Por Mónica Oblitas*//
El 19 de junio de este año, la jaguar llamada Mosa, uno de los cinco jaguares que están dentro del “bioparque” Playland Park en Santa Cruz (las comillas son a propósito), atacó a su cuidador, el biólogo Carlos Castrillo, provocándole la muerte. El animal había escapado en una circunstancia que todavía no queda clara y atacó y mató al infortunado ambientalista.
Muchos medios de comunicación se cebaron con la noticia y los sensacionalistas contaron detalle por detalle cómo mordió la jaguar al hombre llamándola “asesina despiadada”.
No faltó quién dijo que el animal lo había hecho a propósito, que era mala, traicionera, brutal y vengativa, exigiendo su muerte. Incluso hubo una trabajadora del lugar que declaró, imagino con el afán de salir en la televisión, que la jaguar presentaba “un comportamiento extraño” (¿cuál es el comportamiento “normal” de un animal enjaulado y estresado?). También se pidió el expediente del animal para analizar por qué había actuado así, olvidando que es un animal salvaje y no un gato doméstico.
No se hizo hincapié en las condiciones en cómo estaba encerrado el animal: un estrecho espacio con ventanas para los mirones que además tenía serios inconvenientes, entre ellos que las cerraduras no funcionaban correctamente, pese a que los trabajadores habían pedido en varias ocasiones que fueran arregladas. El Playland Park convertido en centro de rescate ya había presentado irregularidades en 2023, pero extrañamente seguía funcionando.
Hay pocos centros de rescate que pueden hacer una labor de reinserción de los animales que salvan, no por falta de voluntad, porque esa sobra, sino porque muchos apenas tienen para darle de comer a esos animales y a quienes trabajan cuidándolos.
Qué poco sabemos de las condiciones en las que están los miles de animales en los más de 40 centros de rescate y custodia de fauna silvestre que hay en el país y los otros miles que se pudren en los pobrísimos zoológicos bolivianos. Sólo cuando ocurre una tragedia como la de Carlos Castrillo y la jaguar Mosa (que supuestamente iba a ser trasladada al zoológico cruceño), se encienden de rojo los titulares, después nada.
Lo cierto es que la realidad de los refugios de animales en Bolivia, silvestres y domésticos (perros y gatos), es alarmante. La mayoría de ellos sobreviven gracias a las donaciones privadas, pese a que existe un decreto (el 4489 en el caso de la fauna silvestre) “que tiene por objeto la protección de la fauna silvestre, en el marco de la competencia exclusiva del nivel central del Estado, referida al régimen general de la biodiversidad y medio ambiente, así como el Reglamento para la Custodia Responsable de Fauna Silvestre”.
Las comillas que uso al principio se explican porque el Playland Park es en realidad un parque de atracciones y no tiene las condiciones para trabajar como centro de rescate de animales. Este centro está bajo la responsabilidad de la Gobernación cruceña y de la Policía Forestal y Preservación del Medio Ambiente (Pofoma) y fue después de que el trabajador muriera, que se decidió investigar si el lugar cumple o no los requisitos para funcionar como bioparque. ¿Por qué no se hizo antes? Nunca lo sabremos.
En el artículo de La Razón de donde tomo este dato, el entonces viceministro de Medio Ambiente, Magín Herrera, admitía que el Estado “no participa activamente de la manutención y funcionamiento de los 40 centros y que su despacho provee de algunos medicamentos, alimentos y caniles…”. ¿Y para qué está entonces la ley? Hay un decreto claro como el agua: el Estado debe financiar los centros de rescate “como competencia exclusiva”, pero las autoridades se lavan las manos y de vez en cuando regalan caniles. Dijo Mahatma Gandhi que “la grandeza de una nación y su progreso moral puede ser juzgado por la forma en que trata a los animales”. ¡Qué tristemente minúsculos somos!
*Mónica Oblitas es periodista y está especializada en medio ambiente. Es socia de Edital, Agencia de Periodismo Ambiental, junto a Rafael Sagárnaga.
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