El país vive en una relativa calma y con una fecha, al parecer, cierta de realización de las elecciones generales: el tercer domingo de octubre. Y la población espera con gran expectativa poder elegir a un gobierno con la legalidad y legitimidad necesarias, que permita encontrar paz y armonía social, a fin de finalmente ocuparnos de los grandes problemas que nos aquejan como Estado y sociedad, ambos desportillados, el primero debido a muchos años de un deficiente manejo de la cosa pública, y la segunda por los problemas históricos que tenemos, que reflotaron con mucha fuerza en los últimos conflictos vividos desde finales del año pasado y que todavía nos mantienen en zozobra.
Uno de esos problemas estructurales que, durante toda nuestra vida republicana y como Estado Plurinacional no hemos podido solucionar, está referido al sistema de justicia. Como sabemos, a pesar de muchos intentos de reforma, reestructuración y varias otras medidas, muchas veces serias y otras simplemente populistas o reactivas, hasta ahora ningún gobierno ha garantizado a la sociedad boliviana el acceso a una justicia rápida, eficiente, transparente, gratuita, objetiva y principalmente independiente e imparcial de los poderes políticos y fácticos.
La situación no es un problema menor, puesto que al no contar con un sistema de justicia adecuado, se afecta la correcta convivencia común. Y puede ser uno de los elementos que agrava nuestra delicada situación como sociedad; puesto que la población soluciona, en buena parte, sus conflictos de manera directa, ejerciendo presiones en diferentes espacios preferentemente públicos, apostando por el juzgamiento social mediante los medios de información o redes sociales, antes que confiar en los mecanismos de resolución de controversias del Estado, que otorguen una correcta investigación de hechos y en aplicación de las normas jurídicas. En muchas tristes ocasiones incluso se ha recurrido al aberrante ajusticiamiento por propia mano.
Por otra parte, a pesar de nuestra histórica desconfianza en el sistema judicial, somos una sociedad pleitista. Según datos del Ministerio Público, solo en el 2019 se habrían recibido más de 120 mil casos en esa institución, lo que equivale a 329 casos por día. Es evidente que un grueso de la población prefiere llegar a tribunales para buscar justicia antes que optar por soluciones conciliatorias, lo que hace obviamente que el sistema colapse, principalmente con respecto a materia penal.
Asimismo, como Estado no se ha establecido una adecuada política criminal que permita encontrar otras formas para solucionar los conflictos de naturaleza delictiva y se recurre a la criminalización prácticamente de casi todas las conductas contrarias al ordenamiento jurídico o, en su defecto, existe una tendencia muy marcada a querer agravar penas o crear nuevos tipos delictivos. De ahí surgen las tendencias al populismo penal con propuestas contrarias a los derechos humanos.
Por lo señalado, conviene observar las propuestas electorales para analizar si las mismas realmente buscan realizar un cambio estructural en la justicia boliviana o se mantendrán las reformas parciales o como parche a las demandas sociales.
Es así que, respecto a la independencia judicial, como elemento fundamental de una imparcial y correcta administración de justicia, los partidos políticos hacen referencia a esta problemática en sus planes de gobierno, comprometiéndose a reformas y reestructuraciones, algunos con participación de la sociedad.
Llama especialmente la atención que la propuesta del Movimiento al Socialismo señala textualmente: “Estamos conscientes de que la Justicia en el país debe ser transformada. En los próximos años debemos reconstruir el sistema de justicia”. Al respecto, queda la duda sobre sus actividades en esta materia en su largo periodo de gobierno o también de Alianza Libre 21 que garantiza la independencia judicial con el fin de que esta “…permita a los inversores confiar en las reglas de juego y reducir sus riesgos de inversión”, olvidando que este principio va mucho más allá de solamente un sector minoritario de la sociedad.
Sobre la institucionalidad del Órgano Judicial y del Ministerio Público, es interesante observar que todos los partidos han hecho referencia a este tema. Comunidad Ciudadana, Acción Democrática Nacionalista, Pan-Bol y Libre 21 plantean la modificación de la elección de magistrados a los altos tribunales de justicia y el Consejo de la Magistratura, que tuvo muchas observaciones y aspectos negativos en las dos elecciones anteriores que fueron denunciadas por diversas entidades políticas y organizaciones de la sociedad civil. Es interesante la propuesta de Pan-Bol que encargaría a una entidad de la sociedad la selección de los postulantes o la de Creemos que otorgaría a las Asambleas Legislativas Departamentales la designación de los vocales de los Tribunales Departamentales de Justicia.
Muchos de los frentes políticos se ocupan de la carrera judicial y en el Ministerio Público. No debemos olvidar que casi el 80% de jueces en nuestro país son interinos por erróneas determinaciones legislativas del anterior gobierno, lo que afecta su labor jurisdiccional, pues no les otorga la seguridad de estabilidad laboral necesaria.
Algo que hay que remarcar es la declaración de los frentes políticos en sentido de que es urgente contar con jueces y fiscales con los méritos profesionales y calidad personal y moral necesarios para tan importante labor.
En cuanto a la cobertura y servicios, se expresa la necesidad de desconcentrar los servicios judiciales con diferentes mecanismos como centros ciudadanos de justicia municipal (Comunidad Ciudadana), Casas de Justicia en distritos municipales (Juntos) o simplemente reestructurar la cobertura y mejorar la infraestructura (Creemos, Libre 21 y Pan-Bol).
Por otra parte, es importante la referencia al uso de nuevas tecnologías de la información en la gestión judicial, propuesta de Libre 21 mediante la implementación de diversas herramientas digitales, notificaciones electrónicas, digitalización de expedientes, audiencias y tramitación virtuales. A su vez, Creemos y Comunidad Ciudadana se proponen la digitalización de todos los procesos judiciales hasta el final del quinquenio. El MAS se circunscribe a señalar que se hace necesaria la modernización de la gestión judicial con el uso de nuevas tecnologías de la información.
Causa gran preocupación que solamente tres grupos políticos (Juntos, Creemos y Pan-Bol) hayan hecho referencia al tema presupuestario, aspecto vital para pensar en una reforma del sistema de justicia. Por información de investigaciones de la sociedad civil, el presupuesto de todo el sistema de justicia en nuestro país se encuentra por debajo del 0,52% del Presupuesto General del Estado, lo que evidentemente no ha contribuido a mejorar el acceso a la justicia, contar con un Ministerio Publico eficiente o un Servicio Plurinacional de Defensa Pública con el suficiente presupuesto y personal para tan importante función social de defensa técnica de los imputados que no pueden proveerse su propia defensa.
Otro de los puntos que la generalidad de frentes políticos está ofertando es luchar contra la corrupción en el Órgano Judicial, y mejorar los mecanismos de transparencia, como una oficina de Control de la magistratura del Frente para la Victoria, e información, principalmente esto último mediante la promulgación de una Ley de Acceso a la Información (Comunidad Ciudadana, Juntos, Creemos, Libre 21, Pan-Bol), lo que per se es una excelente noticia, ya que junto con Venezuela compartimos la falta de una norma de este tipo, que se constituye en una herramienta clara de lucha contra la corrupción y el secretismo de Estado.
Causa desazón que los partidos políticos, en su mayoría, hayan pasado por alto o vean de manera tangencial la necesaria reforma penal en nuestro país, salvo el Frente para la Victoria y Libre 21 que hacen referencia a este tema de manera un poco más amplia, porque los demás solo profundizan en las temáticas de narcotráfico, trata y tráfico o corrupción.
El Movimiento al Socialismo, Comunidad Ciudadana, Juntos y Libre 21 se ocupan en sus planes de la situación de las personas privadas de libertad, planteando mejoras en infraestructura, programas de reinserción y educación, así como la tan deseada diferenciación entre detenidos preventivos y condenados.
A pesar de muchas declaraciones de varios partidos sobre el carácter del Estado Plurinacional, en sus planes de gobierno, solamente Libre 21 y Comunidad Ciudadana hacen referencia a la justicia indígena originario campesina, el primero planteando la modificación de la Ley de Deslinde Jurisdiccional y la segunda, proyectando un espacio para las autoridades originarias en los centros integrados de justicia, cumpliendo de alguna manera la igualdad jerárquica de aquella con la justicia ordinaria determinada constitucionalmente.
Durante esta época de campaña será importante contar con esta información para cuestionar a quienes candidatean en espacios públicos como debates, entrevistas o foros, sobre varios aspectos que no han sido considerados en sus planes de gobierno relacionados no solamente a la temática de justicia, sino a muchas otras que tienen que ver con los derechos humanos. Por otra parte, será significativo también tener a mano estas promesas para exigir su cumplimiento a quien se encargue del gobierno en la siguiente gestión.
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