado curso a una iniciativa ciudadana de un grupo de jurisconsultos para un referéndum de reforma a la justicia que se realizaría el 2023. Al parecer no fue fácil, por las muchas piedras en el camino que se les puso, además de las presiones a las que sus miembros fueron sometidos, que incluso provocaron el alejamiento de muchas y muchos abogados connotados. Pero se constituirá en un acontecimiento histórico, al cual, el Gobierno con sabiduría debería unirse y no ponerle zancadillas, pues tiene el fin de buscar elementos que mejoren el sistema de justicia. Quizá no sea la solución máxima, pero sí un buen comienzo, principalmente con respecto a la elección de máximas autoridades del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional, que se nos viene el próximo año y que si no se le pone la atención adecuada, será un tercer fracaso.
Hay mucho trabajo en la temática de derechos humanos, más aún con la crisis económica que se avecina, y que a pesar de los grandilocuentes discursos y propaganda afectará los bolsillos de todas y todos. La sombra de la pobreza campea en Bolivia. Los datos de diversas organizaciones y gente experta no mienten, si es que no se los tortura claro, por lo que es importante mirar este aspecto con la preocupación necesaria, porque el bienestar de bolivianos y bolivianas en el ejercicio de sus derechos a la alimentación adecuada, salud, vivienda, vestido, trabajo, educación, etc. puede estar en un grave riesgo.
Como se ve, en este repaso de situación, sin querer hemos hecho un listado de los pendientes en derechos humanos más urgentes para 2023 y que deben ser analizados y vistos por las entidades competentes para poner manos a la obra y centrarse realmente en su solución, disminución y atenuación. Esperemos que así sea y que la esperanza de mejores días continúe presente en cada una o uno de nosotros durante el nuevo año que ya está a la vuelta de la esquina.
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