El 21 de enero, Bolivia se someterá al Examen Periódico Universal (EPU) ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, marcando un hito crucial para evaluar el estado de los derechos humanos en el país. Este proceso no sólo es una evaluación periódica del cumplimiento de las obligaciones en derechos humanos, sino una plataforma estratégica para la sociedad civil en términos de vigilancia y exigibilidad.
El EPU es un mecanismo único que revisa el desempeño en derechos humanos de cada Estado miembro de la ONU. Realizado cada cuatro años y medio, el examen involucra la presentación de un informe nacional por parte del Estado evaluado (presentado en octubre de 2024 y disponible en este enlace: https://www.ohchr.org/es/hr-bodies/upr/bo-index) , una compilación de información de las Naciones Unidas y un resumen de aportes de la sociedad civil y otras partes interesadas. Este diálogo interactivo busca fomentar la cooperación y el compromiso con los derechos humanos a nivel global.
La sociedad civil desempeña un papel fundamental en todas las etapas del EPU. Desde la preparación de informes alternativos que complementen la visión oficial del Estado, hasta la participación en el seguimiento de las recomendaciones emitidas, su participación es crucial para garantizar una revisión transparente y objetiva. Las organizaciones de la sociedad civil tienen la oportunidad de contribuir a través de:
- Presentaciones de informes alternativos: Estos documentos proporcionan una perspectiva independiente sobre la situación de los derechos humanos en el país, ayudando a pintar una imagen más completa y matizada.
- Asistencia a las sesiones del Grupo de Trabajo del EPU: Aunque no pueden participar directamente en el diálogo interactivo, las organizaciones pueden observar y organizar eventos paralelos previos para sensibilizar y movilizar apoyo.
- Seguimiento de las recomendaciones: Una vez emitidas, las recomendaciones deben ser implementadas por el Estado. Aquí, la sociedad civil juega un papel esencial en monitorear y presionar para su cumplimiento, garantizando que los compromisos asumidos se traduzcan en cambios reales.
El Examen Periódico Universal representa una oportunidad significativa para Bolivia de cara a la comunidad internacional, al ser una instancia donde el Estado presentará, ante los demás Estados, su posición oficial sobre diversos aspectos relacionados con los derechos humanos. Este examen es un espacio crucial para evaluar los progresos, si los hubiera, identificar desafíos y, sobre todo, comprometerse públicamente a implementar mejoras que beneficien a toda la población.
El informe escrito que Bolivia ha presentado y defenderá en el EPU es una pieza fundamental del proceso. Este documento oficial ofrece una visión del Gobierno sobre el estado actual de los derechos humanos en el país, enfatizando logros, políticas implementadas y compromisos futuros. Sin embargo, este informe tiende a presentar una perspectiva demasiado optimista, dejando de lado las omisiones y reinterpretaciones que no siempre reflejan la compleja realidad vivida por muchos sectores de la sociedad. Esta disparidad subraya la necesidad de un análisis crítico por parte de la sociedad civil, que puede contrastar la versión oficial con las experiencias concretas de las comunidades afectadas.
Por ello, es fundamental que la sociedad civil esté alerta y preparada para contrastar esta versión con la realidad en terreno en diversos temas de derechos humanos como libertad de expresión y de prensa, acceso a la justicia, integridad personal y participación política, acceso a la educación, salud, trabajo digno, vivienda adecuada, impacto de políticas ambientales en las comunidades locales, gestión de recursos naturales y respuesta a desastres ambientales, protección de los derechos de mujeres, niños y niñas, personas con discapacidad, personas adultas mayores, pueblos indígenas, y la comunidad LGBTIQ+, entre varios otros.
El examen de Bolivia el 21 de enero no es sólo un evento diplomático; es una oportunidad concreta para que la sociedad civil vigile de cerca el proceso de rendición de cuentas del Estado. El seguimiento del informe estatal y la participación activa en el proceso del EPU permitirán a las organizaciones y defensores de derechos humanos posicionarse como actores clave en la mejora del panorama de derechos humanos en Bolivia. Ésta es una ventana para hacer visibles las voces de aquellos que más lo necesitan y para promover cambios tangibles que reflejen un compromiso genuino con los derechos humanos.
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