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Por Correo del Sur Digital y Erbol (Bolivia)

Jueves 7 de noviembre de 2024.- El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) confirmó la suspensión de la elección de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Beni y Pando y del TCP en Pando, Cochabamba, Santa Cruz, Beni y Tarija. 

Al finalizar la tarde, el Tribunal Supremo Electoral, que tiene a su cargo la organización de los comicios, se pronunció al respecto. Mediante un comunicado, la Sala Plena anunció que interpondrá todas las acciones legales que estén a su alcance para garantizar las los comicios se realicen el 15 de diciembre en todo el país.

“La Sala Plena –señala el documento– expresa su disconformidad con la referida sentencia porque atenta contra el normal desarrollo de un proceso electoral que ya está en curso y sobre todo contra la integridad del sistema democrático en el país, hecho que se constituye en un antecedente negativo y peligroso para la seguridad jurídica en la organización y administración de futuros procesos electorales”.

El fallo de los tribunos

El esperado fallo sobre las elecciones judiciales al que tuvo acceso CORREO DEL SUR pide emitir “una nueva convocatoria para los Órganos de Justicia declarados desiertos”.

El TCP confirmó “en parte” la resolución 87/2024 de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Beni y declaró “desierta la convocatoria a magistradas y magistrados para el Tribunal Supremo de Justicia en los departamentos de Beni y Pando”.

Asimismo, declaró desierta la convocatoria para el TCP en los departamentos de Pando, Cochabamba, Santa Cruz, Beni y Tarija.

En contrapartida, denegó la tutela con relación a las elecciones nacionales del Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura, que podrán desarrollarse porque cumplieron los “requisitos mínimos exigidos”.

También están autorizadas las elecciones para el TSJ en Chuquisaca, La Paz, Tarija, Oruro, Potosí, Cochabamba y Santa Cruz y para el TCP en Chuquisaca, Oruro, Potosí y La Paz.

El fallo fue emitido por los magistrados Yván Espada y Gonzalo Hurtado de la Sala Cuarta Especializada del TCP.

Repercusiones

Erbol recogió repercusiones de distintas autoridades y políticos y abogados con relación a este tema que pone en vilo a las elecciones judiciales de diciembre.

El alcalde paceño Iván Arias afirmó que existe una “indignación general”. Consideró que se trata de un “golpe al Tribunal Electoral”, el cual ya desarrollaba las acciones para llevar adelante la votación este 15 de diciembre.

Añadió que la decisión del TCP es una “afrenta al voto” y marca un precedente que pone en riesgo cualquier otro proceso electoral. Pidió devolverle a la autoridad electoral la cualidad de resolver sus temas sin que nadie se meta.

El expresidente Carlos Mesa consideró que ha ocurrido “un nuevo golpe a la democracia” de parte de los magistrados autoprorrogados, con la intención de prolongarse indefinidamente en el ejercicio de cargo y favorecer al MAS en las elecciones de 2025.

“Este fallo es devastador no solo para la justicia sino para la democracia y la institucionalidad, porque instala una dictadura masista abierta”, publicó Mesa en sus redes sociales.

El diputado Marcelo Pedrazas señaló que el fallo del TCP muestra el “estado de putrefacción que tiene el modelo plurinacional en Bolivia”. Aseveró que un “grupo delincuencial” está atentando contra el Estado de Derecho y la democracia al tomar una decisión abusiva y atrevida.

Pedrazas observó que, en el caso del TCP, los magistrados hayan decidido tumbar las elecciones en cinco departamentos. Explicó que con esta determinación se pretende prorrogar aún más a cinco tribunos de nueve, haciendo mayoría para tomar decisiones.

“Al hacer sala plena van a resolver otras decisiones que son más complejas que tienen que ver con el sistema democrático en el país, que tienen que ver con la pugna del Movimiento al Socialismo y sus siglas y otras decisiones que pueden alterar el orden constitucional”, agregó.

El senado Félix Ajpi consideró que es “irresponsable” la sentencia, aunque considera que fue alentada por el Órgano Ejecutivo también para evitar que se lleve las elecciones judiciales. Sospecha que la intención es mantener a los mismos magistrados hasta al menos las elecciones generales y subnacionales.

El abogado Frank Campero señaló que la decisión es una “falta de respeto directamente a la institucionalidad y un cálculo netamente político”, que generará un caos en el ámbito judicial.

Alertó que con este tipo de decisiones, al no tener otra instancia de apelación, se estaría orillando a que la reacción se haga mediante la violencia o la protesta.

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