Las y los bolivianos sabemos que en democracia, como en la vida misma, los finales no son un accidente: son parte del pacto. Una autoridad debe marcharse cuando ha cumplido su misión o, más aún, cuando el último día de su mandato constitucional ha llegado. La Constitución Política del Estado es categórica: los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) tienen un mandato de seis años. Ni un día más, ni un día menos. Ese límite, que debería ser incuestionable, hoy se ha convertido en motivo de incertidumbre y riesgo institucional.
El 19 de diciembre de 2019 fueron posesionados la mayoría de los actuales vocales. En consecuencia, su gestión concluye en diciembre de 2025. Hasta ahí, todo parece claro. Sin embargo, la realidad política ha tejido un nudo que amenaza con estrangular la institucionalidad. La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), encargada de designar a los nuevos mediante dos tercios de votos, finalizará su mandato el 8 de noviembre de 2025. Los legisladores entrantes asumirán después de esa fecha y, aun con la mejor voluntad, será casi imposible que instalen un proceso de selección que garantice postulaciones, evaluaciones y designaciones antes de que el calendario expire.
Ese vacío temporal abre la puerta a la tentación de la permanencia: la idea de que, en nombre de la “continuidad institucional”, las autoridades electorales puedan mantenerse más allá de lo que manda la Constitución. En el propio debate legislativo, desde el oficialismo se ha reconocido que ya no existe el peso político suficiente para llevar adelante la designación de nuevas vocalías, y también se ha dejado abierta la posibilidad de una prórroga si no se actúa dentro de los plazos (El Deber, 13/09/2025). Ese tipo de declaraciones no hacen sino reforzar la incertidumbre y recordar el precedente de diciembre de 2023, cuando los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional decidieron prolongar sus funciones “por el bien de la patria”. Pareciera que, para esquivar la Constitución, siempre sobran justificaciones; para cumplirla, en cambio, basta con traicionar el juramento de respetarla. Lo que correspondería, en cambio, es un acuerdo político claro por la democracia, garantizando que las transiciones se realicen en los plazos que marca la Constitución y no bajo criterios de oportunidad o conveniencia.
El problema no se limita al nivel nacional. En diciembre de 2025 también concluye el mandato de al menos ocho Tribunales Electorales Departamentales (TEDs), justo cuando deberían preparar las subnacionales de marzo de 2026. Hablamos de 40 autoridades cuya ausencia a tiempo dejaría un vacío imposible de cubrir sin afectar la credibilidad del proceso. Por eso urge que las Asambleas Legislativas Departamentales remitan sus listas con suficiente anticipación, de modo que la Cámara de Diputados designe a los nuevos titulares. De lo contrario, se activaría un efecto dominó: sin TED completos no habrá administración confiable de las elecciones. Pese a ello, circula la idea de que las nuevas autoridades no tendrían experiencia suficiente y que, por prudencia, deberían mantenerse las autoridades actuales hasta mayo de 2026. Una prórroga encubierta bajo el disfraz de la técnica.
Bolivia se encuentra ahora en esa encrucijada. Las y los asambleístas salientes alegan que tienen poco tiempo para encarar la designación; los entrantes no alcanzarán a hacerlo dentro del plazo. Entre unos y otros crece el terreno fértil para justificar que nada cambie y que la gestión electoral se prolongue más allá del mandato constitucional.
El peligro no es sólo legal: es simbólico. Si se instala la idea de que el mandato constitucional es flexible, la ciudadanía entenderá que la voluntad popular puede ser desplazada según convenga. Y esa percepción es el golpe más duro a la confianza democrática. La erosión no ocurre de golpe, sino por acumulación de excepciones presentadas como inevitables, que poco a poco se convierten en regla.
La salida exige claridad. La Asamblea aún en funciones debe asumir con responsabilidad el inicio del proceso de designación, aunque su tiempo sea corto. Es preferible un procedimiento rápido, pero constitucional, antes que una prórroga corrosiva. Lo que correspondería es un gran pacto por la institucionalidad democrática que permita que el proceso se inicie con la Asamblea saliente y se concluya con la entrante, garantizando así continuidad sin rupturas. De esa forma, los que dejan el cargo entregarían su última certeza y los que llegan recibirían la primera, ofreciendo al país una señal inequívoca de madurez política y de respeto a la Constitución.
Los finales necesarios son los que sostienen la dignidad institucional. Cuando una autoridad se va el día que debe, no se pierde estabilidad: se gana confianza. Cuando se aferra, la democracia se vuelve rehén de la conveniencia coyuntural.
El mensaje de fondo es inequívoco: en Bolivia, como en toda república, la fortaleza democrática se mide en la capacidad de poner límites al poder. Si aceptamos que esos límites sean flexibles, mañana podremos justificar cualquier extensión. Hoy, la responsabilidad histórica del sistema electoral es simple y trascendental a la vez: cumplir con el mandato que concluye el 19 de diciembre de 2025, como ordena la Constitución. Nada más. Nada menos.
Porque en democracia, como en la vida misma, los finales no son derrotas. Son la prueba más clara de que el poder es un servicio temporal, que la ley está por encima de la conveniencia y que los principios no se negocian. Por más de que duela o genere incertidumbre, irse cuando se cumple la misión o se agota el mandato es también una manera de honrarse a uno mismo. El poder debe soltarse a tiempo. Y ese gesto, aunque algunos lo olviden, es el verdadero “bien de la patria”.
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