Por Guardiana (Bolivia)
Martes 3 de octubre de 2023.- Las organizaciones sociales del agua potable de Cochabamba exigen al Gobierno central a la Gobernación y a las alcaldías destinar de forma inmediata recursos para enfrentar la sequía y falta de agua, y emitir normas para sancionar a los deforestadores y desalojar a los loteadores que avasallan las áreas de recarga hídrica.
Dichas organizaciones, que anunciaron una marcha para el viernes 13 de octubre, también demandan que se apliquen castigos a quienes provocan incendios y quemas en el Parque Tunari y otras áreas de forestación. Otro de los pedidos es que se ejecute un plan de forestación.
En el documento que anuncia la marcha, se exige a los ministerios de Defensa y de Medio Ambiente y Agua la inmediata compra de la menos 50 carros cisternas para el abastecimiento con agua de la represa de Misicuni y otras fuentes a los sectores de la población que están en situación crítica y con racionamiento.
Otra demanda es que se prohíba a Misicuni y a otras entidades que especulen o negocien con el agua o que pretendan imponer una tarifa elevada. Se indica que la tarifa de Misicuni debe ser inferior a la tarifa de las organizaciones de agua potable. También se plantea la perforación de pozos.
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Esas organizaciones exigen también una sanción contra el derroche de las aguas de Misicuni que se echan a los ríos Chijllawiri y Chocaya, y luego desembocan en el contaminado río Rocha.
Exigen que se dialogue con las comunidades cercanas a la Cordillera del Tunari para que no pretendan apropiarse de represas, lagunas y vertientes, lo que agravaría la situación.
Las organizaciones del agua rechazan la creación de empresas municipales “monopólicas y mercantiles” como Yaku Mankalluta en Colcapirhua, Sermati en Tiquipaya y otras que hay en los municipios de Vinto y Sipe Sipe.
Otra exigencia apunta a la revocatoria o anulación de la Resolución RAR-AAPS N° 09/2023 que aprueba la tarifa de agua potable de Misicuni a 1,83 bolivianos por metro cúbico en los tanques, cuando a los usuarios se les pretende cobrar de 3 a 5 bolivianos por metro cúbico.
En la parte final del documento, las organizaciones sociales del agua advierten con un bloqueo de caminos en caso de que las autoridades no atiendan las demandas planteadas.
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