Por Guardiana (Bolivia)
Jueves, 18 de marzo de 2021.- Un proceso en la vía ordinaria y cuatro acusaciones de juicio de responsabilidades contra Jeanine Añez han motivado el pronunciamiento de organismos internacionales, preocupados por la forma de proceder contra la exautoridad y la falta de independencia judicial en el país. A la vez, entidades y personalidades del exterior señalaron la importancia de respetar los procedimientos legales internos y de derecho internacional en este caso.
Las entidades internacionales se pronunciaron casi a diario estos días ante la forma de detención de Jeanine Añez. La expresidenta fue aprehendida el 11 de marzo en su domicilio de la ciudad de Trinidad, conducida hasta la ciudad de La Paz y sometida a una audiencia de medidas cautelares en un proceso ordinario abierto contra ella ―y contra sus exministros Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán― por los delitos de “sedición, conspiración y terrorismo”.
Casi paralelamente, el Ministerio de Justicia presentó cuatro proposiciones acusatorias para juicio de responsabilidades contra la exmandataria y sus exministros.
¿Qué repercusiones tienen esos pronunciamientos desde el exterior del país? El politólogo y docente de la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca, Fran Flores, explica que esas manifestaciones de organismos internacionales tienen una influencia muy lenta o inexistente frente a algunos problemas políticos internos.
El entrevistado elige como ejemplo los pronunciamientos sobre el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela ―que incluyen sanciones para altos funcionarios públicos desde la Unión Europea― y que no han modificado la situación de manejo político en ese país. El otro ejemplo que pone es el de Vladimir Putin, de Rusia, y la persecución al dirigente opositor Alexei Navalny que causó sanciones por parte de Estados Unidos y la Unión Europea.
Pero Bolivia no es Venezuela ni Rusia. Aún así, el efecto (de los comunicados internacionales) es mínimo”, dice Franz Flores, antes de añadir que lo que realmente puede cambiar una situación política es la manifestación y expresiones de la población en las calles, “si el ciudadano percibe que su democracia realmente está en peligro”.
DESDE LOS DERECHOS HUMANOS
Ante los hechos mencionados contra Añez y sus exministros, Amnistía Internacional expresó que esas detenciones, sumadas “al Decreto Supremo 4461 que concede indulto o amnistía a personas simpatizantes del MAS, parecen continuar con un patrón de uso parcial de la justicia que contribuye a perpetuar la impunidad para las violaciones a los derechos humanos”.
En su comunicado, Amnistía Internacional no se limita a los hechos de violencia ocurridos en la administración de Jeanine Añez sino que describe que existe una "pandemia de impunidad" en Bolivia, hace décadas, que solo puede revertirse con una justicia auténticamente independiente e imparcial.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también convocó a Bolivia, en dos oportunidades, a cumplir los estándares del debido proceso en este y otros casos y expresó su preocupación “ante las reiteradas denuncias sobre la falta de independencia en la administración de justicia del país, así como la prevalencia de desafíos estructurales en el sistema judicial”.
Por su parte, el director de Human Right Watch, José Miguel Vivanco, calificó como “un espectáculo triste de persecución política” las acciones contra Añez y exministros, además de expresar que el Poder Judicial no tienen banderas ideológicas pero sí una opción por estar al servicio del gobierno de turno.
DESDE ÁMBITOS POLÍTICOS
Los pronunciamientos con más repercusión, aunque en el campo discursivo, son los que vienen de entidades de rasgo más político. Para los expresidentes de la línea de Tuto Quiroga Ramírez, lo sucedido con Jeanine Añez es “privación ilegítima de libertad”.
Estos exjefes de Estado y de Gobierno de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) consideran que la detención de Añez, por los cargos de terrorismo, sedición y conspiración, “sin previa exhibición de pruebas, y derecho a la defensa, es arbitraria y contraria a los principios fundamentales de un Estado de Derecho”.
Los comunicados entre la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Cancillería boliviana y el Ministerio de Justicia boliviano han derivado en respuestas y aclaraciones que involucraron a otros presidentes. Cancillería “repudió” el pedido de liberación de Añez hecho por la Secretaría General de la OEA y esta entidad hizo lo mismo frente al comunicado de la Cancillería.
El ministro de Justicia, Iván Lima, y la Cancillería, por separado, anunciaron la posibilidad de enjuiciar al secretario general de la OEA por sus declaraciones o hacer que "sus reprochables acciones no queden impunes", mientras que un último comunicado de esta entidad tiene similar talante cuando anuncia que "ha dispuesto los trabajos necesarios para el envío a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de los antecedentes correspondientes a presuntos actos de lesa humanidad a partir del último gobierno del ex Presidente Evo Morales hasta la actualidad, con la necesaria investigación del gobierno de transición al respecto, especialmente de los casos de Sacaba y Senkata".
Los presidentes de Brasil, Jair Bolsonaro, de México, Andrés López Obrador, y de Ecuador, Lenin Moreno, se manifestaron también en distinto sentido frente a los sucesos de Bolivia.
Al cierre de este artículo, los pronunciamientos alrededor de la polémica con la Secretaría General de la OEA continúan esta vez desde los sectores vinculados al Movimiento Al Socialismo (MAS) respaldan al gobierno boliviano. La brigada de asambleístas del MAS sugirió que el país se desvincule de la OEA.
El análisis político de Franz Flores considera que una línea de comportamiento está vigente en el manejo de gobierno, la línea que lanzó Carlos Romero cuando mencionó públicamente que el binomio de Luis Arce y David Choquehuanca es legítimo ganador de las elecciones, pero que “la dirección política del proceso corresponde a Evo Morales”. Al margen de la opinión de los organismos internacionales, este manejo ha comenzado con una primera acción contra las exautoridades y está por verse a qué niveles puede llegar.
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