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Los recientes resultados preliminares del Censo de Población y Vivienda publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) nos interpelan a analizar varios aspectos sociales, económicos, geopolíticos y estratégicos para Bolivia.

Por un lado, el número total de habitantes es muy bajo en relación a las proyecciones (conjunto de supuestos sobre el comportamiento de los componentes demográficos fecundidad, mortalidad y migración) previstas por el INE los últimos 12 años. Esas cifras plantean la baja tasa de natalidad en nuestro país en comparación con el territorio, datos a los que se suman los 22.435 personas fallecidas por COVID-19 hasta el 29 de junio de 2022 según la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE). No obstante, al menos 1.273.978 personas se infectaron con el virus, esos son los datos oficialmente registrados, pero no se tiene información de las personas que no acudieron a un centro médico y fallecieron en sus hogares a nivel urbano y rural.

Como antecedente, en 2022 hubo un paro que duró 36 días en Santa Cruz que demandaba la realización del censo ese año o el 2023 porque esa consulta se realiza cada 10 años y el último se efectuó en 2012. No obstante, a pesar de esa presión social, el censo se efectuó recién el 23 de marzo de 2024. Probablemente esa postergación, justificada o no, generó un clima de extrema susceptibilidad en la población en general.

Por tanto, los datos del censo pudieran no reflejar la cantidad real de bolivianas y bolivianos debido también —en parte— a la campaña de desinformación generada por algunos comentaristas como Carlos Valverde y el Consejo Nacional Cristiano que se dieron a la tarea de recomendar no cooperar con el censo antes de su realización, en especial en el municipio de Santa Cruz, lo que generó la dificultad de conseguir encuestadores para censar a la población que se negó a cooperar en esa región.

Es importante tomar en cuenta que la cantidad de población de cada región influye en la cantidad de presupuesto que el Estado le asigna y la cantidad de representantes políticos que podría tener en la Asamblea Legislativa. Por ahora, se prevé una redistribución de esos escaños parlamentarios que seguramente generará ácidas discusiones en el ámbito político y social.

Actualmente, varias regiones del país, en particular La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, están reclamando que según los datos del censo su población no haya crecido porque contradicen los datos que poseen. Manfred Reyes Villa, alcalde de la ciudad de Cochabamba, declaró en un canal de televisión (28/08/2024) que su municipio poseía 8 distritos y ahora posee 14. Del mismo modo, esta columnista constató por una investigación sobre ciudades intermedias en 2021 y 2022 que Challapata (Oruro) y Caranavi (La Paz) figuraban con 50.000 habitantes según el Censo de 2012, pero los datos del Servicio Departamental de Salud (Sedes) y el Servicio Departamental de Educación (Seduca) en esos municipios demostraban que atendían a un promedio de 150.000 personas cada año.

Por tanto, como nunca, es fundamental que cada municipio trabaje en el registro y cuantificación de información pública básica: número de nacimientos, número de fallecidos, cifras de personas que reciben atención en salud (centros públicos y privados), registros relativos a la educación primaria, secundaria, técnica y universitaria de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, índices de empleo y desempleo. Si a la información pública básica (esperanza de vida, salud, educación y empleo) se añaden otros datos como tipo de transporte, índices de seguridad o inseguridad, actividad microempresarial, tipo de industrias u otros se podría tener una base suficiente para conocer la realidad socio-económica de cada región para aportar a los datos de la Encuesta de Hogares que realiza el INE el último trimestre de cada año.

La información pública fue definida por el Sistema Interamericano de Información Jurídica de la Organización de Estados Americanos (OEA) (24/09/2000) como aquel conjunto de datos de la administración pública, órgano, ente o institución que ejerza funciones o ejecute presupuestos públicos que se tienen obligación de suministrar en documentos, escritos, fotografías, grabaciones, soporte magnético o digital, o en cualquier otro formato bajo su posesión y control.

La información generada por las instituciones del Estado es información pública, es un bien público; para que sea público, tiene que ser visible, de acceso libre y común a todos. En los discursos de los actores políticos, con frecuencia se confunden lo público con lo político. Esta confusión muchas veces intencionada, disfraza las inequidades en la participación ciudadana respecto a la vigilancia de los asuntos de gestión gubernamental (Sandoval, 20017, p. 16).

El grado de involucramiento de cada municipio en la elaboración de su propia información pública es fundamental, cada autoridad edil y su consejo son responsables ante la ciudadanía de garantizar la gobernabilidad y legitimidad de sus funciones al servicio de la población. Por ello me parecen relevantes todas aquellas acciones que favorezcan el cuidado del medio ambiente como la limpieza de los ríos en la ciudad de El Alto o el control de las empresas mineras ilegales. Esas acciones municipales deberían trabajarse en alianza con los municipios aledaños y con las gobernaciones que, en general, siguen transparentando poco su accionar.

En ese marco, urge revitalizar el acceso a la información pública en general y municipal en particular como un derecho humano de todas las personas y de las instancias llamadas por ley a su ejercicio. La información pública permite impulsar y genera participación ciudadana que es un factor determinante para construcción y fortalecimiento de la democracia; sin embargo, a pesar de normativa vigente y actual, la reflexión, grado de conocimiento y apropiación por parte de la ciudadanía es muy escasa.

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