Por primera vez en nuestra historia constitucional se abrió paso al balotaje presidencial. El dato no es menor y debe ser leído en su real magnitud: el sistema electoral boliviano, tantas veces cuestionado, tantas veces puesto en tela de juicio por oficialistas y opositores, alcanzó un punto de inflexión. Las elecciones recientes confirmaron que ningún candidato superó el umbral necesario para ser proclamado ganador en primera vuelta y, en consecuencia, el próximo 19 de octubre acudiremos nuevamente a las urnas para dirimir entre dos opciones. Se trata de un hecho histórico que plantea no sólo un nuevo escenario político, sino también una oportunidad inédita de madurez democrática.
El balotaje, en esencia, busca algo más que definir un vencedor; busca otorgar legitimidad reforzada a quien asuma la Presidencia. Mientras el sistema de pluralidad simple permitía que alguien gobierne con apenas un tercio del respaldo nacional, la segunda vuelta garantiza que el futuro mandatario sea electo por la mayoría absoluta. Es un salto cualitativo en términos de gobernabilidad: no se trata sólo de contar votos, sino de asegurar que quien gobierne lo haga con un mandato más sólido, con respaldo mayoritario y, en consecuencia, con mayor capacidad de interlocución frente a un país diverso y conflictivo como el nuestro. En otras palabras, el balotaje corrige el déficit histórico de legitimidad de origen y convierte a la elección en un verdadero examen de confianza ciudadana.
Ahora bien, este escenario abre a su vez un conjunto de desafíos institucionales que no pueden ser minimizados. El Órgano Electoral Plurinacional debe emprender una tarea pedagógica inmensa: explicar con claridad qué significa la segunda vuelta, cómo se llevará adelante, qué implicaciones tiene en la práctica y cuáles son las reglas que deben cumplir partidos y ciudadanos. Nunca antes enfrentamos esta figura en la práctica constitucional y por eso será necesario que el OEP despliegue información suficiente, comprensible y oportuna para evitar dudas o confusiones. Al mismo tiempo, la transparencia debe ser la brújula que guíe cada paso. En la primera vuelta, los datos fueron oportunamente publicados, no hubo denuncias relevantes de fraude ni impugnaciones de peso, lo que fortaleció la credibilidad. Pero esta vez el estándar debe subir: no basta con repetir lo logrado, es necesario consolidar y ampliar la confianza, extremar la rigurosidad técnica y garantizar que ninguna sombra de duda empañe un proceso que definirá el rumbo político del país.
En este punto cobran vigencia las preguntas que un amigo, Carlos Hugo Molina, ha planteado con la lucidez que lo caracteriza. Se pregunta, entre otras cosas, si podremos repetir los mecanismos que garantizaron la transparencia en la primera vuelta, si la ciudadanía volverá a organizarse para cuidar el voto, si el sistema de resultados preliminares funcionará con la misma eficacia, y si las instituciones lograrán blindar el proceso frente a la violencia en zonas sensibles. Preguntas cuyas respuestas apuntan a lo que siempre fue la causa de su militancia intelectual y cívica: el fortalecimiento de la democracia.
Pero quizás la cuestión más delicada sea qué queda de los viejos fantasmas. Durante años escuchamos denuncias sobre el millón de muertos que aparecían en el padrón, las circunscripciones supuestamente tramposas diseñadas para perpetuar a un partido en el poder, el voto rural con valor desigual o la idea de un sistema creado para que el MAS nunca pierda. Si hoy la oposición ha logrado imponerse en la primera vuelta, si el escenario es de balotaje, si los datos fueron transparentes y aceptados por todas las fuerzas políticas, ¿qué sentido tendrán esas narrativas en adelante? El desafío de fondo es doble: por un lado, para el oficialismo, reconocer que ya no es invencible; por el otro, para la oposición, asumir que no puede seguir alimentando teorías de fraude permanente cuando es precisamente su desempeño el que está abriendo la posibilidad de alternancia democrática. Este balotaje, en ese sentido, puede ser el punto de quiebre para enterrar el discurso mentiroso del engaño y, en su lugar, construir un nuevo pacto de confianza en las reglas de juego.
La segunda vuelta también obliga a repensar la forma de hacer campaña. La ciudadanía se juega entre dos opciones y el margen de error es mínimo. ¿Habrá guerra sucia, insultos y campañas negativas? ¿Se permitirá la difusión de encuestas que puedan manipular percepciones? ¿Tendremos, por fin, debates presidenciales serios, con propuestas claras y contrastables? Los estrategas deberán entender que el electorado boliviano está cansado de la violencia política, de la polarización estéril y de los ataques personales. La gente quiere propuestas concretas para salir de la crisis económica, para enfrentar la inseguridad ciudadana, para recuperar la confianza en la justicia y para garantizar servicios básicos de calidad. El balotaje puede ser el espacio ideal para contrastar visiones de país, no para medir quién insulta más fuerte en las redes sociales.
No obstante, hay un desafío silencioso que no podemos ignorar. En la primera vuelta, más de un millón trescientos mil bolivianos y bolivianas optaron por anular su voto. Esa cifra, que representa cerca del veinte por ciento del electorado, no puede ser leída sólo como apatía, sino como un grito de descontento frente a una oferta política que no logra representar a todos. Para que el balotaje otorgue legitimidad plena al futuro gobierno, será indispensable que los partidos desplieguen estrategias que conquisten a esos ciudadanos desencantados, que los convenzan de que su voz importa y que esta segunda vuelta es una oportunidad real de incidencia. Reducir el peso del voto nulo no es tarea de propaganda, sino de credibilidad; y será la única manera de que el 19 de octubre no se elija apenas entre dos candidatos, sino entre dos visiones de país que puedan movilizar y reconciliar a la mayoría.
El 19 de octubre, en consecuencia, no sólo elegiremos un presidente, sino que pondremos a prueba nuestra madurez democrática. Cada voto contará, cada decisión será observada, cada gesto institucional será escrutado. El proceso no descansa en una sola figura, sino en la labor conjunta de los vocales nacionales y departamentales, y en el esfuerzo de miles de funcionarios electorales que hacen posible la transparencia, la seguridad, la inmediatez y la certeza de los resultados. La democracia ya no puede entenderse como obra de notables ni de individualidades, sino como una construcción de todas y todos, que desde nuestro lugar aportamos para que nunca caiga.
El balotaje es la cita donde se pondrá a prueba la madurez de la política, pero sobre todo la madurez de la ciudadanía. El resultado será legítimo sólo en la medida en que los bolivianos y bolivianas asumamos nuestra responsabilidad con un voto consciente, informado y libre. En nuestras manos está demostrar que la democracia no se agota en la desconfianza ni en el desencanto, sino que puede renovarse cada vez que decidimos apostar y creer en ella.
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