Es muy preocupante, día que pasa la situación económica se pone más difícil. Con la inflación, el poder adquisitivo de nuestra moneda se debilita a pasos agigantados. A finales del siglo pasado e inicio del que ahora vivimos esta situación se podía de cierta manera enfrentar cambiando rápidamente la moneda local a dólares, pero ahora tampoco esto se facilita para nada.
Los medios de comunicación refieren que el dólar se encuentra a más de 13 bolivianos y las proyecciones no son nada halagüeñas. Esto provoca que las familias tengan que empezar a realizar el ajuste obligado de cinturones, consumiendo mucho menos, evitando gastos dispendiosos, buscando alternativas que les permitan estirar sus ingresos lo más posible, pero ya se empieza a notar desesperación.
Estos problemas comienzan a hacer efecto en otros aspectos más de tipo social, puesto que los problemas económicos tienen una implicancia directa, por ejemplo, en el tema de la violencia y la desarticulación familiar. Ya se escucha más seguido que las entidades de protección de niñez y adolescencia, así como la Policía Boliviana, recogen recién nacidos o bebés, muchas veces de días, abandonados a su suerte en algún lugar baldío o público.
Por otra parte, los problemas de las familias para tener un nivel de vida adecuado obliga a muchos niños, niñas y adolescentes a salir a buscar sus medios de subsistencia, puesto que sus padres no pueden hacerlo. En varios casos esta población debe dejar sus estudios y otras actividades. En resumen, destruir o mínimamente afectar de forma grave su proyecto de vida.
Por otra parte, tenemos que la violencia en la familia en Bolivia es cada vez más recurrente. De acuerdo a datos de la Defensoría del Pueblo publicados el Día del Niño (12 de abril), en 2024 se registraron 38 casos de infanticidio, lo que representa un incremento del 52% con respecto a 2023, que reportó 25. En 11 de estos casos, los perpetradores fueron los padres y en 7, las madres.
Agrega la entidad defensorial: “A esta grave realidad se suma el aumento sostenido de la violencia sexual. Hasta el 31 de marzo de 2025, la Fiscalía General del Estado registró 457 casos de estupro (…). Asimismo, se reportaron 512 casos de violación a infantes, niñas, niños y adolescentes”. Este tipo de violencia, sumado a la física, psíquica y moral, hace que una cantidad considerable de niñez y adolescencia busque la calle como espacio de vida.
Decimos una considerable puesto que, si bien la niñez y adolescencia en general se consideran una población en situación de vulnerabilidad, la que se encuentra en situación de calle o en riesgo alto de caer en esa condición está todavía mucho más expuesta a peligros indecibles, pero al mismo tiempo, se convierte en casi invisible para la mayoría de la ciudadanía que, por el contrario, trata de segregarlos, castigarlos, obligarlos a volver a sus hogares y al final, esconderlos como basura bajo la alfombra.
Diversas organizaciones internacionales estiman que existen aproximadamente 150 millones de niños, niñas y adolescentes en la calle, pero datos de Bolivia no tenemos, sólo la experiencia de ver y algunas veces compartir con ellos y ellas en espacios públicos, mercados, ferias, canales, puentes, parques, canchas, lotes baldíos, que son su cama, su techo, su comedor, su sala de juegos, donde sentirán dolor, angustia, pena, tristeza, alegría, y amor, pero desgraciadamente también todos aquellos males de la sociedad como violencia incluso estatal, los vicios más perversos, siendo víctimas de tratantes, narcotraficantes, proxenetas, policías, etc.
El Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas define a los niños en situación de calle como: “(a) niños que dependen de la calle para vivir y/o trabajar, ya sea solos, con amigos o con su familia; y (b) una amplia población de niños que tienen conexiones fuertes con espacios públicos y para los cuales la calle tiene un papel crucial en su día a día e identidad. Esta amplia población incluye a los niños que periódicamente, aunque no siempre, viven y/o trabajan en la calle y a los que no viven o trabajan en la calle, pero sí acompañan regularmente a sus compañeros, hermanos o familia en la calle”.
Ésta es una realidad palpable y cruda, como se dijo: estos niños, niñas y adolescentes sufren día a día lo peor de la sociedad, por eso necesitan del Estado como quizá nadie, porque su familia en la mayoría de los casos es la que provoca su situación y la que los obliga a buscar la calle como su lugar de vida. Por eso, todos los niveles de gobierno deberían mirar más esta problemática y garantizar el ejercicio de sus derechos, brindarles educación especial y adaptada a su situación, apertura a los servicios de salud, educación sexual, tratamiento de desintoxicación y hogares sustitutos o más instituciones bajo los modelos de Alalay, Aldeas Infantiles SOS, Fundación Arco Iris, Fundación Maya Paya Kimsa, entre algunas que hacen un trabajo extraordinario y que han dado fantásticos resultados para recuperar a muchos niños, niñas y adolescentes que hoy son ciudadanos y ciudadanas ejemplares, y que aportan a la sociedad a pesar de haber conocido la peor de las oscuridades de vivir en la calle.
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