Por Fundación InternetBolivia y Fundación ARU //
En Bolivia, como en muchos otros países, las encuestas de intención de voto se han convertido en una herramienta habitual y esperada dentro del contexto electoral. Más allá de predecir resultados, estas encuestas pueden llegar a configurar el clima de opinión; alimentan estrategias de campaña y también pueden influir en la decisión de voto. De cara a las Elecciones Generales de 2025, marcadas por una alta polarización y un escenario político en reconfiguración, su presencia en la esfera pública se ha intensificado. Sin embargo, este protagonismo también tiene desafíos.
En el marco de la iniciativa #EnDemocracia de la Fundación Aru, y en colaboración con la Fundación InternetBolivia.org, se realizó un análisis sobre el estado actual del mercado de encuestas en Bolivia. El diagnóstico parte de una pregunta clave: ¿Qué tan confiables y transparentes son las encuestas que circulan? La respuesta invita a reflexionar.
Entre los datos más reveladores se encuentra el hecho de que de 24 casas encuestadoras que difundieron resultados sobre preferencias políticas entre 2023 y 2025, sólo cuatro cuentan con una trayectoria reconocida, mientras que otras 15 pueden ser clasificadas como “encuestadoras fantasmas”. Es decir, no cuentan con información verificable sobre su conformación, metodología o historial. Este dato, por sí solo, pone en cuestión la calidad de una buena parte de la información que alimenta el panorama electoral.
Gráfico 1: Trayectoria de las encuestadoras responsables
Sin embargo, los desafíos no se reducen a la procedencia de las encuestadoras. También existen cuestiones metodológicas que pueden afectar su interpretación. Por ejemplo, algunas encuestas presentan márgenes de error poco claros, muestras reducidas o concentradas territorialmente, omitiendo el voto en el exterior (4% del padrón) y el de áreas rurales. A esto se le puede sumar la frecuente publicación únicamente de preferencias válidas, sin dar cuenta de los porcentajes de votos nulos, blancos o indecisos, lo que limita una visión más completa del comportamiento electoral.
Otro punto relevante es el entorno digital. Aunque el Tribunal Supremo Electoral ha establecido un reglamento que rige la elaboración y difusión de estudios de opinión electoral, el monitoreo en redes sociales presenta obstáculos particulares. El anonimato de los espacios virtuales, la velocidad de circulación de contenidos y la falta de herramientas efectivas de fiscalización hacen posible la difusión de encuestas sin respaldo técnico ni institucional. De hecho, según los datos recopilados por la Fundación Aru, en los últimos tres años se han realizado más de 90 encuestas sobre preferencias electorales, de las cuales menos de cinco fueron dentro del periodo establecido en el calendario electoral.
Gráfico 2: Encuestas difundidas dentro del periodo electoral y encuestadoras habilitadas por el TSE
Estas condiciones plantean interrogantes sobre el impacto de las encuestas en la deliberación pública dado que la circulación de cifras puede consolidar ciertas percepciones como verdades absolutas, sin que medie un análisis riguroso de su origen o calidad.
Por ello, más que poner en duda la utilidad de las encuestas, la discusión debe girar en torno a las condiciones para que éstas aporten efectivamente a un voto informado. Esto implica avanzar en varios aspectos, desde el fortalecimiento del marco normativo y la capacidad institucional de fiscalización, hasta la promoción de una ciudadanía capaz de leer, interpretar y contextualizar los datos.
También es oportuno preguntarse cómo fomentar una cultura de transparencia por parte de las casas encuestadoras por medio de la publicación de sus bases de datos, fichas técnicas completas y la claridad metodológica como una práctica habitual. De igual manera, la generación de campañas de educación ciudadana orientadas a comprender el lenguaje de las encuestas (márgenes de error, tipos de muestra, cobertura y momento de aplicación) podría reducir el riesgo de desinformación y fortalecer la deliberación democrática.
La existencia de las encuestas en el debate público puede ser valiosa si se las trata con la rigurosidad que ameritan. En tiempos de alta competitividad política, la responsabilidad no recae únicamente en quienes las elaboran y difunden, sino también en quienes las consumimos. En ese sentido, promover una ciudadanía informada y crítica no sólo es una necesidad, sino una oportunidad para cuidar la democracia.
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