Más allá de los cuestionamientos que podamos tener sobre los candidatos a la presidencia y vicepresidencia por su participación política previa o sus cuestionables declaraciones, sigue siendo escasa la información que posee la ciudadanía boliviana sobre los candidatos a diputados por circunscripción. ¿No sería también conveniente conocer a quienes pretenden representarnos en la Asamblea Legislativa?
Es fundamental conocer la trayectoria política y profesional de los otros candidatos de las fuerzas políticas — ahora denominadas alianzas— si son “excepcionales” funcionarios públicos, destacados académicos o tránsfugas, si poseen juicios penales u tienen otros temas pendientes con la justicia.
La Cámara de Diputados, parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional, estará conformada por 130 diputados: 63 uninominales, 60 plurinominales y 7 indígenas; de los cuales, los plurinominales son elegidos con el candidato a la presidencia que obtenga mayor votación, los restantes 63 uninominales son elegidos por el voto directo de la ciudadanía. Entonces, cabe la pregunta: ¿Quiénes son esos candidatos a diputados de la circunscripción en que cada uno vive? ¿Usted los conoce?
Las funciones principales de los diputados pueden dividirse en dos grupos: aquellas ligadas a su rol como legisladores y las otras relacionadas con cumplir a cabalidad su representación de la ciudadanía.
Primero, su rol como legisladores consiste en elaborar, modificar o derogar leyes que regulen la vida social, política y económica del país; controlar la gestión del gobierno (solicitar informes y/o presentar mociones de censura); aprobar el presupuesto General del Estado (asegurando una distribución equitativa de los recursos); autorizar tratados internacionales; intervenir en situaciones de crisis, integrar comisiones especializadas (para el estudio y elaboración de leyes) y gestionar recursos para los problemas de su distrito y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
Por otro lado, deben cumplir con su rol como representantes de las y los bolivianos en la defensa de los intereses de los ciudadanos y llevar sus necesidades al ámbito público, actuando como intermediarios entre la población y el gobierno; a su vez, deben fiscalizar el uso de los recursos públicos y la gestión de las instituciones gubernamentales, buscando transparencia y eficiencia, y finalmente, informar a la ciudadanía sobre su gestión y las decisiones tomadas en el ámbito legislativo.
Se ha vuelto “normal” la ironía por parte de algunos medios de comunicación y periodistas revelar la lista de diputados “faltones” sin que las autoridades llamadas a controlar su trabajo los sancionen por incumplir el trabajo por el que reciben un salario.
La resolución camaral No. 049/2010-2011 del 26 de febrero de 2010 aprobó que los descuentos realizados a diputados y diputadas por días no asistidos a sesiones estén destinados a una cuenta especial que irá al beneficio del Psiquiátrico Nacional “Gregorio Pacheco” en la ciudad de Sucre (ANF, 1/01/2011). Justo en esa gestión, ese descuento ascendió a 149.305,26 bolivianos. Según el artículo 28 del Reglamento General de la Cámara de Diputados, se deberá resolver la pérdida de mandato previo informe de la Comisión de Ética por dos tercios de votos. Sin embargo, hasta la fecha no se ha hecho pública ninguna lista con nombres de diputados que hayan sido suspendidos por no asistir a trabajar.
De acuerdo al registro de la Agencia de Noticias Fides (ANF) en su nota “Evaluación: la ingobernabilidad abrió paso a hechos bochornosos en la Asamblea Legislativa” (29/12/2024), en la gestión de Mercado como presidente de la Cámara de Diputados (2022-2023) no se aprobó leyes de interés social, sino sólo las normas aprobadas por el presidente Arce. Las dos prioridades de esa gestión fueron la “Ley de compra de oro destinado al fortalecimiento de las reservas internacionales” y créditos internacionales en sesiones con agresiones verbales y físicas.
En la gestión de Hauytari (2023-2024) como presidente de esa cámara legislativa se aprobaron aproximadamente $us. 2.000 millones de créditos internacionales en medio de plenarias con insultos y golpes. Huaytari no llamó a los diputados a sesiones hasta por cinco meses continuos. Los escándalos de violación, extorsión y uso de influencias ligados a las personas de confianza de Huaytari agravaron su gestión, en particular por investigaciones de ganancias ilícitas de la mencionada autoridad (ANF, 29/12/2024).
Esos ejemplos demuestran la falta de transparencia en el accionar de los diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), pero no existe una predisposición real de esa entidad estatal de ser transparente en relación al trabajo de esas representantes.
Por tanto, falta acceso a la información pública sobre el cumplimiento en el trabajo de los diputados en general y de los uninominales en particular. La información sobre el desempeño o comportamiento de los diputados en Bolivia es gestionada por la propia Cámara de Diputados y, si existen, por los órganos de control interno del Órgano Legislativo. No siempre se publica o se etiqueta con términos informales. La pregunta es ¿por qué no existe transparencia con esa información? ¿No son servidores públicos y los primeros que deberían ser ciudadanos modelo y no lo contrario?
Por ejemplo, si algún candidato que se postule para representar a la población del distrito X de la circunscripción X de la ciudad de La Paz es elegido, debería estar en condiciones de responder a los problemas de esa región como podrían ser dirimir en el conflicto de límites con el municipio de Palca o Mecapaca, coadyuvar a las autoridades locales y los vecinos de ese distrito en la resolución de controversias por el tema agua, salud, transporte o educación, inseguridad ciudadana, prevención de violencia, etc. Si incumple sus funciones debería denunciarse públicamente que no los representa de forma adecuada e incluso garantizarse mecanismos como audiencias públicas en las que escuche y responda a las inquietudes de los conciudadanos a los que representa.
De igual forma, sería oportuno que cada Alcaldía, subalcaldías gobernaciones u otros organismos de la sociedad civil coadyuven con la labor del Tribunal Supremo Electoral en la difusión de los méritos de esos ciudadanos y ciudadanas que postulan a tomar decisiones y administrar el presupuesto de sus conciudadanos.
La ciudadanía no posee información sobre ¿qué diputados uninominales la representan y por qué no informan a la población sobre su labor? ¿Usted conoce a algún diputado uninominal de su circunscripción que haya presentado un informe público sobre su trabajo o cuántos recursos o normas ha elaborado para solucionar los problemas de los ciudadanos a los que representa?
Si son los representantes de la Patria ¿por qué no informan sobre su representación y no son transparentes con el manejo de recursos económicos del Estado? ¿Toda su labor se supedita a lo “convenga” decir o informar según su líder político? ¿Por qué se los elige y luego no se fiscaliza a quienes deben fiscalizar en nombre nuestro? ¿No debería su mandato ser cuestionado si no informan y rinden cuentas sobre si asisten a su puesto de trabajo o no?
Aunque ya desgastada y cuestionada la lógica del control social, sigue siendo necesario saber si una persona que representa a mi circunscripción conoce realmente las necesidades, demandas y potencialidad del territorio al que pretende representar. ¿Es mucho pedir? Por años se repite la misma lógica, muchas autoridades desconocen a la población y región que representan cuando deberían ser las primeras en conocer y dar respuestas.
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