Por Guardiana (Bolivia), foto Defensoría del Pueblo
Lunes 14 de julio de 2025.- El Defensor del Pueblo estableció, de manera preliminar, que los hechos de violencia registrados durante el bloqueo de carreteras impulsado por seguidores del expresidente Evo Morales, del 2 al 16 de junio, en el municipio potosino de Llallagua y en el departamento de Cochabamba, dejaron un saldo de ocho fallecidos: dos personas particulares, dos del sector movilizado y cuatro policías (que actuaron en operativos de desbloqueo), además de 201 detenidos.
El informe sobre la “Situación de la Conflictividad en Bolivia-junio de 2025”, presentado este lunes por el defensor Pedro Callisaya, señala que el conflicto surgió en horas previas a la fecha límite para la inscripción de candidaturas para las elecciones de agosto próximo y como prolongación de una disputa interna del MAS.
“En el seguimiento a las investigaciones —señala el documento— se conoce que el Ministerio Público y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), abrieron cinco procesos penales; cuatro por el delito de asesinato y uno por el delito de homicidio”. Hasta el viernes 4 de julio del 2025, tres de esos procesos se encontraban en etapa preliminar y dos en fase preparatoria.
El informe revela que entre los procesados existirían siete adolescentes, por los que se expresa especial preocupación.
POR LA CRISIS ECONÓMICA
Según la Defensoría, la profundización de la crisis económica (marcada por la escasez de combustible, falta de dólares, incremento de los precios de la canasta familiar y la inflación) activó protestas sociales desde 2024 y se amplificaron el 2025. Según Callisaya, “la intransigencia de actores políticos, agravó la conflictividad social y generó vulneraciones a los derechos humanos y en la economía nacional”.
Tanto en Llallagua como en Cochabamba fueron identificadas preliminarmente 173 personas heridas, que incluyen afectados del sector movilizado, terceros no involucrados en los bloqueos, pobladores de las zonas afectadas y efectivos policiales.
“En el seguimiento a las investigaciones —señala el documento— se conoce que el Ministerio Público y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), abrieron cinco procesos penales; cuatro por el delito de asesinato y uno por el delito de homicidio”. Hasta el viernes 4 de julio del 2025, tres de esos procesos se encontraban en etapa preliminar y dos en fase preparatoria.
El informe revela que entre los procesados existirían siete adolescentes, por los que se expresa especial preocupación.
Asimismo, el documento da cuenta de la aprehensión de 201 personas (36 con detención preventiva y 32 con procesos penales abiertos por delitos como atentado a la seguridad, uso de explosivos, asesinato y tentativa de homicidio; cuatro casos de agresiones a periodistas con amenazas, hostigamiento y robo de equipos; ocho casos de obstrucción a ambulancias y agresiones a personal médico (retenidos en Japo, Cochabamba); agresiones a transportistas, sin alimentos, ni atención médica en rutas bloqueadas; afectación a la economía con pérdidas millonarias en agricultura, ganadería, transporte, comercio y canasta familiar; y afectación al derecho a la educación con suspensión de clases en Betanzos y Llallagua.
Callisaya exhortó a todos los actores políticos a comprometer su respeto por los derechos humanos. “El derecho a la protesta siempre va a estar protegido constitucionalmente, pero este tiene sus límites y esto es que no sea violenta, que no afecte derechos de terceras personas y no impida el acceso a servicios básicos, porque de lo contrario deslegitima cualquier petición que se quiera realizar”.
Comentarios