Por Guardiana (Bolivia) y fotografía tomada del Facebook de Mano Diversa
Lunes 28 de junio de 2021.- La población LGBTI es especialmente vulnerable a la pandemia de la Covid-19, y a pesar de ello este colectivo no ha sido atendido en sus necesidades específicas que van desde acceder a servicios y tratamientos médicos hasta tener una protección frente a la discriminación.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó, el pasado viernes, una sesión sobre la situación de los derechos de las personas LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales) de Bolivia en el contexto de la Covid-19. El encuentro se realizó a pedido de las organizaciones Mano Diversa, Asociación Nacional de Adultos Mayores LGBTI de Bolivia, Mesa de Trabajo Nacional, Red Trans de Bolivia y la Coalición Boliviana de Organizaciones LGBTI.
Al momento de tomar la palabra, la sociedad civil comenzó por recordar a la activista Raisa Torriani, muerta por Covid-19 a la espera de una cama en terapia intensiva en Tiquipaya, Cochabamba, en mayo pasado.
Horas después, cuando la sesión de la CIDH había terminado, se difundió la noticia de la muerte de Pamela Valenzuela, en La Paz, la primera mujer trans en el país en cambiar legalmente su nombre. Varios colectivos habían iniciado una campaña de recaudación de fondos para enfrentar los gastos de su padecimiento por Covid-19.
“El gobierno de Bolivia ha dejado que nuestros derechos sean vulnerados… No sabemos cuánto tiempo más el Covid-19 estará en Bolivia, por tanto, queremos solicitar atención inmediata por parte del gobierno y de las autoridades del Estado Plurinacional en sus niveles municipal, departamental y nacional”, dijo Frank Evelio Arteaga, representante de Mano Diversa.
Las organizaciones de la sociedad civil pusieron énfasis en evaluar la aplicación de la Resolución 01/2020 de la CIDH que sugiere y fija estándares de atención a las poblaciones en mayor riesgo de discriminación.
Discriminación y abandono
“A las personas LGBTI se nos ha responsabilizado de la aparición del virus del Covid-19, bajo creencias religiosas que dictaban que el Covid era un castigo de dios por culpa nuestra”, continuó Arteaga, para poner un ejemplo de la discriminación que vive la comunidad LGBTI en este momento de pandemia.
Alberto Moscoso, de la Coalición, explicó que las personas que viven con VIH sufrieron una falta de acceso a sus tratamientos y un cambio de esquemas en esos tratamientos, sin contar con que los laboratorios se enfocaron solamente hacia la Covid-19 dejando sin atención a estos otros casos.
Según los testimonios, pocos gobiernos municipales reorientaron su atención hacia las personas que viven con VIH. Lamentaron una falta de orientación y dirección por parte del gobierno desde el Ministerio de Salud.
La pérdida de vivienda, la falta de seguridad alimentaria, la falta de documentos de identidad para acceder a los bonos, la escasa temporalidad de las canastas alimentarias en algunos municipios –duraron semanas, pero tiene más de un año– fueron otros aspectos señalados por la sociedad civil.
“Si bien no tenemos una recolección (de información) o evidencia respecto de los jóvenes y adolescentes que han venido sufriendo hostigamiento en la cuarentena, los que hablan de su identidad sexual, que dependen de sus hogares, han recibido hostigamiento, (ha habido) intentos de suicidio, intentos de escapar de las casas”, expuso Moscoso.
La sociedad civil presentó información recogida a través de una encuesta realizada a población LGBTI en la que se destaca la inacción del gobierno respecto de gestionar la pandemia con una orientación que tome en cuenta a las personas de las diversidades sexuales. Además se mide problemas respecto de la vivienda, el trabajo, la discriminación y otros problemas vividos por la comunidad.
Un gobierno sin datos
A su turno, las funcionarias Jhanneth Bustillos y Ximena Fajardo, en representación del Estado Plurinacional, dieron explicaciones sobre el papel del gobierno boliviano en gestionar la pandemia con un enfoque que incluya a la población LGBTI.
Bustillos destacó los avances normativos del Estado boliviano en materia de reconocimiento de derechos de la población LGBTI y dijo que algunos municipios generaron medidas específicas para atenderla durante la pandemia.
“El Estado boliviano ha realizado todos sus esfuerzos para desarrollar acciones en el marco de estándares y resolución 01/2020”, dijo.
A su turno, para referirse a la encuesta presentada por los miembros de la población LGBTI, Ximena Fajardo, también de la Procuraduría, explicó que “el Estado no cuenta con datos oficiales respecto a la población con diversa orientación sexual e identidad de género” y que por eso “las encuestas no podemos considerarlas en ese entorno”.
En todo caso, las funcionarias anunciaron que el gobierno atraviesa por un momento de nuevas definiciones de políticas públicas y que será la oportunidad de introducir
“Si bien han tenido respuestas generales, necesitamos respuestas focalizadas. No lo hacemos por privilegio, sino porque tenemos dinámicas diferentes, y acudir a una instancia de salud pública o privada conlleva discriminaciones y atenciones no focalizadas. Lo pedimos a partir del gobierno central porque tiene la rectoría por parte del Ministerio de Salud para hacer estos cambios, (que) no dependen de presupuesto, sino de voluntades”, dijo Arteaga.
Las comisionadas de la CIDH destacaron los avances en la legislación del país y pidieron más información sobre la acción del gobierno en campañas con perspectiva focalizada en la población LGTBI, la situación de los adultos mayores LGBTI, las trabajadoras sexuales, la situación de las niñas, niños y adolescentes LGBTI.
Flavia Piosvesan recordó que la expectativa de vida de las mujeres trans es de 35 años en la región y pidió información sobre campañas del gobierno para combatir las ideas estigmatizantes y patologizantes de las personas LGBTI. Esmeralda Arosemena, otra de las comisionadas, expresó su preocupación sobre la necesidad de ir cerrando las brechas entre la normativa y la realidad o los hechos.
La audiencia fue dirigida por Julisa Mantilla Falcón, primera vicepresidenta de la CIDH, y en ella participaron otras miembros de la CIDH, representantes del Estado Plurinacional y de las organizaciones de la sociedad civil, entre ellas
La Resolución 01/2020 considera entre los grupos en especial situación de riesgo: a personas mayores y personas con enfermedades preexistentes, privados de libertad, mujeres, pueblos indígenas, migrantes, niñas, niños y adolescentes, personas LGBTI, afrodescendientes, personas con discapacidad, trabajadores y personas en pobreza y pobreza extrema.
Para el caso de la población LGBTI fija los siguientes estándares de atención:
- Garantizar la inclusión de las personas LGBTI, en particular las personas trans que se encuentran en un ciclo de pobreza, exclusión y falta de acceso a la vivienda, en la formulación de políticas de asistencia social durante la pandemia –incluyendo acceso a vivienda y refugio seguros– así como en las eventuales medidas de reactivación económica.
- Adoptar o fortalecer protocolos de atención en salud y sistema de denuncias para las personas LGBTI –incluyendo niños, niñas y adolescentes– que tomen en cuenta el prejuicio, la discriminación y la violencia en sus hogares en el contexto de distanciamiento social o cuarentena. Adoptar o fortalecer políticas que garanticen el respeto a la identidad de género en el ámbito hospitalario y garantizar la continuidad de servicios médicos prestados a las personas trans.
- Adoptar campañas de prevención y combate contra la homofobia, transfobia y discriminación basada en orientación sexual, garantizando la protección a los derechos de identidad de género, dirigidas especialmente a personal de salud y de seguridad del Estado que tenga a su cargo medidas de atención y contención de la pandemia.
A través de las audiencias públicas, la Comisión Interamericana promueve la observancia de los derechos humanos en la región y emite recomendaciones para el cumplimiento de estos derechos humanos en los Estados miembros.
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