Por Guardiana (Bolivia)
Martes 12 de diciembre de 2023.- Contra viento y marea, los miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) resolvieron disponer la continuidad o prórroga de su propio mandato y el de otras altas autoridades del Órgano Judicial hasta que sea elegida y posesionada la nueva cúpula del sistema judicial tras la preselección de candidaturas a cargo de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Esta decisión ha dado lugar a todo tipo de adjetivos en las reacciones: "Es un golpe judicial"... "es una decisión inconstitucional"..."no pueden juzgar sobre sí mismos"...
Los actuales magistrados fueron posesionados el 3 de enero de 2018 para una gestión de seis años, la que concluye este 31 de diciembre. La Constitución señala claramente en el artículo 183 que "las magistradas y magistrados no podrán ser reelegidos. Su mandato será de seis años".
Las y los magistrados deben ser elegidos mediante voto de la población a partir de una preselección de candidatos y candidatas realizada por la Asamblea Legislativa por dos tercios de sus miembros presentes, nómina que debe enviar al Órgano Electoral para que organice el proceso electoral.
En las últimas semanas se fueron barajando opciones para destrabar el problema de que aún no se hubiese producido la elección de autoridades judiciales, una de ellas era que los subalternos de las altas cortes se hicieran cargo del trabajo de los jueces. Sin embargo, el magistrado Yván Espada, quien leyó este martes la resolución del TCP en conferencia de prensa, indicó al respecto: “No se puede delegar a los funcionarios subalternos la transición a partir del 2 de enero de estas instancias máximas de administración de justicia; es decir, los funcionarios subalternos no tienen la atribución, quienes están revestidos de esas atribuciones y prerrogativas para desarrollar estas funciones son las actuales autoridades, tanto del Órgano Judicial como del Tribunal Constitucional Plurinacional”.
También argumentó que “no se puede suspender el servicio de justicia, no se puede suspender el ejercicio de los derechos del pueblo boliviano, como el acceso a la justicia y el debido proceso”.
Con esta decisión, el TCP respondió a la consulta previa de constitucionalidad del proyecto de ley de elecciones judiciales que hace más de 50 días hizo el Tribunal Supremo de Justicia.
Para conocer los antecedentes de este problema, Guardiana te sugiere leer la opinión de su columnista Ramiro Orías, quien, el pasado 27 de noviembre, ya advertía que una ampliación de mandato de las autoridades judiciales sería absolutamente inconstitucional.
En su columna Elecciones judiciales: ¿Prórroga de mandatos de facto?, el jurista decía lo siguiente:
"¿Qué salida queda? En esta columna, hace más de un año ya adelantamos la inconstitucionalidad de los nombramiento interinos para estas posiciones, peor aún si es por decisión de otros órganos públicos. Por otra parte, la propia Constitución establece mandatos claros y ciertos, que no pueden ser prorrogados por ningún otro órgano del Estado, ya que se estaría vulnerando la soberanía popular del voto. Así, ¿estaríamos ingresando a un estado de prórroga de facto de los mandatos de las altas cortes? Y lo más grave sería una especie de “autoprórroga de los mandatos”, lo que es absolutamente inconstitucional, lo que se convertiría en una suerte de “autogolpe judicial” por el que el propio Tribunal Constitucional Plurinacional extendería su mandato indefinidamente".
En la siguiente imagen se puede leer la parte final de la resolución del TCP que alarga el tiempo en que podrán estar las autoridades judiciales hasta que existan otras nuevas elegidas mediante voto por la población.
Inmediatamente después de conocida la resolución del TCP, voces de la oposición y del ala evista del Movimiento al Socialismo (MAS) hicieron conocer sus críticas con adjetivos que destacan que se trata de una decisión inconstitucional con sabor a golpe judicial y también hubo acusaciones de prevaricato, golpe y autogolpe judicial.
¿Juicio de Responsabilidades?
Después de conocida la decisión se escucharon voces como la de la diputada de Comunidad Ciudadana, Silvia Salame, exmagistrada del TCP, que se mostraba partidaria de la posibilidad de un juicio de responsabilidades ya que la ampliación de mandato estaría afectando al artículo 411 de la Constitución Política, que prevé que la Asamblea Legislativa es la única instancia que puede hacer una modificación parcial de la Carta Magna.
Dijo que los magistrados del TCP se apropiaron indebidamente de una competencia que no tienen y que aguarda que se tomen las medidas del caso en la Asamblea Legislativa. Anticipó que ella presentará una denuncia.
El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez (MAS), se sumó a las protestas e indicó que los magistrados del TCP que que firmaron la resolución deberán asumir sus responsabilidades penales. "Es impensable –dijo el legislador– que en Bolivia quienes debieran ser los guardianes del mandato y cumplimiento de la Constitución Política del Estado, hoy vulneren y pretendan beneficiarse con sus propios fallos".
El ex magistrado del Tribunal Constitucional Marco Antonio Valdiviezo indicaba, el pasado 4 de diciembre, que de aprobarse la prórroga, los actuales tribunos incurrirían en los delitos de uso indebido de influencias, beneficios en razón del cargo, resoluciones contrarias a la Constitución.
“La nueva estructura de gobierno va a encarcelar a los miembros del Tribunal Constitucional, a los miembros del Tribunal Supremo de Justicia, al Ejecutivo y a todos los legisladores, porque ellos sabían perfectamente que el mandato de estos administradores de justicia, de acuerdo con la Constitución Política del Estado, concluía el 31 de diciembre de 2023, por tanto, todos los actos a partir del primero de enero del 2024 son ilegales”.
Rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Vicente Cuéllar, según publicación de El Deber
A pesar de todo, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Ricardo Torres, justificó la decisión del Tribunal Constitucional de ampliar el mandato de los magistrados. "Nosotros consideramos que la declaración constitucional emitida el día de hoy por parte del Tribunal Constitucional, primero, resguarda la Constitución Política del Estado; segundo hace respetar la misma y todo su contenido", dijo a la Red Erbol.
Agregó que el TCP es “la única instancia que podía dilucidar el futuro respecto al vacío de poder que se avecinaba a partir del 2 de enero”, según el diario Correo del Sur.
Reacciones políticas
“Prorrogazo, decisión prevaricadora e inicua del TCP, a días de vencimiento de su mandato, flagrantemente inconstitucional, ejecutora del plan del Gobierno de Arce, para implantar la dictadura gubernativa judicial. Seguirán saboteando toda elección”, escribió el diputado de Comunidad Ciudadana, Carlos Alarcón, en su cuenta de X (antes Twitter).
Héctor Arce, diputado leal al expresidente Evo Morales, opinó que lo sucedido en el TCP es un “golpe judicial” y calificó de sicarios a los tribunos que decidieron ampliar el mandato, y aseguró que detrás de esa resolución está la mano del ministro de Justicia, Iván Lima, y del propio presidente Luis Arce Catacora.
El presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, intentó poner paños fríos al asunto. Dijo que se reuniría con representantes de las tres fuerzas políticas para evaluar el tema y asumir las determinaciones que el caso aconseje.
“Esto no puede perjudicar al país –dijo Huaytari– porque hay un desgaste fuerte de los que administran la justicia".
Un año de alertas
Durante todo el año, Guardiana alertó sobre la importancia de tomar en serio las elecciones de las altas autoridades judiciales y luego sobre el vacío de poder que se acercaba en diciembre si no se tomaban las decisiones señaladas por la Constitución. Puedes leer los siguiente artículos que fueron publicados:
El desafío de seleccionar a las y los mejores
Elecciones judiciales, entre la aventura política y la madurez ciudadana
Elecciones Judiciales 2023: ¿Hacia un nuevo fracaso?
La reforma judicial elusiva
Elecciones judiciales, bajo la lupa internacional
Elecciones judiciales: ¿Prórroga de mandatos de facto?
Vacío de poder o salto al vacío
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