Entre el estadista y el demagogo

En agosto de 1985, en un momento crítico para Bolivia, el presidente Víctor Paz Estenssoro pronunció palabras que marcarían la historia del país: "Estimados conciudadanos, la patria se nos está muriendo y es preciso no eludir ningún recurso para un tratamiento de emergencia que detenga el desenlace. La persuasiva elocuencia de las cifras precedentes nos revela que no podemos proponer al país medidas cosméticas para arreglar la situación actual. O tenemos el valor moral, con su secuela de sacrificios, para plantear de modo radical una nueva política, o sencillamente, con gran dolor para todos, Bolivia se nos muere."

Estas palabras reflejaban la claridad de un líder que, conociendo el costo político de sus decisiones, optó por el sacrificio en lugar de la demagogia. Paz Estenssoro entendió la crisis, asumió la responsabilidad y puso a Bolivia por delante. Hoy, casi cuarenta años después, el país enfrenta una crisis política, institucional, económica y social de proporciones similares, pero con una gran diferencia: quien ocupa la Presidencia de Bolivia no es un estadista, sino un político improvisado cuyo único objetivo es mantenerse en el poder.

El 12 de marzo de 2025, Luis Arce Catacora se dirigió al país anunciando medidas económicas que no son más que paliativos superficiales. Lejos de asumir su responsabilidad y aplicar soluciones estructurales, insistió en negar la realidad con declaraciones vacías como: "Como Gobierno vamos a seguir trabajando en dar soluciones a nuestro país en todos los problemas que estamos enfrentando. También ser enfáticos en aclarar a muchos políticos que intentan desestabilizar y generar zozobra; dicen que nuestro país estaría quebrado, Bolivia no está quebrada, Bolivia tiene una economía que sigue generando inversión pública."

Este discurso refleja el abismo entre la visión de un estadista y la de un oportunista. Mientras Paz Estenssoro enfrentó la verdad con decisión y coraje, Arce se refugia en la negación y el discurso confrontacional. No tiene la capacidad ni la valentía de admitir que el país atraviesa una crisis profunda. Más aún, muchas de las 10 medidas que plantea no sólo son cosméticas, sino que vulneran derechos fundamentales de la población, profundizando el deterioro institucional y económico.

La crisis que enfrenta Bolivia no es sólo económica; es el resultado del desgobierno de Luis Arce, quien ha desmantelado la institucionalidad y debilitado la democracia en cada paso. A pesar de haber sido elegido con más del 55% de los votos, ha perdido el control de su propio partido y del Legislativo, incapaz de generar consensos ni liderar con autoridad. Su administración ha vulnerado principios fundamentales de la Constitución Política del Estado (CPE), atentando contra el orden democrático y el respeto a la separación de poderes.

La pérdida de gobernabilidad en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) es un reflejo claro de su incapacidad para articular políticas de consenso. La ALP, como poder del Estado encargado de la deliberación y fiscalización, se encuentra fracturada debido a las pugnas internas en el Movimiento al Socialismo (MAS), partido que, bajo su mandato, se ha dividido entre los seguidores del expresidente Evo Morales y el bloque oficialista de Arce. Esto ha paralizado la aprobación de leyes clave y ha generado un ambiente de inestabilidad política sin precedentes.

A ello se suma la complicidad con los magistrados autoprorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). La CPE establece con claridad los periodos de mandato de las autoridades judiciales y, sin embargo, el TCP ha interpretado la norma en favor de su permanencia ilegítima, avalada por el Ejecutivo. Esto constituye una flagrante violación del principio de legalidad y la alternancia en el poder, quebrando la institucionalidad y socavando la independencia judicial. Con ello, Bolivia ha ingresado en un estado de excepción de facto, donde la aplicación de la Constitución queda subordinada a los intereses políticos del oficialismo.

Otro atentado contra la democracia ha sido el incumplimiento de acuerdos y la manipulación del proceso electoral. La negativa de Arce a respetar los consensos políticos ha quedado en evidencia con la intención de convocatoria a un referéndum inconstitucional que buscaba reformar la CPE sin los procedimientos adecuados. Además, la postergación y obstrucción de las elecciones judiciales de diciembre de 2024 impidieron la renovación del sistema judicial de manera completa, consolidando la impunidad y el abuso del poder.

A esto se suma el uso del voto en el exterior como mecanismo de chantaje político. En lugar de garantizar el derecho al sufragio de las bolivianas y los bolivianos en el extranjero como un principio democrático, su gobierno ha condicionado su ejecución a la aprobación de créditos, demostrando que la democracia, bajo su mandato, no es un derecho, sino una moneda de cambio.

Víctor Paz Estenssoro asumió la crisis con responsabilidad, calculó su costo y eligió salvar a Bolivia. Luis Arce, en cambio, niega la realidad, calcula su candidatura y sólo le preocupa mantenerse en el poder. Esa es la diferencia fundamental entre un estadista y un oportunista. Mientras Paz Estenssoro aplicó medidas impopulares para salvar la economía y sentar las bases de una Bolivia más estable, Arce sólo ha profundizado la crisis al evitar asumir decisiones de fondo.

En términos constitucionales, la administración de Arce ha transgredido los principios de preeminencia constitucional (artículo 410 CPE), independencia de poderes (artículo 12 CPE) y soberanía popular (artículo 7 CPE). Su gobierno ha utilizado la institucionalidad para fines políticos, debilitando el sistema democrático y sometiendo las instituciones del Estado a su control discrecional.

Hoy, Bolivia necesita líderes con visión y coraje, no políticos que prioricen su permanencia en el poder a costa del futuro del país. La historia ya ha demostrado que los verdaderos líderes son los que asumen sacrificios por la patria, no los que se aferran a la comodidad de su discurso vacío. La pregunta es: ¿esperaremos a que Bolivia se nos muera antes de exigir un liderazgo a la altura de la crisis?

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