La probidad y la congruencia de las instituciones son la base de toda sociedad democrática. Sin instituciones que actúen con integridad y con apego a la ley, el tejido social se desmorona y la confianza pública se desvanece. Hoy, Bolivia enfrenta una crisis de legitimidad en sus instituciones, particularmente en el ámbito judicial, donde los actos recientes de magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) evidencian una falta de ética y respeto por el mandato popular. Esta columna analiza una de las manifestaciones más preocupantes de esta crisis: la autoprórroga de los magistrados del TCP y del Órgano Judicial, un acto que desafía los principios democráticos, la transparencia y el mandato constitucional.
En Por qué Fracasan los Países (2012), Daron Acemoglu y James Robinson sostienen que la prosperidad de una nación depende de la solidez de sus instituciones inclusivas y justas. Estas instituciones garantizan que el poder no se concentre en pocas manos y que exista una rotación y responsabilidad en la gestión pública. Por el contrario, cuando las instituciones actúan en función de los intereses de unos pocos, se desmorona la posibilidad de desarrollo y progreso social. Bolivia, desafortunadamente, parece estar recorriendo este camino. Los magistrados del TCP y del Órgano Judicial, al autoprorrogarse, se han convertido en un claro ejemplo de cómo las instituciones pueden desviarse de su función principal para volverse extractivas y abusivas.
La Constitución Política del Estado (CPE) de Bolivia, promulgada en 2009, surgió de un proceso constituyente con el objetivo de consolidar una democracia participativa, inclusiva y plural. La CPE instituye cuatro órganos estatales: Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral, que deben actuar en armonía y con independencia, garantizando así un sistema de contrapesos. El Tribunal Constitucional Plurinacional tiene el rol fundamental de ser el máximo intérprete de la Constitución, asegurando que las leyes y actos del Estado se ajusten al ordenamiento constitucional. Sin embargo, estos principios y roles han sido tergiversados por los mismos magistrados que deberían defenderlos.
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano, elegido en Beni con 29.104 votos, y René Yván Espada Navía, elegido en Pando con tan sólo 8.646 votos en las Elecciones Judiciales de diciembre de 2017, son dos de los magistrados que ahora se han prorrogado en el cargo a través de la Sentencia Constitucional Plurinacional 0770/2024-S4. Estos magistrados no sólo decidieron ignorar el límite constitucional de su mandato, sino que además emitieron esta sentencia en beneficio propio, en un acto de evidente prevaricato y abuso de autoridad. No es la primera vez que estos magistrados realizan tal maniobra; esta es la segunda ocasión en la que emiten fallos para extender su mandato y el de sus colegas, una práctica que refleja su desprecio por la legalidad y el mandato popular.
El mandato de estos magistrados comenzó en enero de 2018 tras unas elecciones judiciales que, aunque imperfectas, les otorgaron legitimidad por un tiempo limitado. La CPE es clara en cuanto a la temporalidad del ejercicio de los cargos judiciales, fijando un límite que busca evitar la perpetuación en el poder y proteger la democracia. Sin embargo, en la Sentencia 0770/2024-S4, los magistrados decidieron interpretar la ley de forma dolosa y en beneficio propio, extendiendo su mandato sin fundamento jurídico y contradiciendo el principio de periodicidad y alternancia en el poder, que son fundamentales en cualquier democracia. Esta decisión contraviene la doctrina jurídica nacional, que exige que las resoluciones sean apegadas al derecho y sin sesgos personales.
El respaldo a estas “decisiones constitucionales” por parte del Ejecutivo, encabezado por Luis Arce Catacora, y del exministro de Justicia Iván Lima Magne, revela una complicidad institucional en esta manipulación del sistema judicial. En lugar de denunciar este abuso, el gobierno ha mostrado un apoyo tácito, permitiendo que los magistrados extiendan su mandato sin oposición. La Asamblea Legislativa Plurinacional, que debería fiscalizar y frenar este tipo de atropellos, ha cerrado los ojos y guardado un cómplice silencio a través de su presidencia, David Choquehuanca Céspedes, brindando así un escudo de impunidad a los magistrados prorrogados. Por su parte, el Tribunal Supremo Electoral (TSE), cuya responsabilidad es velar por el cumplimiento del orden constitucional y electoral, ha actuado de manera pasiva y tibia, incluso cuando salas constitucionales cercenaban sus atribuciones. El TSE no ha presentado recursos efectivos ni realizado acciones que lo consoliden como un verdadero órgano de Estado y a lo largo del tiempo se ha sometido a decisiones que denigran su independencia.
Los efectos de esta autoprórroga son devastadores para el sistema democrático. La decisión de “algunos” miembros del TCP no sólo desafía la Constitución, sino que también socava los principios de independencia y separación de poderes. La CPE exige que los órganos del Estado operen de forma independiente y respeten sus competencias específicas. No obstante, la sentencia de autoprórroga viola este principio al concentrar poder en manos de magistrados que han decidido extender su mandato de manera arbitraria, transformando el TCP en un órgano sujeto a intereses personales. Este acto convierte al Tribunal en un mecanismo al servicio de unos pocos y doblega la institucionalidad del Estado, dejando en claro que Bolivia atraviesa una crisis en la que los límites de la ley han sido eliminados en favor de intereses particulares y políticos.
La gravedad de estos actos no puede ser ignorada. Todas y todos debemos entender que el silencio y la tibieza frente a estos abusos nos convierte en cómplices de un sistema corrupto y caduco. La democracia y la institucionalidad son bienes colectivos que debemos proteger y defender. Si no exigimos un cambio real, las futuras generaciones verán una Bolivia atrapada en un círculo vicioso de corrupción e impunidad, sin posibilidad de desarrollo ni justicia.
Es imperativo que el Órgano Ejecutivo promulgue de inmediato una ley que ponga fin al mandato ilegítimo de estos magistrados prorrogados, y que la Asamblea Legislativa Plurinacional inicie sin demora un juicio de responsabilidades contra quienes han traicionado el mandato constitucional. El Tribunal Supremo Electoral, por su parte, debe reafirmar su independencia, garantizar el respeto irrestricto al principio de preclusión, y ratificar la realización de las elecciones judiciales lo antes posible, para que los nuevos magistrados asuman el 2 de enero de 2025. Si queda algún rastro de vergüenza y dignidad en los magistrados del TCP que no participaron de esta decisión, y en los miembros del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Agroambiental y del Consejo de la Magistratura, deberían renunciar de inmediato. Sólo así, Bolivia podrá comenzar a restaurar su institucionalidad y proteger de manera efectiva su democracia.
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