Por Guardiana (Bolivia)
Martes 21 de junio de 2022.- El relator especial de Naciones Unidas para la independencia judicial, Diego García-Sayán, presentó hoy en Ginebra un diagnóstico sobre la situación en la que se encuentra la justicia boliviana que incluye 20 recomendaciones que apuntan a reestructurarla y ponerla de pie para devolverle a la gente la confianza en ella y, al mismo tiempo, acercar la justicia a la población.
El Gobierno boliviano, a través de su ministro de Justicia, Iván Lima, no tardó en responder. Este dijo (según ABI), que en realidad sí se ha ido avanzando. "Ya en concreto se han dado pasos tras la visita del Relator, tenemos ya designado un viceministro de Justicia Indígena y coincidimos en la necesidad de ajustar la Ley 073 y todo el trabajo que viene emprendiendo el Ministerio de Justicia para dar fortalecimiento necesario a esta modalidad de justicia en el país".
El informe del Relator Especial del que ya se conoció parte con anterioridad es fruto de una visita oficial que realizó García-Sayán a Bolivia entre el 15 y el 22 de febrero de este año, con el fin de ver la situación de la administración de justicia, puesta en tela de juicio por la continua politización de los casos.
Queda claro que el éxito o viabilidad de las 20 recomendaciones, sobre todo para la despolitización e independencia del sistema judicial boliviano, pasa por un gran acuerdo nacional: "Es crucial que el énfasis en una justicia de esas características sea una política de Estado y que se sostenga en el tiempo, con amplio respaldo y participación de todas las fuerzas políticas y sociales".
Las recomendaciones apuntan básicamente a impedir la politización de la justicia mediante la "reconstrucción de la confianza entre los actores políticos e institucionales". Para tal efecto, ese gran acuerdo debería incluir una forma de elección de magistrados que sea fruto del consenso y del debate.
Según el relator, hay que darles estabilidad funcionaria e institucional a los jueces y fortalecer la carrera judicial, y acompañar este tipo de acciones con un presupuesto adecuado. Se debe acabar con el abuso de la prisión preventiva. Otro grupo de recomendaciones apunta a mejorar la atención de las mujeres víctimas de violencia. Finalmente también están aquellas orientadas a que se termine de llevar adelante lo pendiente tanto en materia legislativa como en designaciones, tal el caso de la elección del Defensor del Pueblo que quedó estancada por falta de acuerdo en la Asamblea Legislativa. Y hay recomendaciones que tienen que ver con las víctimas de la crisis social y política de 2019 tanto en relación a las investigaciones como al resarcimiento a estas. Y todo esto deberá partir de un plan de trabajo y políticas de cara al futuro.
Entre las observaciones hechas por el Relator Especial también está presente la referida a la situación de la expresidenta de Bolivia: "Jeanine Áñez, quien ejerció la presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia entre noviembre de 2019 y noviembre de 2020, se encuentra en prisión preventiva desde marzo de 2021. Enfrenta dos procesos penales por hechos ocurridos en 2019. En el proceso denominado 'Golpe de Estado I', fue imputada, junto con otros actores, por los delitos de sedición, conspiración y terrorismo. En el conocido como 'Golpe de Estado II', se encuentra imputada por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a las leyes y la Constitución. Estos juicios han capturado la atención de la opinión pública en el país y en el extranjero. Tomando en consideración que la Sra. Áñez cumplía una huelga de hambre durante la visita del Relator Especial al Estado Plurinacional de Bolivia, este pudo ser testigo del ambiente de confrontación y preocupación que rodea el caso".
"Dicho caso -continúa el informe del Relator- pone de manifiesto problemas estructurales de la administración de justicia como la generalización de la detención preventiva. El Relator Especial fue enfático en que todas las personas procesadas tienen derecho a un juicio justo y a todas las garantías procesales que establecen los instrumentos internacionales y la normatividad boliviana. Para toda persona privada de libertad, el Estado tiene la responsabilidad de garantizar su integridad y salud. El Relator Especial recordó que, en el caso particular de una huelga de hambre, esta obligación estatal se tenía que respetar escrupulosamente".
Las siguientes son las recomendaciones textuales hechas por el Relator Especial:
1. RECONSTRUIR LA CONFIANZA
"Se debe extremar esfuerzos para construir y reconstruir confianza entre todos los actores políticos e institucionales del país y en la justicia. Todas las instituciones del Estado deben respetar y observar la independencia del sistema judicial. Hay consensos favorables recogidos por el Relator Especial de cara a contar con un sistema de justicia independiente, accesible, eficiente y que funcione de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos y en la Constitución".
2. URGE UN GRAN ACUERDO NACIONAL
"Es crucial que el énfasis en una justicia de esas características sea una política de Estado y que se sostenga en el tiempo, con amplio respaldo y participación de todas las fuerzas políticas y sociales. De cara a ese objetivo, el Relator Especial recogió numerosas manifestaciones en favor de la conveniencia y urgencia de vertebrar un gran acuerdo nacional al respecto y hace un llamado a la sociedad e instituciones bolivianas a marchar en esa dirección".
3. DEBATIR LAS REGLAS PARA ELEGIR A MAGISTRADOS
"El Relator Especial recomienda a todos los sectores relevantes a impulsar un debate nacional sobre las reglas vigentes y deseables para la selección y designación de integrantes de las altas cortes y el Consejo de la Magistratura, para identificar la mejor manera de reformar este mecanismo. El Relator Especial insiste en el crucial criterio de prevalencia de procedimientos de designación no políticos, vinculados estrictamente a la calidad y mérito profesional y al compromiso con los valores del estado de derecho y los estándares contenidos en los Principios Básicos relativos a la Independencia de la Judicatura".
4. MÁS PRESUPUESTO PARA LA JUSTICIA
"El Estado debe dotar de recursos apropiados al órgano judicial. Dicha dotación podría establecerse por ley, con un porcentaje mínimo del presupuesto nacional. El presupuesto debe poder abordar una mejora de sueldos de los operadores de justicia, la creación de nuevos juzgados, la formación del personal y que el órgano judicial mejore su cobertura en todos los municipios del país".
5.PLAN DE REFORMA ESTRUCTURAL
"El Relator Especial insta al Gobierno a elaborar un plan de reforma estructural y de fortalecimiento del órgano judicial, que incluya un diseño institucional para una gestión más eficiente. Es indispensable que la administración y gestión del sistema judicial se encuentre en instancias especializadas y que quienes son la parte sustantiva del sistema de justicia, los jueces, vocales y magistrados, se constriñan a administrar justicia y no se involucren en asuntos administrativos y de gestión".
6. POR UNA CARRERA JUDICIAL
"El Estado Plurinacional de Bolivia debe establecer una efectiva carrera judicial, por medio de legislación que tome en consideración los Principios Básicos relativos a la Independencia de la Judicatura, incluyendo, entre otros aspectos, la idoneidad para desempeñar las funciones judiciales, criterios y procedimientos apropiados para la selección y designación, y garantías normativas e institucionales de inamovilidad de quienes se desempeñen con integridad".
7.NO MÁS JUECES TRANSITORIOS
"Se debe, asimismo, regularizar a todos los jueces transitorios antes del final de 2022, por medio de un esfuerzo conjunto del Consejo de la Magistratura y la Comisión de la Ley núm. 898, llevando a cabo las pruebas de evaluación e idoneidad que garanticen la solvencia profesional y apego a los estándares democráticos de quienes pasarían a ser jueces titulares".
En el momento de la visita del Relator Especial, y según fue informado en entrevistas con el Consejo de la Magistratura, había 1.134 jueces en la jurisdicción ordinaria (para 11,67 millones de personas), de los cuales el 47 por ciento estaba desempeñando funciones de modo transitorio.
En 2020, había 865 juzgados y tribunales en el país, de los cuales 567 se encontraban en capitales (65 %) y 298 en provincias (35 %). La cobertura del órgano judicial sigue estando limitada principalmente al área urbana. Estos 865 juzgados y tribunales se encuentran únicamente en 164 municipios de los 339 municipios del país, es decir, el 48 por ciento. De acuerdo al informe de rendición de cuentas del Tribunal Supremo de Justicia, en 2020 cada juez conocía un promedio de 530 causas.
8. JUZGADOS ESPECIALIZADOS PARA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA
"El Relator Especial recomienda al Gobierno que aumente el número de juzgados y fiscales especializados y dedicados exclusivamente a la violencia contra la mujer, tomando en consideración la Ley núm. 348. La Comisión de Revisión de Casos de Violación y Feminicidio debe presentar sus conclusiones a la brevedad, incluyendo planes y programas de acción".
La impunidad frente al delito es una indicación de las dificultades de acceso real a la justicia. El aumento de casos de feminicidios, que continúan impunes, suscita indignación y preocupación en la sociedad boliviana. Así, son preocupantes los datos sobre los 869 feminicidios que se produjeron entre 2013 y octubre de 2021. De 2013 a 2020, se
contabilizan solo 272 procesos por este delito, de acuerdo con las contribuciones del Servicio Plurinacional de la Mujer y de la Despatriarcalización. Un estudio realizado por la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres en 2019 determinó que los plazos procesales en casos de violencia contra la mujer no se cumplen, lo cual repercute en el abandono de las víctimas. Solo se han creado 27 juzgados y tribunales especializados en virtud de la Ley núm. 348, que están sobresaturados por la carga procesal y atienden también casos de delitos de corrupción. La Defensoría del Pueblo presentó en 2019 la propuesta de crear 31 juzgados sobre violencia contra la mujer.
Según el informe de rendición de cuentas públicas, el 43 por ciento de las causas de la carga procesal del Ministerio Público en 2020 corresponden a delitos de violencia contra las mujeres, un 13 por ciento corresponden al delito de robo, un 10 por ciento a lesiones graves y leves y el 34 por ciento a otros hechos.
9.ATACAR CORRUPCIÓN CON TRANSPARENCIA
"El Relator Especial insta al Gobierno a atacar la corrupción en el sistema judicial con políticas de transparencia y rendición de cuentas, así como la sanción de los jueces responsables por prácticas corruptas".
10.REFORMAR LA LEY DE DESLINDE JURISDICCIONAL
"El Relator Especial exhorta al Gobierno a que afirme y garantice el espacio de la jurisdicción indígena originario campesina, reconocida en la Constitución, por medio de la reforma a la vigente Ley de Deslinde Jurisdiccional, ampliando sustantivamente la competencia de esta jurisdicción y tomando en consideración la participación,
opinión y contribuciones de los pueblos indígenas".
11. IMPULSAR LA JUSTICIA DE PAZ
"El Relator Especial insta al Gobierno a restaurar el espacio y papel de la justicia de paz impulsando las modificaciones normativas necesarias".
Restablecer los juzgados de paz es una idea que recogió el Relator Especial como una forma de mejorar el acceso a la justicia y descongestionar tribunales. "Él alienta esta posibilidad sabiendo que dicho espacio jurisdiccional no abordaría el reto de los casos mayores o de implicancias penales. Los jueces de paz son nombrados de entre los ciudadanos con mayor influencia en la comunidad por lo que constituye un mecanismo de participación. El Estado Plurinacional de Bolivia ya tiene una experiencia previa de jueces ciudadanos en 1999, considerada una reforma innovadora en su momento. La Ley de descongestionamiento y efectivización del Sistema Procesal Penal (Ley núm. 586), de 2014, eliminó la figura argumentando que retrasaba los procesos judiciales".
12. NO AL ABUSO DE DETENCIONES PREVENTIVAS
"El Relator Especial insta al Gobierno a poner fin a la generalización y abuso de las detenciones preventivas. Todas las personas procesadas tienen derecho a un juicio justo y a todas las garantías procesales que establecen los instrumentos internacionales y la normatividad boliviana. Las detenciones preventivas deben ser excepcionales. Corresponde al Estado asegurar el derecho de toda persona privada de libertad a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal".
Siete de cada 10 personas están privadas de libertad sin condena y en condiciones muy precarias de detención. El hacinamiento penitenciario alcanza al 349 por ciento.
13. MAYOR CELERIDAD EN INVESTIGACIÓN
"Con respecto a la crisis sociopolítica de 2019-2020, el Ministerio Público debe avanzar sin demora en las investigaciones de oficio, sin hacer recaer la iniciativa o carga probatoria en las víctimas, sus familiares o sus representantes. Debe garantizarse la celeridad y eficacia de la investigación y el derecho de las víctimas a participar".
14. RESARCIMIENTO DE LAS VÍCTIMAS DE 2019
"El Poder Ejecutivo podría preparar y presentar a consideración de la Asamblea Legislativa Plurinacional, para su aprobación expedita, proyectos encaminados a dictar la legislación que permita al Estado resarcir a las víctimas de violaciones de derechos humanos, incluidas las de Sacaba, Senkata, y Zona Sur producidas en 2019".
15. DESIGNAR AL TITULAR DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO
"El Relator Especial exhorta al Gobierno a designar al titular de la Defensoría del Pueblo".
16. AVANZAR EN LEGISLACIÓN PENDIENTE
"El Relator Especial insta al Gobierno a elaborar y dictar la legislación pendiente para el funcionamiento del órgano judicial, en particular, el código procesal agroambiental y disponer las reformas necesarias al Código Penal y Código de
Procedimiento Penal en los temas particulares de prisión preventiva, para evitar su abuso".
17. SE NECESITA POLÍTICA CRIMINAL
"El Estado Plurinacional de Bolivia debe contar con una política criminal que permita guiar el trabajo del Ministerio Público y del Instituto de Investigaciones Forenses y fortalecer sus capacidades y la formación de su personal".
18. APOYO AL COMITÉ DE GÉNERO
"El Relator Especial insta al Gobierno a dar sustento institucional al Comité de Género del órgano judicial".
19. NECESARIA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
"El Relator Especial exhorta al Gobierno a adoptar una ley de acceso a la información pública".
A pesar de que el Ministro de Justicia anunció la aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública, esto no ha sucedido aún. De hecho, Bolivia es uno de los pocos países en América Latina que aún no cuenta con esta normativa. Al respecto, en el informe del Relator se puede leer al respecto: "La falta de transparencia y de acceso a la información dificultan el seguimiento de procesos, así como la participación vigilante de la sociedad civil. Muchos refirieron al Relator Especial la dificultad que enfrentan para obtener información y datos del Órgano Judicial y del Ministerio Público. Es evidente que la transparencia y el libre acceso a la información pública contribuyen al combate a la corrupción y, en general, al delito. Sin embargo, el Estado Plurinacional de Bolivia aún no cuenta con una legislación sobre acceso a la información pública".
20. MEJORAR LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE ABOGADOS
"El Relator Especial insta al Gobierno a mejorar la formación de la profesión legal para lograr un mejor funcionamiento de la institucionalidad, en concordancia con los principios del estado de derecho y las garantías de los derechos humanos".
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