En el marco de una democracia pluralista, la protesta social se configura como un mecanismo legítimo y necesario para el ejercicio de derechos fundamentales y la visibilización de problemáticas que requieren una respuesta institucional. En Bolivia, el derecho a la protesta está garantizado en la Constitución Política del Estado (CPE), que reconoce el derecho de todas las personas a reunirse y a expresar su opinión, dentro de un contexto de respeto y sin coerción. Sin embargo, la estigmatización de la protesta social no sólo vulnera estos derechos, sino que también contribuye a la proliferación de discursos de odio y discriminación hacia ciertos sectores de la población, como son los sectores indígena originario campesinos.
La CPE de Bolivia, aprobada en 2009, introduce un marco normativo de amplio reconocimiento de derechos, entre ellos el derecho a la protesta pacífica. En su artículo 21, el texto constitucional establece que "las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a expresar libremente sus ideas y opiniones, individual o colectivamente, de forma oral, escrita o por cualquier otro medio". Además, en el artículo 51, garantiza la libertad sindical, que implica también el derecho a la huelga y a la manifestación, amparando así la organización y la movilización de los trabajadores en defensa de sus intereses y derechos.
A su vez, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) han recordado al Estado boliviano la necesidad de garantizar los estándares interamericanos sobre libertad de expresión, asociación y reunión pacífica. Estas instituciones enfatizan que cualquier limitación a estos derechos debe cumplir rigurosamente los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, y que el uso de la fuerza debe ser siempre el último recurso. La CIDH también ha advertido sobre los riesgos de que los discursos estigmatizantes sean utilizados para justificar restricciones excesivas, así como para reprimir y silenciar la disidencia.
A pesar de esta normativa, el tratamiento y percepción de la protesta social en Bolivia están siendo objeto de creciente estigmatización. Los movimientos sociales, sindicatos y otras organizaciones han sido calificados, reiteradamente, como elementos desestabilizadores, incluso cuando sus demandas son legítimas y se enmarcan en el ejercicio de derechos reconocidos. En este contexto, el discurso institucional, mediático y social tiende a reproducir narrativas de criminalización que deslegitiman las manifestaciones, generando un terreno fértil para el discurso de odio y la discriminación.
La estigmatización de la protesta social se manifiesta a través de discursos que tachan las movilizaciones de “subversivas”, “violentas” o “anárquicas”. Estos discursos, además de invisibilizar las razones subyacentes de las protestas, contribuyen a una visión polarizada de la sociedad, en la que el “otro” se percibe como un enemigo del orden social. Esta construcción simbólica no sólo distorsiona la naturaleza de la protesta, sino que habilita un ambiente de rechazo y odio hacia quienes ejercen su derecho de manifestación.
Este proceso de estigmatización tiene efectos profundos en el tejido social. En primer lugar, los individuos y colectivos que se manifiestan son sometidos a un proceso de exclusión y discriminación, lo cual atenta contra su dignidad y contra el derecho a la igualdad consagrado en la CPE. En segundo lugar, el discurso de odio asociado a la protesta puede ser instrumentalizado para justificar acciones de represión, limitando así las libertades de expresión y asociación.
Además, este fenómeno lleva a que temas urgentes queden relegados o deslegitimados. Asuntos estructurales, como la defensa de los derechos laborales, la justicia ambiental, o las reivindicaciones de los pueblos indígenas, encuentran obstáculos adicionales para ser visibilizados y debatidos en la esfera pública. Esta invisibilización de problemas estructurales perpetúa las desigualdades y limita el alcance de las políticas públicas orientadas a solucionar las problemáticas que motivan las protestas.
El derecho a la protesta no es únicamente una cuestión normativa, sino una práctica fundamental en las democracias avanzadas para la construcción de ciudadanía activa. A través de las protestas, los sectores vulnerables y marginados logran introducir sus demandas en la agenda pública, reclamando justicia social y visibilidad. La estigmatización de estas manifestaciones no solo vulnera derechos fundamentales, sino que también debilita la democracia al reducir los espacios de participación y cuestionamiento crítico.
La Ley contra el Racismo y toda Forma de Discriminación (Ley Nº 045) y la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia (Ley Nº 348), entre otras, son marcos legales que refuerzan el compromiso del Estado boliviano con la no discriminación y el respeto a los derechos humanos. La criminalización de la protesta social contradice el espíritu de estas leyes y de la CPE, que pretende garantizar un Estado inclusivo, plural y democrático.
La protesta social en Bolivia es un derecho que permite a la ciudadanía expresar su descontento y exigir cambios necesarios en aras de una sociedad más equitativa y justa. Sin embargo, la estigmatización de estas manifestaciones no sólo lesiona derechos fundamentales, sino que fomenta un ambiente de discriminación y odio que afecta a la cohesión social. Es fundamental que tanto las autoridades como la sociedad en general asuman una postura de respeto hacia la protesta pacífica y busquen, en su lugar, abrir espacios de diálogo y mediación que permitan el abordaje de las problemáticas que motivan las manifestaciones.
El reconocimiento y la protección del derecho a la protesta fortalecen el sistema democrático y promueven una sociedad más justa e inclusiva. En un Estado Plurinacional y democrático, la diversidad de voces y el derecho a expresar demandas deben ser vistos como pilares de una sociedad en constante construcción y mejora.
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