La educación es un derecho humano fundamental que permite el desarrollo de las personas y la superación de desigualdades. El artículo 89 de la Constitución Política del Estado (2009) prevé que se haga seguimiento, medición, evaluación y acreditación de la calidad educativa de todo el sistema educativo de forma independiente al Ministerio de Educación.
En el marco del acuerdo firmado por nuestro país como miembro de Naciones Unidas para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para la Agenda 2030, el ODS 4 plantea invertir en una educación de calidad, básico para mejorar la vida de las personas y, por lo tanto, para contribuir al desarrollo sostenible. Sólo a través del acceso a la educación de toda la población se puede garantizar un crecimiento económico y social sostenible, así como una mayor preocupación y acción con respecto al medioambiente.
La Ley 070 de Educación “Avelino Siñani y Elizardo Pérez” (2010) instruyó en su artículo 83 la creación del Observatorio Plurinacional de Calidad Educativa (OPCE), dependiente primero del Ministerio de Educación y desde 2023 del Ministerio de Planificación del Desarrollo (Decreto Supremo 4857, 06/01/2023).
El OPCE es una institución pública descentralizada que se encarga de evaluar y mejorar la calidad de la educación en Bolivia. Su misión es realizar el seguimiento, la medición, la evaluación y la acreditación de la calidad educativa en los subsistemas de Educación Regular y Educación Alternativa y Especial.
En el año 2023, el Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa (OCE) realizó un diagnóstico para conocer el estado de la calidad de 152 unidades educativas, el 88% de las cuales son públicas. El estudio se basó en el Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE) Post Pandemia y se realizó con estudiantes de tercero y sexto de primaria. Y se diagnosticó a los estudiantes de quinto de secundaria con la prueba de Evaluación de Habilidades Académicas Elementales (TOFAS, por sus siglas en inglés).
Estas evaluaciones serán complementadas con una tercera, de carácter nacional, que fue aplicada a estudiantes de sexto de secundaria, con la que se pretende construir indicadores de logros de aprendizaje (Ahora el Pueblo, 2023, noviembre 9).
A fines de 2024, el OPCE publicó un diagnóstico preliminar del nivel de conocimientos de los estudiantes de sexto de secundaria, en las materias de matemática, física, química, comunicación, lenguaje, lectura, escritura y valores, aplicado a 3.600 alumnos de unidades educativas públicas, privadas y de convenio, en todo el país.
La prueba consistía en exámenes ordinarios sobre temas que forman parte de los contenidos que se imparten regularmente en nuestros colegios. Los resultados son los siguientes:
En matemáticas, la prueba concluyó con el 97% de aplazos; el 61% no superó los 30 puntos y el promedio fue de 28 puntos sobre 100. En la materia de física, el 98% no logró vencer la prueba; el promedio fue de apenas 26/100. En química los resultados fueron igual de bajos ya que 97% de los alumnos reprobaron, registrándose un promedio de 28/100 y un porcentaje del 62% que calificaron por debajo de 30 puntos.
En las pruebas de lectura, que midieron la capacidad de realizar conexiones simples en textos literarios, expositivos, informativos y argumentativos, además de comprensión, discernimiento crítico y reflexión, el 67% reprobó y apenas el 5% obtuvo notas entre 70 y 100. En escritura, un tercio de los estudiantes entregaron respuestas que no reunían las condiciones mínimas para su análisis, y el resto adolecía de insuficiencia de información; falta de desarrollo de argumentos, estructura, organización y cohesión; y errores gramaticales, ortográficos y de puntuación (Nostas en El Deber, 5/02/2025).
Se planificó que estos resultados obtenidos por el OPCE sean debatidos en el Congreso Plurinacional de Educación, realizado en noviembre de 2024, pero, cuyos participantes se opusieron a realizar una auditoría técnica y pedagógica de la Ley 070 Avelino Siñani y Elizardo Pérez. Por el contrario, sólo demandaron: 1) revisar la currícula y la organización en los niveles inicial, primario y secundario; 2) limitar el ingreso a los institutos normales y 3) aumentar el presupuesto para el área.
Ante esos datos, es evidente que la calidad de la educación en Bolivia es muy baja y, por tanto, el derecho a la educación como responsabilidad del Estado boliviano y derecho humano fundamental no está garantizado.
Sólo como antecedente reciente, en Bolivia, las clases escolares fueron suspendidas por la cuarentena desde el mes de marzo de 2020 y en julio de 2020 el gobierno dispuso la clausura anticipada del año escolar porque los estudiantes de las áreas rurales (40% de la población) carecen de acceso adecuado a internet, lo que les impedía tener acceso a la educación virtual.
Las principales dificultades para la educación virtual en cuarentena por Covid-19 fueron: la baja conectividad de la red de internet, el alto costo económico que representa el uso datos, la falta de equipos digitales como celulares, laptops y computadoras, y el choque de horarios en las clases (Los Tiempos, 14/07/2020). Con respecto a la educación virtual, un sondeo de Unicef en Bolivia señaló que casi el 90% consideró que el costo de la conexión a internet es alto (Unicef,s/f).
La visión intercultural desde la cual fue elaborada la Ley 070 busca contribuir a alcanzar la soberanía científica y tecnológica con identidad, y la transformación de la matriz productiva, consolidando el crecimiento y despegue económico del país. Pero esa norma será meramente discursiva si no se garantiza una educación de calidad desde el nivel inicial hasta el de posgrado. En consecuencia, quienes participaron en el Congreso Plurinacional de Educación (autoridades y actores sociales) tienen una deuda con la sociedad boliviana si no se comprometen a asumir la situación precaria de nuestra educación y las graves consecuencias que acarrea para el presente y futuro de nuestro país.
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