Fospa reconoce a la Amazonía como sujeto de derechos y pone en la mira a los depredadores

Por Guardiana (Bolivia)

Sábado 15 de junio de 2024.- Las delegaciones participantes del XI Foro Social Panamazónico reconocieron a la Amazonía como sujeto de derechos y acordaron impulsar una declaración sobre la base de las cosmovisiones (formas de concebir e interpretar el mundo) y saberes ancestrales de los pueblos indígenas, acompañadas de los conocimientos científicos.

El evento, que congregó a más de un millar de personas en los municipios de Rurrenabaque y San Buenaventura, entre el 12 y 15 de junio, aprobó un documento que contiene 46 puntos que reflejan los acuerdos alcanzados en los debates sobre cuatro ejes: Pueblos y autonomías indígenas, Madre Tierra, Extractivismos y alternativas, y Resistencia de las mujeres.

A la cita asistieron representantes de organizaciones, comunidades, pueblos indígenas y activistas ambientalistas de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela.

Antecedentes o jurisprudencia

El reconocimiento de la Amazonía como sujeto de derechos está en el punto 22 del Mandato del XI Foro Social Panamazónico. Esta figura remite a lo sucedido en Perú, en 2024, con el río Marañón, y en Colombia, en 2020 y 2019, con los ríos Cauca y Atrato, respectivamente.

El 15 de marzo de este 2024, en Perú, un Juzgado Mixto de Nauta (Loreto) declaró al río Marañón y sus afluentes como titulares de derechos, a fin de proteger las aguas de los derrames de petróleo.

Antecedentes colombianos

Años antes, en 2019, el Tribunal Superior de Medellín reconoció al río Cauca, su cuenca y sus afluentes como sujetos de derechos a la protección, conservación, mantenimiento y restauración a cargo de Empresas Públicas de Medellín y del Estado colombiano.

En 2020, otro río, el Atrato, tuvo igual suerte. Un tribunal lo reconoció como un sujeto de derechos, como respuesta a la necesidad de encontrar una vía jurídica para garantizar su conservación y protección.

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Declaración final 2024

El mandato del XI Fospa 2024 tiene 46 puntos que apuntan a revertir la situación de la Amazonía a partir de otro modelo que tome en cuenta la voz de los indígenas y no ponga a las empresas y el dinero por encima del cuidado del medio ambiente. Para ello, se convocan a la gente a unirse para construir “un acuerdo por la vida para hacer frente al colapso climático y ecológico”.

Entre los principales depredadores está la minería extractivista. “Para detener la deforestación debemos eliminar los subsidios y financiamientos que favorecen las actividades extractivistas. Proponemos prohibir la exportación e importación de productos que deforestan y crear un sello amazónico para los productos agroecológicos y agroforestales que promueven una economía de bosques en pie”.

EL MANDATO DEL XI FORO SOCIAL PANAMAZÓNICO

PUEBLOS INDÍGENAS Y AMAZÓNICOS

1. Las comunidades originarias, arraigadas al territorio, buscamos ejercer la autonomía de acuerdo a nuestras normas y procedimientos propios, desligándonos de la tutela estatal que ha marcado la historia. El ejercicio pleno del autogobierno y la autodeterminación emerge de la lucha por la autonomía indígena que se ve entorpecida por una serie de barreras legales y burocráticas impuestas desde el Estado, limitando nuestra capacidad de acción y desarrollo autónomo.
2. Los pueblos indígenas somos preexistentes a los Estados de la panamazonía, y por ello, exigimos que estos reconozcan nuestros derechos, y que se ejerzan y cumplan tal como lo establecen los distintos instrumentos del Derecho Internacional que hemos conseguido a base de lucha y movilización colectiva. La autonomía indígena no es un fin, sino un medio, que permite el ejercicio de nuestros derechos hacia la autodeterminación y el autogobierno desde la reconstrucción de nuestros territorios.
3. La lucha por la autonomía no se limita únicamente a la esfera local, sino que constituye un movimiento político más amplio, enraizado en la búsqueda del ejercicio del autogobierno y la libre determinación de los pueblos indígenas. La autonomía indígena es un desafío político de primer orden, que interpela las bases mismas del sistema estatal vigente que constituye un llamado a la transformación estructural de la sociedad, hacia la consolidación de estados plurinacionales plenos en la práctica.
4. Exigimos eliminar las barreras legales y burocráticas que limitan nuestra consolidación como gobiernos autónomos indígenas y que debilitan nuestra capacidad de acción y desarrollo autónomo. Con nuestras autonomías indígenas, gestionaremos nuestros propios recursos públicos de acuerdo a las prioridades de nuestros territorios, sin estar subordinadas a la lógica estatal de redistribución económica y a la gestión estatal municipal basada en la Ley SAFCO. Para ello, exigimos la aprobación de una normativa de Gestión Pública exclusiva para Autonomías Indígenas.
5. Reafirmamos que la administración y el ejercicio de la Justicia Indígena está basada en nuestras normas y procedimientos propios. Por lo tanto, exigimos el cumplimiento de la normativa internacional de los Derechos de los Pueblos Indígenas, ampliando sustantivamente la competencia de las autoridades indígenas, para el ejercicio de la Justicia Indígena como un derecho colectivo.
6. El fin de la Justicia Indígena es velar por el bienestar de las personas al interior del territorio. Promoveremos la coordinación con otras jurisdicciones y fortaleceremos la Justicia Indígena bajo nuestras normas y procedimientos, en el marco del ejercicio pleno de los derechos individuales y colectivos. Profundizaremos la democracia interna de los Pueblos Indígenas fomentando espacios de diálogos e intercambios a partir de experiencias de aplicación de la justicia indígena, en coordinación y cooperación de las otras jurisdicciones del sistema de justicia sin injerencia de los gobiernos.
7. Manifestamos que la juventud es fundamental en el proceso FOSPA y asumimos que se involucren y participen en el marco de los lineamientos de denuncia, crítica y generación de propuestas en la lucha por la defensa de los territorios.
8. Mantenemos una visión común del territorio panamazónico, en la que representamos una cosmovisión integral de los pueblos y la naturaleza. El territorio va mucho más allá de una porción de tierra, por grande que sea.
9. Persiste la brecha entre el reconocimiento formal de derechos, incluso en algunos casos como pueblos y nacionalidades, y su garantía efectiva. Aunque se reconozca el derecho al territorio y a la autonomía, estos no se respetan.
10. Es crucial nuestra participación efectiva como pueblos indígenas en discusiones sobre crisis climática y biodiversidad, así como el respeto a nuestra independencia orgánica y sistemas de justicia propios. Demandamos que los gobiernos de los estados reconozcan los protocolos de consulta autónoma que se construyen desde los pueblos y que las decisiones que tomamos, desde nuestra libredeterminación, sean vinculantes.
11. Es determinante la protección de los Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI) para la preservación y respeto a sus derechos territoriales, su autonomía y libre determinación.
12. Las defensoras y defensores de derechos humanos y de la Naturaleza en la Panamazonía enfrentamos numerosos problemas, la corrupción, falta de acceso a la justicia, invasiones de grandes empresas, permisos ilegales en territorios indígenas, asesinatos, estigmatización, criminalización, afectan directamente al desempeño de nuestra labor de defensa, siendo las mujeres defensoras quienes estamos en una situación especialmente vulnerable. Nos articulamos en torno a estrategias de defensa de nuestros derechos como defensores y defensoras, fortaleciendo las luchas territoriales y de las comunidades y territorios a través de asambleas, capacitación y promoción de liderazgos locales. Buscamos establecer alianzas estratégicas, a nivel local, nacional e internacional, implementando mecanismos de autoprotección, preservando la memoria de nuestras luchas para garantizar nuestro rol en la defensa de los derechos de nuestras comunidades y de la naturaleza. Para implementar el Acuerdo de Escazú y que cumpla su propósito, exigimos a los Estados su difusión y socialización, asegurando que el conocimiento del acuerdo se extienda en todos los niveles. especialmente hacia los jóvenes.
13. Reconocemos la importancia de organizar redes de apoyo, utilizar estratégicamente los medios y redes sociales y facilitar el intercambio de experiencias entre defensores. La movilización popular y la preservación de la memoria histórica son esenciales para nuestras luchas. Es imperativo adoptar un enfoque de género e interseccionalidad que fortalezca el liderazgo de mujeres y jóvenes, asimismo, planteamos la concreción de alianzas con instituciones de derechos humanos y el uso estratégico de los sistemas internacionales de protección para denunciar violaciones. Exigimos a los Estados la aprobación de mecanismos efectivos que protejan a las y los defensores, asegurando recursos para su implementación y adoptando medidas efectivas para detener la criminalización y persecución, la aplicación efectiva del Acuerdo de Escazú y la paralización de la persecución, estigmatización, atropellos y amedrentamientos a nuestros defensores y defensoras.
14. Reafirmamos la riqueza cultural y la ancestralidad de nuestros pueblos de la panamazonía y demandamos el reconocimiento pleno de nuestra diversidad cultural, el respeto a nuestras tradiciones, nuestra cosmovisión y las prácticas ancestrales. Los pueblos afrodescendientes e indígenas de Guyane demandamos un apoyo de la Comunidad Internacional y de Naciones Unidas para que se reconozcan nuestros territorios.
    LA AMAZONIA Y LA MADRE TIERRA
15. La Amazonía ha llegado al punto de no retorno y se encuentra en emergencia climática. El colapso climático resultado de la deforestación y el extractivismo amenaza su supervivencia, la de las comunidades que la habitan, y pone en riesgo la vida del planeta entero. Los países responsables del calentamiento global deben asumir su deuda ecológica para la regeneración de la Amazonía y los países panamazonicos debemos transitar a un paradigma social del buen vivir.
16. Frente al fracaso del Acuerdo de París y la captura corporativa de las negociaciones climáticas convocamos a nuestros hermanas y hermanos de todos los continentes a unirse en minga, para construir un Acuerdo por la vida para hacer frente al colapso climático y ecológico. Un acuerdo desde las bases para hacer realidad la demanda urgente de “cambiar el sistema capitalista y no el clima”, construyendo alternativas estructurales, gobernanzas inclusivas y participativas a nivel local, nacional e internacional. Los pueblos necesitamos consolidar territorios libres de extracción petrolera, minería, deforestación, agronegocio, contaminación, falsas soluciones, libre comercio, militarización y violencia.
17. Las falsas soluciones a la crisis climática, como los bonos de carbono, los mecanismos de compensación por biodiversidad, los megaproyectos de transición energética, la geoingeniería, la energía nuclear y otros basados en la lógica de compensación y mercantilización de la Naturaleza, son mecanismos de negocios para las grandes corporaciones y estados históricamente responsables de la crisis climática global. Estos proyectos son una nueva forma de despojo colonial, capitalista, extractivista y patriarcal, y constituyen una amenaza para la región andino amazónica y sus pueblos. Hacemos un llamado a frenar el avance en nuestros territorios de estos perversos mecanismos, y nos comprometemos a liderar y promover alternativas y soluciones reales, no mercantiles ni tecnocráticas y a proporcionar mayor información sobre ésta problemática.
18. La cuenca amazónica es esencial para restaurar el ciclo del agua, actualmente amenazado por la deforestación, la minería, y políticas de privatización, mercantilización y monopolización, entre otras actividades depredadoras impuestas en nuestros territorios. Es crucial revalorizar los conocimientos ancestrales sobre el agua y el territorio para fortalecer la autogestión de los pueblos y promover la justicia hídrica, asegurando el acceso y la disponibilidad universal y equitativa del agua. Proponemos un nuevo pacto social que reconozca al agua como sujeto de derechos, a través de un tratado andino-amazónico destinado a preservar su ciclo. Exigimos respeto por las formas de autogestión social, comunitaria y local del agua, destacando el papel de los pueblos indígenas, mujeres y juventudes en su protección. Convocamos a crear una Asamblea Permanente de los Pueblos Andino-Amazónicos para proteger, defender y cuidar el agua y la biodiversidad en la Amazonía.
19. La Amazonía ha perdido casi un millón de km² de bosques primarios y otro millón está degradado. Para evitar el punto de no retorno y contrarrestar la degradación de la Amazonía, es urgente revisar y derogar normas que promueven la deforestación, estableciendo regulaciones y sanciones estrictas para las actividades que causen la pérdida de bosques primarios y otros ecosistemas. Es crucial combatir el tráfico y apropiación de tierras, así como titular y proteger territorios de los pueblos indígenas y fortalecer las áreas protegidas con una gestión compartida con los pueblos indígenas.
20. Para detener la deforestación debemos eliminar los subsidios y financiamientos que favorecen las actividades extractivistas. Proponemos prohibir la exportación e importación de productos que deforestan y crear un sello amazónico para los productos agroecológicos y agroforestales que promueven una economía de bosques en pie. Llamamos a construir alianzas entre comunidades y universidades con el fin de prevenir incendios y mejorar las capacidades comunitarias en la respuesta ante emergencias ambientales. Exigimos procedimientos estatales de respuesta efectiva ante los incendios. Impulsamos la participación activa para la creación de una Alianza Panamazónica de Combate a la Deforestación y Degradación de los bosques.
21. Convocamos a realizar campañas conjuntas entre organizaciones indígenas, campesinas, de mujeres, juventudes y movimientos del agua para declarar pausas ecológicas y coordinar medidas preventivas, restaurativas y de respuesta contra la deforestación y los incendios, comprometiendo a actores políticos a adherirse a estas iniciativas. Proponemos construir en conjunto proyectos de restauración del territorio y crear redes de información y acción para fomentar la conciencia sobre la preservación de los bosques y el ciclo del agua.
22. Reconocemos a la Amazonía como sujeta de derechos y acordamos impulsar la Declaración de los Derechos de la Amazonía, sobre las base de las cosmovisiones y saberes ancestrales de los pueblos indígenas tradicionales y en diálogo con los saberes científicos. Convenimos que la Declaración debe promoverse y difundirse desde los territorios y estar acompañada de acciones de incidencia para su implementación y cumplimiento en los espacios gubernamentales, regionales e Internacionales que den efectividad a este reconocimiento.
23. Los defensores y defensoras de los ríos hacemos un llamado a la humanidad y denunciamos las políticas destructivas sistemáticas de los ríos y de la vida provocadas por el modelo extractivista que promueven los gobiernos, las empresas petroleras, mineras y del agronegocio.
24. Desde los territorios, se está tejiendo una red de solidaridad y defensa a nivel de la Amazonía y los Andes en defensa de nuestros ríos para exigir a los Estados su reconocimiento como sujetos de derechos, así como las medidas inmediatas que garanticen su cumplimiento para la salvaguarda de la vida y de la madre tierra.
25. Asumiendo nuestra responsabilidad individual y colectiva para fortalecer la defensa y protección de la vida, los territorios y las áreas protegidas, convocamos a todos los interesados en la protección de la Amazonía a visibilizar, apoyar y fortalecer el papel de las comunidades locales, los pueblos indígenas originarios y los guardaparques, con el fin de resguardar su integridad y garantizar todos sus derechos. Asimismo, reconocemos el rol fundamental y los conocimientos de las mujeres en las tareas de cuidado y protección de la vida y la biodiversidad.
    ALTERNATIVAS A LOS EXTRACTIVISMOS
26. Llamamos a un consenso regional para la declaración de la región como zona prohibida para todas las formas de extractivismo minero. Demandamos el cumplimiento e implementación efectiva de las sentencias y decisiones a nivel nacional e internacional relacionadas a los derechos de los pueblos indígenas y comunidades tradicionales. Exigimos a los gobiernos amazónicos la ratificación y cumplimiento de todos los acuerdos internacionales que garantizan la protección de la región como el Convenio de Minamata, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, el Acuerdo de Escazú, la Declaración de la ONU de los Pueblos Indígenas, la Convención Ramsar y otros, garantizando mecanismos de participación efectiva y vinculante de los pueblos indígenas y comunidades amazónicas. Demandamos marcos normativos de debida diligencia en los Estados amazónicos y sus países de origen para obligar al poder corporativo a cumplir estándares internacionales de derechos humanos y ambientales.
27. Llamamos a una marcha de los pueblos en defensa de nuestros territorios frente a la minería. Demandamos acciones concretas e inmediatas para enfrentar el crimen organizado vinculado a la minería legal e ilegal. Exigimos la reparación, restauración y restitución inmediata de los territorios afectados por la minería, considerando los impactos a la salud ambiental (suelo, aire y agua) y la salud humana, en particular de las mujeres. Instamos a los Estados a aplicar el principio de prevención y precaución, para tomar decisiones informadas y cautelosas.
28. Rechazamos la transición energética propuesta desde el norte global, que responde a grupos hegemónicos que buscan mantener el sistema capitalista y neoliberal, y reproduce el modelo colonial y extractivista que violenta nuestros territorios. Cuestionamos esta transición energética que no respeta los límites físicos de nuestra Madre Tierra. Denunciamos que la transición energética dictaminada desde el Norte plantea una profundización del extractivismo minero del níquel, cobre y otros minerales llamados “críticos”, condenando a la Amazonía como territorio de sacrificio. Asimismo los pueblos de la Amazonía nos solidarizamos con las luchas en defensa de los territorios afectados por la explotación minera del litio.
29. La transición energética que planteamos debe ser justa, popular, inclusiva, en base a alternativas desde los territorios amazónicos, andinos y marino-costeros. Esta transición debe: a) garantizar el derecho a la energía en consonancia con los derechos colectivos de los pueblos indígenas y de la Naturaleza, b) efectivizar la soberanía energética autónoma de los territorios en base a procesos de planificación participativa, c) impulsar la descentralización, con acceso y soberanía tecnológica, y d) promover alternativas económicas como una nueva forma de gobernanza participativa y autonomía territorial. La transición energética debe atender y reparar la historia extractivista hacia todas las comunidades afectadas, y remediar, recuperar y restaurar los ecosistemas.
30. Exigimos a los Estados declarar la Amazonía y las zonas andina y marina-costeras como zonas libres de combustibles fósiles y extractivismo siguiendo el ejemplo emblemático del Yasuní, y procediendo al cierre, desmantelamiento de estas infraestructuras y a la reparación de los pueblos y la Naturaleza afectada. Demandamos el fortalecimiento de la normativa ambiental para la regulación de las actividades de la transición energética.
31. Rechazamos los proyectos de palma africana para biodiesel en Bolivia y en los países amazónicos porque: a) vulneran los derechos de los pueblos indígenas, el campesinado y la población en general, b) benefician sobre todo a empresas privadas, c) no resuelven la escasez de combustibles, y d) tampoco contribuyen a superar la crisis climática. Respaldamos la determinación del Consejo Indígena del Pueblo Tacana y el Bloque de Organizaciones Campesinas e Indígenas de la Amazonía Boliviana de rechazar el programa de palma aceitera en Bolivia que vulnera sus derechos humanos y territoriales.
32. El modelo agroalimentario globalizado, enraizado en una matriz colonialista, patriarcal y colonial, incrementa la demanda de productos cárnicos y lácteos, en gran medida para exportación. La ganadería es el motor principal de la deforestación en la mayoría de países amazónicos. Reconocemos el potencial de una ganadería a pequeña escala con la capacidad de crear sistemas cerrados de producción agroalimentaria, que integren los residuos como abono, produciendo forrajes que reduzcan la dependencia de combustibles fósiles.
33. Proponemos la declaratoria de las semillas libres, nativas, indígenas criollas, campesinas como patrimonio colectivo de la humanidad. Rechazamos el uso de semillas transgénicas, la biotecnología y los monocultivos que acaparan tierras y aguas intensificando las asimetrías económicas y sociales. Denunciamos el patentado, la privatización y sustitución de semillas nativas por comerciales que atentan contra nuestro patrimonio genético. Convocamos a reconocer y fomentar las prácticas de agricultura tradicional y familiar que resisten al uso del paquete de agroquímicos que el sistema productivo industrial impone a nivel de la producción y los consumidores. Denunciamos el contrabando e importación de alimentos con bajas barreras arancelarias que compiten con nuestra producción. Exigimos la eliminación de los subsidios perversos y el redireccionamiento del financiamiento público y privado a economías populares, agroforestales y destinadas a la alimentación humana.
34. Llamamos a implementar la soberanía alimentaria y los sistemas alimentarios locales de base agroecológica y a la conformación de alianzas con la academia para generar investigación e innovación. Apelamos a la concientización y sensibilización del consumidor sobre el origen, el valor nutricional y su estrecho vínculo con los ecosistemas. Llamamos a la creación de instancias estatales específicas para la agricultura familiar y la agroecología. Instamos a los gobiernos de la panamazonía a incorporar programas socio productivos con enfoque agroecológico en unidades educativas, así como la creación de la Universidad de la Agroecología en la Amazonia con sede en los diferentes países. Demandamos la incorporación e implementación de la declaración de los derechos de los y las campesinas (UNDROP) por los Estados amazónicos.
35. Respaldamos la Ley que declara a los municipios de Palos Blancos y Alto Beni de las Provincias Sud Yungas y Caranavi del Departamento de La Paz, “MUNICIPIOS AGROECOLÓGICOS, PRODUCTIVO, CON RECURSOS HÍDRICOS LIBRES DE ACTIVIDAD Y CONTAMINACIÓN MINERA”. Defendemos la Acción Popular de la CPILAP y hacemos nuestras las propuestas del BOCINAB presentadas en el marco del XI FOSPA.
36. El turismo comunitario y/o de base comunitaria, así como el ecoturismo son una forma de resistencia que se viene gestando frente al extractivismo desde los pueblos, comunidades y actores locales de la Panamazonía. Esta es una actividad necesaria que se inscribe en un modelo que promueve la gobernanza territorial, la preservación del territorio amazónico, la diversificación productiva, la preservación de las identidades culturales de los pueblos y la generación de recursos económicos. Por ello, invocamos a la implementación de mecanismos de financiación, formación e investigación para el desarrollo de esta actividad, garantizando el manejo adecuado de los animales silvestres.
37. Exigimos que los gobiernos nacionales y subnacionales de nuestra región generen las condiciones y garanticen el desarrollo de la actividad turística, en favor de los pueblos originarios, las comunidades y actores locales garantizando la participación política efectiva de las poblaciones amazónicas.
38. Alertamos a los gobiernos y comunidades acerca de la creciente crisis de la deuda pública en la región que afecta dramáticamente la vida de las personas. La relación entre el endeudamiento, el extractivismo y el cambio climático es un círculo vicioso que afecta a los pueblos y la gobernabilidad. Alertamos acerca de la presencia de economías ilegales y criminales en la región que alimentan fenómenos de narcotráfico y delincuencia. Manifestamos nuestra preocupación y rechazo por las medidas de canje de deuda por naturaleza como es el caso de la isla Galápagos. Manifestamos nuestra preocupación por los fenómenos de evasión, elusión y paraísos fiscales. Proponemos vincularnos a la acción de jubileo del año 2025 con la propuesta de condenación de la deuda pública, e instamos a establecer impuestos a las grandes riquezas.
39. Proponemos el fortalecimiento de economías territoriales diferenciadas y colectivas que nos permita trabajar el nivel macro y micro de la economía en el marco de las economías transformadoras cambiando la cultura y promoviendo la pedagogía. Apoyamos el proceso de hermanamiento con el Foro Social Mundial de economías transformadoras vinculándonos con su realización en el mes de octubre en la ciudad de Cali Colombia 2024.
    COMUNICACIÓN PARA LA VIDA EN LA AMAZONÍA
40. Inspirados en las diversas y variadas formas de la comunicación de pueblos y nacionalidades amazónicas, en las que se tejen relaciones entre mayores, adultos, juventud, adolescentes, niñas, niños, otras especies y la naturaleza. Llamamos a fortalecer todas las expresiones comunicacionales que afirman la importancia de la Amazonía y la defensa de la vida. Reafirmamos el derecho de todos los pueblos, nacionalidades y comunidades amazónicas a ejercer plenamente la comunicación e información como uno de los derechos fundamentales ya que (sin comunicación libre y plena) no hay democracia ni posibilidad de construir una vida digna para todas y todos.
41. Entendemos que la comunicación es también una acción política para la protección de la Amazonía, con fuerza movilizadora y transformadora. Es la comunicación la que permite el intercambio de experiencias y saberes que, a través del diálogo, construye colectivamente cultura y proyectos de vida. Al expresar cultura se comparte, desde la cosmovisión mítica y espiritual, con otras comunidades y con otras formas de vida. La subsistencia de culturas, conocimientos y lenguas indígena amazónicas ha sido posible gracias a la comunicación desde los ancestros hasta las generaciones actuales.
    RESISTENCIA DE LAS MUJERES
42. Las mujeres panamazónicas estamos en primera línea de lucha y defensa por la soberanía de nuestros cuerpos, la madre naturaleza y los territorios. Nos manifestamos en contra de las opresiones del patriarcado, el colonialismo, el capitalismo y los extractivismos. Denunciamos la dominación geopolítica global sustentada en fundamentalismos políticos, económicos y religiosos que nos marginan e imponen estilos de vida que no concuerdan con nuestra identidad cultural. Repudiamos la falta de respeto continua a nuestros derechos humanos, autonomía, autogobiernos y ancestralidades, bajo un marco de "democracias" que nos discrimina y violenta. Destacamos la necesidad de luchar unidas para transformar esta situación de opresión, promoviendo democracias inclusivas que respeten nuestras formas de liderazgos y procesos comunitarios.
43. Manifestamos que la ofensiva capitalista, neoliberal y los procesos de despojo que afectan a la Panamazonía, profundizan la explotación extractiva bajo nuevas formas de esclavitud y vulneran los cuerpos de las mujeres, niñas y adolescentes, el cual es nuestro primer territorio. No toleramos más la violencia sexual, los feminicidios, las desapariciones y los ataques a nuestros derechos sexuales, reproductivos, de diversidad y disidencia de género. Rechazamos la militarización de los territorios y resistimos.
44. Exigimos el fortalecimiento de iniciativas económicas locales, la participación efectiva de los pueblos indígenas en la protección de la madre naturaleza, la promoción de espacios libres de violencia y la garantía de la salud integral de las mujeres y la niñez. Demandamos de manera urgente políticas de salud que respeten nuestras sabidurías ancestrales y revaloricen a nuestros diversos médicos tradicionales, sus medicinas y prácticas.
45. Planteamos la revalorización de las identidades culturales indígenas, el fortalecimiento de la formación y educación en lengua materna en todos los niveles, el acceso a los medios tecnológicos y los nuevos conocimientos. Así mismo necesitamos generar acciones tendientes a la eliminación de la violencia de género, la promoción de la participación política segura de las mujeres, la elaboración de normativas a nivel comunal y público que permitan la participación política en condiciones de igualdad entre varones y mujeres en respeto de la alternancia. Sostenemos la necesidad de la creación de una red de articulación entre las organizaciones de mujeres indígenas.
46. Hacemos nuestra la declaración de las Mujeres en Resistencia y la sentencia del Tribunal de las Mujeres y nos unimos en una sola voz para gritar:
    NUESTROS CUERPOS Y TERRITORIOS NO SE TOCAN, NO SE VIOLAN, ¡NO SE MATAN!