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La Ley de la Educación “Avelino Siñani - Elizardo Pérez” de 20 de diciembre de 2010, es, desde su mismo origen, adoctrinadora. Y esto se puede comprobar en el exceso de adjetivos calificativos cargados de connotaciones ideológicas, con los que se califica lo que debería ser la educación boliviana: se la define como “descolonizadora”, “liberadora”, “revolucionaria”, “antiimperialista”, “despatriarcalizadora”, “transformadora de las estructuras económicas y sociales”, “orientada a la reafirmación cultural de las naciones y pueblos indígena originario campesinos”, y expresiones así, que, en la idea churrigueresca y pomposa de lo que debe ser la redacción de leyes, se despachan en sartas de adjetivos sin otro fin más que el querer demostrar la “verdad revelada” de los que redactan y creen religiosamente en estas palabras casi sacralizadas.

No es que todas las muy largas y farragosas sartas de adjetivaciones sean ideológicas o cargadas de intención política: hay muchas adjetivaciones valorables humanísticamente (educación comunitaria, democrática, participativa, universal, diversa, laica, pluralista, inclusiva, o la muy necesaria “interacción entre diferentes pueblos y culturas desarrollando actitudes de valoración, convivencia y diálogo entre distintas visiones del mundo”). El problema surge del hecho de que, en la fronda de adjetivaciones, se mezclan aspiraciones legítimas para cualquier Estado moderno, con otras ambiguas y equívocas (¿única y plural?¿laica y espiritual?) o incluso rocambolescamente incomprensibles (“desarrollar y consolidar conocimientos teórico-prácticos de carácter científico humanístico y técnico-tecnológico productivo”). El efecto final, sin embargo, es de una ley de reforma educativa que abre espacio para todo tipo de moralismos y ambivalencias, y, por tanto, de abusos interpretativos, tierra fértil para dar pie a políticas de adoctrinamiento a través del sistema de educación pública.

Si en estos días es comentario corriente hablar de lo pésima que es la “justicia” (es decir, el sistema estatal de gobierno y administración del campo jurídico) boliviana, muy probablemente más pésima que lo pésimo (expresión incorrecta gramaticalmente, pero verdadera en la realidad), es la educación boliviana. La intención de implementar una estrambótica malla curricular en las escuelas bolivianas, no solamente demuestra una intención adoctrinadora: también demuestra la baja calidad de la impartición de conocimientos y su aún más preocupante falta de impacto en la formación integral de los sometidos a la educación. Los docentes universitarios, por lo menos los que creemos en la formación crítica y humanística, el rigor académico y la competitividad profesional, lo sabemos: incluso en los últimos niveles de la formación universitaria, una mayoría de los estudiantes bolivianos demuestra un bajísimo nivel de preparación e idoneidad. No todos, por suerte: las excepciones son muchas, pero tienen que ver más a estímulos familiares y sociales, así como al esfuerzo y talento personal, que a la educación formal.

Por alguna razón bastante difícil de entender, los técnicos del Ministerio de Educación suponen que, enseñando ajedrez, robótica, estadística en primero de primaria, despatriarcalización en la familia en segundo, gráfico de barras y líneas en tercero, “autocontrol” en cuarto (lo cual es muy sugestivo, pero…¿y cómo se enseña eso en una sociedad dominada por los heterocontroles o controles de grupo?), “justicia social” en quinto, “tipos de violencia” en sexto, y aún más: “golpe de Estado” como materia de historia en sexto de secundaria, también “construcción de proyecto de vida”: en otros niveles cosas como “taller de electricidad”, “gestión y cultura tributaria,”, “taller ortográfico y caligrafía” en segundo de secundaria (aceptando, de esa manera, que en los siete años anteriores los profesores fueron incapaces de enseñar una buena ortografía y además, una bonita letra), y la ya muy surrealista enseñanza de las “normas APA”  a los bachilleres, olvidando olímpicamente el carácter “antiimperialista” de la educación boliviana, tal vez porque no saben que las normas APA provienen de la American Psychological Association, fundada en la Universidad de Clark en 1892, asociación muy estadunidense y tristemente popular en América Latina, donde su formato de redacción académica obtienen pingües ganancias, dado que se ha puesto de moda de manera acrítica y, además, innecesaria y poco reflexiva. Sí: los estudiantes aprenderán todas estas y muchas más cosas, en un pot-pourri de contenidos que se sumarán a los ya deficientes contenidos anteriores.

Si una de las bases programáticas de la educación boliviana es el desarrollo de la personalidad y el pensamiento crítico de los educandos, sabemos que esto, como tantas buenas intenciones a la boliviana, o se cumplen a medias, o nunca se cumplen. Pero hay más: con los nuevos contenidos, probablemente lo que se consiga es una educación cada vez peor. 

¿Y el adoctrinamiento? Gastando millones y millones a través de los medios de comunicación del gobierno (que deberían ser del Estado, pero no es así: pertenecen a un partido único y promueven su única visión de las cosas, así sea mintiendo); gastando cientos de miles con sus “guerreros digitales” o productores de mentiras, calumnias, patrañas y embustes; controlando cualquier disidencia con actos represivos de grupo, casi como purgas y castigos severos; queda la necesidad de aleccionar y disciplinar conforme a los designios del partido, a los niños y jóvenes allá donde son un público cautivo: en las aulas escolares. El camino al vaciado mental y espiritual de los bolivianos continúa, a menos que ejerzamos el derecho a pensar libremente más allá de la educación boliviana.

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