Por Guardiana (Bolivia)
Miércoles 16 de octubre de 2024.- La Sala Constitucional Tercera de El Alto emitió este miércoles una medida cautelar para que la organización de los comicios judiciales prosiga y ordenó al Tribunal Supremo Electoral continuar con las actividades programadas en el calendario electoral en el que está prevista la cita en las urnas para el primer día de diciembre próximo.
La medida cautelar fue aprobada a raíz de una Acción de Cumplimiento interpuesta por Esteban Alavi, dirigente intercultural del ala arcista del Movimiento al Socialismo (MAS), leal al presidente Luis Arce.
La audiencia para definir si se concede o no la tutela a Alavi está programa para las 16:00 de este jueves 17 de octubre, pero se aclara que mientras ese asunto no se haya resuelto no se puede frenar la organización de las elecciones.
El artículo 134 de la Constitución Política del Estado señala que una “Acción de Cumplimiento procederá en caso de incumplimiento de disposiciones constitucionales o de la ley por parte de servidores públicos, con el objeto de garantizar la ejecución de la norma omitida”.
En otras palabras, es una “herramienta legal para garantizar el cumplimiento del deber omitido por parte de servidoras y servidores públicos u órganos del Estado, según la firma de abogados Rigoberto Paredes y Asociados.
“… se dispone en calidad de medida cautelar, la PROSECUSION del proceso de organización, dirección, supervisión, administración y ejecución del proceso electoral para las elecciones de las Magistradas y Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, y del Tribunal Agroambiental, los Miembros del Consejo de la Magistratura y las Magistradas y Magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional”, dice la resolución de la sala de El Alto.
Recursos de dos expostulantes
Dos salas constitucionales, una de Pando y la otra de Beni, determinaron el martes declarar desierta la convocatoria para elecciones judiciales, por efecto de recursos legales presentados por dos expostulantes al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para declarar desierta la convocatoria para los comicios.
El vocal del TSE, Francisco Vargas, anticipó que esa institución interpondrá recursos legales para enfrentar decisiones de las salas que, en su opinión, se han extralimitado en el análisis y en la búsqueda de que el Órgano Electoral "sea una especie de suprapoder por encima del Legislativo", que es el encargado de la preselección de postulantes y calificarlos.
"Este es un golpe a la democracia que no lo hemos visto en los últimos años", afirmó Vargas y dijo que jamás había visto que un proceso electoral tenga tantas trabas.
La resolución en Pando
En Pando, la excandidata María Esther Caero interpuso un amparo constitucional. “Se ha dispuesto declarar desierta la convocatoria para magistrados del Tribunal Supremo de Justicia no solamente para el departamento de Pando, sino a nivel nacional”, indicó el presidente del Tribunal Departamental de Justicia, José Luis Sotelo.
La autoridad judicial aclaró que, una vez la resolución sea notificada, seguramente habrá las solicitudes de complementación y enmienda, además de que será remitida al Tribunal Constitucional para fines de revisión.
José Luis Sotelo explicó que en este caso María Esther Caero, quien postuló al TSJ, mediante el recurso reclamaba que la Asamblea Legislativa había tomado en cuenta como candidata aprobada por Pando a otra abogada que no radica en ese departamento, sino en Cochabamba.
También se consideró el caso de otras dos postulantes mujeres de Pando, quienes no habrían alcanzado la calificación para avanzar al proceso electoral.
Según explicó el Presidente del Tribunal de Justicia, la resolución determinó que se excluya a las postulantes que no cumplieron el requisito de residencia y de puntaje.
No es la primera vez que la misma sala de Pando emite una resolución en contra de las elecciones judiciales. El mismo tribunal había determinado anteriormente que se deje sin efecto la preselección de candidatos, con el argumento de que el reglamento no favorecía a postulantes indígenas y mujeres como debía hacerlo.
La resolución en Beni
Con relación a la decisión judicial tomada en el departamento del Beni, el expostulante al TSJ Hugo Vargas Palenque presentó un amparo constitucional con el argumento de que fue inhabilitado a pesar de que –según su versión– obtuvo una buena calificación.
“Se ordena al Tribunal Supremo Electoral la remisión a la Asamblea Legislativa de todas las listas de candidatos a efectos de considerar el presente y puedan ser subsanadas respetando todos los parámetros establecidos en la presente resolución”, señala la resolución leída por el vocal Charles Mejía, quien también fue candidato en las elecciones judiciales, pero no tuvo éxito.
El propio Mejía había denunciado más temprano amedrentamiento de la Policía y del Ministerio de Gobierno.
Traba para elegir a Fiscal General
La Sala Constitucional Segunda de La Paz admitió un amparo constitucional contra el proceso de selección y elección de aspirantes a la Fiscalía General del Estado presentado el el expostulante inhabilitado Porfirio Machado Gisbert.
La demanda apunta a los integrantes de la Comisión Mixta de Justicia Plural que teníana su cargo la evaluación de méritos y toma de exámenes a los candidatos.
La audiencia virtual pública en la que se definirá el tema está programada para las 14:00 del 25 de octubre, dos días después de que el actual fiscal general Juan Lanchipa termine su gestión.
El calendario electoral prevé que entre el 18y el 23 de octubre debe realizarse la designación y posesión de la nueva autoridad.
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