Por Ítalo Cardona, director de la OIT para los Países Andinos//
Un total de 2.9 millones de personas mueren anualmente debido a accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo, según las últimas estimaciones de la Comisión Internacional de Salud Ocupacional (2022).
Ante esta situación, en junio de 2022, gobiernos, empleadores y trabajadores de los Estados miembros de la OIT, reunidos en la 110ª Conferencia Internacional del Trabajo, tomaron una decisión histórica de que “un entorno de trabajo seguro y saludable” sea considerado un derecho fundamental en el trabajo. En otras palabras, los actores del mundo del trabajo se comprometieron, como responsabilidad compartida y fundamental, a garantizar que las personas vayan a su trabajo, estén libres de violencia y acoso, y regresen a su hogar vivas, sanas y sin lesiones físicas o psicológicas.
En Bolivia, hacer realidad este derecho para todas las personas trabajadoras resulta todavía un desafío importante. La incidencia de muertes relacionadas con el trabajo es más alta que la registrada en las Américas (24.9 muertes por cada 100 mil habitantes mayores de 15 años versus 22.3 en la región), y preocupa que todavía miles de personas mueren cada año, si analizamos al menos 19 factores de riesgo ocupacional (OIT/OMS, 2021).
Esta cifra podría ser mucho más alta si consideramos, además, que Bolivia tiene una altísima proporción de trabajo informal, con serios déficits en la calidad del empleo y en la protección de las y los trabajadores. Según los datos del último informe de la OIT: Panorama Laboral 2022 en América Latina y el Caribe, la tasa de informalidad en Bolivia llegó al 80% en el 2022, es decir casi 8 de cada 10 personas trabaja en esa condición.
Sin seguro de salud para atenderse ante una enfermedad o accidente, sin horarios de trabajo, sin la posibilidad de exigir implementos de seguridad a sus empleadores, con el estrés diario de trabajar por ingresos extremadamente bajos y con contratos inestables, las y los trabajadores informales son quienes más necesitan que el Estado implemente las acciones que OIT recomienda para garantizar ambientes de trabajo seguros y saludables.
Al elevar la seguridad y salud en el trabajo a nivel de principio y derecho fundamental, Bolivia, como país miembro de OIT, debiera dar pasos urgentes para ratificar el Convenio 155 sobre seguridad y salud de los trabajadores (1981) y el Convenio 187 sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo (2006). Estos dos convenios ofrecen una guía clara a los países para poner en marcha, a través del diálogo social tripartito, políticas, sistemas y programas de seguridad y salud en el trabajo, con medidas concretas de política pública y dentro de las propias empresas; con responsabilidades, deberes y derechos bien definidos; y con acciones destinadas a promover una cultura de prevención a nivel nacional.
Además, y de acuerdo con ambos convenios, Bolivia y todos los países de la región deberán considerar, en sus planes y políticas de SST, no sólo los riesgos ya conocidos, sino también aquellos que puedan generarse como consecuencia de los cambios en la manera en que trabajamos, de los procesos productivos y de los materiales que se utilizan en esos procesos. Esto supone mayores esfuerzos por parte de los países para anticipar los riesgos emergentes -incluyendo los psicosociales-, la adopción de un enfoque más multidisciplinario de la seguridad y salud en el trabajo, y el establecimiento de vínculos más fuertes con la salud pública, entre otras medidas.
La OIT ha hecho un compromiso por fortalecer su asistencia técnica a los actores del mundo del trabajo para avanzar en la ratificación y aplicación plena de estos instrumentos internacionales para hacer realidad el derecho de todas las personas a un entorno de trabajo seguro y saludable.
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