No hay democracia política sin comunicación democrática y viceversa. La comunicación y la cultura son espacios de participación y de negociación de nuevos consensos sociales y políticos. El deber ser de la comunicación política no es la búsqueda de consensos, sino la posibilidad de generar espacios para la deliberación y la creación y consolidación de cultura política. Al decir de Martín-Barbero: “Hay democracia en la medida en que no sólo la gente se informa, sino que sea capaz de contrainformar, de debatir y de que su palabra también sea pública” (Martín-Barbero en Botero, 2006, p. 20).
Luis Ramiro Beltrán definió a la Comunicación como “…un proceso de interacción democrática, basado en el uso de símbolos, por medio del cual los seres humanos intercambian libremente –de manera dialogada y equitativa- sus experiencias de afecto, actitud y comportamiento, influyéndose mutuamente en su conducta con varios propósitos diferentes” (Gumucio y Tufté en Villegas, 2012, p. 69).
La Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) encargó la elaboración de la Comisión para el Informe MacBride (1980) denominado luego como “Un solo mundo, voces múltiples”, el citado documento expresa que el derecho a comunicar es un prerrequisito para la realización de otros derechos humanos.
El informe MacBride denunció los peligrosos desequilibrios en los flujos de información que ocultaban los problemas reales del mundo y generaban la expansión de perspectiva etnocéntricas para hacerla dominantes. Planteó la necesidad de democratizar los medios y las telecomunicaciones para romper con la dominación del “Norte”. Un desequilibrio donde el “Norte” se convierte en proveedor de conocimiento, tecnologías e información. El “Sur” aceptó las propuestas de desarrollo esperando tener “legitimidad en el panorama internacional y servirse de una ayuda económica que hasta la fecha sólo ha enriquecido a sus clases dirigentes con la aceptación corrupta e interesada del “Norte” (Chaparro, 2015, 127).
A 45 años de publicado el Informe MacBride, la pertinencia de algunos de sus planteamientos sigue siendo incuestionable y fundamental para el ejercicio de los derechos a la información y a la comunicación. No obstante, el escenario informativo, comunicacional, tecnológico y político se ha transformado mucho luego de la aparición de Internet y redes sociales.
Pero, no es posible hablar ahora del informe MacBride sin hablar del derecho a la comunicación y el derecho a la información. Bajo la perspectiva de Jorge Carpizo y Ernesto Villanueva (en Villegas, 2021): “El derecho a la información es garantía a atraerse a información, a informar y ser informado”. La información no pertenece ni al poder, ni a los empresarios, ni a los periodistas; la información es de los ciudadanos, es un valor social que le permite analizar y conformarse una opinión sobre todos y cada uno de los fenómenos sociales de una sociedad determinada (Reyes en Villegas, 2021).
El derecho a la comunicación amplía el derecho a la información porque va más allá del ejercicio de los medios, sus propietarios y los periodistas; plantea que el titular del derecho a la comunicación son todas las personas (Aguirre en Villegas, 2021). Según Tamayo (en Villegas, 2021) existe una urgente necesidad de nuevos derechos, especialmente comunicativos porque el nuevo régimen socio-comunicativo proporciona otras formas de comprender el rol de la comunicación en la esfera pública y cómo este rol transforma el significado tradicional de conceptos como democracia, representación, derechos, deberes, responsabilidades y participación en las estructuras sociales contemporáneas.
El informe MacBride se publicó en un contexto internacional poco favorable, caracterizado por una guerra fría agonizante pero exacerbada, y el avance de la ideología neoliberal. La acogida con simpatía que obtuvo en algunas regiones del mundo no sirvió para oponerse al ambiente negativo que terminó por condenarlo al aislamiento. Tremblay (2005) afirma que el Informe MacBride no se equivocó, fue arrinconado por intereses políticos de Estados Unidos e Inglaterra. La propuesta de un Nuevo Orden Mundial de la Información y la Comunicación (NOMIC) no fue un fracaso, nunca se llegó a implementar. Desde entonces, se han producido muchos cambios a nivel de la comunicación, la información y la tecnología. El acceso a internet, allí donde se ha expandido, abre nuevas posibilidades de difusión y de intercambios.
Pero, en conjunto, el diagnóstico aportado por el Informe MacBride conserva desgraciadamente toda su actualidad. La diferencia entre los países ricos y los pobres, lejos de suprimirse, se ha agravado aún más con la difusión de las nuevas tecnologías. Que ahora se hable de brecha digital, de foso numérico, más que de intercambios desiguales, no cambia mucho la cuestión (Tremblay, 2005, p 22).
El escenario mediático se ha reconfigurado aceleradamente produciendo la migración al periodismo digital y multimedia, un boom de medios digitales que compiten por la publicidad y clientes que a su vez compiten con la información y bulos en redes sociales.
El contenido que se produce circula en el nuevo ecosistema digital donde interactúan millones de personas gracias a las tecnologías de la información. Ese ecosistema utiliza tácticas digitales para conseguir un objetivo en un contexto determinado; los contenidos ya no lo producen sólo los periodistas o las fuentes oficiales a través de los medios, sino los ciudadanos desde sus cuentas de redes sociales. Los medios de comunicación en Bolivia y el mundo han perdido el control de la producción informativa y varios de los más grandes han sido cerrados por falta de recursos.
Antes el periodismo tenía un rol fundamental en la sociedad como pilar de la democracia, informando sobre temas de interés público, investigando y denunciando abusos, educando a los ciudadanos para la toma de decisiones informadas, y construyendo una opinión pública crítica y una memoria histórica compartida.
Pero hoy ese panorama ha cambiado y el debilitamiento de los medios como actores sociales ha puesto en riesgo la posibilidad de coadyuvar a las democracias. Por tanto, ¿cuáles son los desafíos que debe asumir la sociedad a corto y mediano plazo para garantizar la democratización de la comunicación e información ante fenómenos tan complejos como la desinformación, el discurso de odio y las jugosas ganancias y el poder de las plataformas digitales, de streaming e Inteligencia Artificial? ¿No habremos sido otra vez orillados a vivir las mismas y peores circunstancias denunciadas por el Informe MacBride? ¿No viviremos hoy un colonialismo tecnológico que nuevamente nos posterga y excluye?
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