Texto y fotos de Esther Mamani para Guardiana (Bolivia)
Martes 8 de marzo de 2022.- “Para esto nomás trabajo”, se lamenta Bartolina Ramos de 55 años. La madre no puede evitar llorar mientras habla de su hija menor. Vethy Mamani Ramos de 23 años fue víctima de feminicidio en septiembre de 2017. Desde entonces, su familia ya gastó 18.800 bolivianos entre audiencias suspendidas, pago por notificaciones, dinero para pasajes de los policías, tarjetas de crédito para llamadas y hasta para la comida de los efectivos del orden.
La Ley 348 especifica que los cobros a las víctimas o sus familiares están vetados. En teoría, acceder a la justicia es un derecho; sin embargo, en los juzgados y en la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (FELCV), la justicia tiene una balanza que se inclina a favor de quien tiene más dinero. Y en el Día Internacional de la Mujer es bueno recordar esta brecha abismal entre lo que dicen las leyes y lo que pasa en la realidad a la hora de hablar de las víctimas.
En 2021, la Fiscalía General registró 46.774 casos tipificados en la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia (Ley 348), de los cuales 37.613 tenían relación con la violencia familiar o doméstica. Los otros delitos denunciados fueron los de abuso sexual (2.638 casos), violación (2.249), violación a niñas, niños o adolescentes (2.078) y estupro (1.548). Además, fueron reportados 108 casos de feminicidio y 46 infanticidios.
Este 16 de marzo de 2022, Bartolina volverá a gastar otros 200 bolivianos para que su abogado asista a la audiencia. El acusado (a quien no se puede identificar hasta que tenga sentencia por el derecho a la presunción de inocencia) salía con Vethy en 2017, quien estaba en tercer año de la Carrera de Comunicación Social mientras que él era cadete.
Serán 600 bolivianos gastados en lo que va del año y hasta ahora las oportunidades de hallar justicia no se han concretado. Y es que cualquier nuevo movimiento en el proceso se activa con un billete. De lo contrario, muchas veces los archivos son abandonados y suman un número más en la lista de agresores impunes.
Bartolina no ha descansado desde la noche en que llamó a su hija a sabiendas de que algo andaba mal. El 29 de septiembre de 2017 se inauguró una estación de Mi Teleférico Naranja, Vethy fue al festejo. “Ella me dijo que iba a ir a divertirse con sus amigas, pero ya era muy tarde y no volvía. Por eso le he llamado tanto”, recuerda la madre.
Revisar en los bolsillos, pedir préstamos y aun así no hallar justicia...
Junto con Bartolina estaban este lunes más mujeres con carteles pidiendo justicia y atendiendo a medios de comunicación aquel primer día de octubre de ese triste 2017 para la familia Orellana. Si se habla de dinero, la mayoría coincide en que nada es gratis.
Martha Mamani, desde el interior del Tribunal Departamental de Justicia, hace cuentas del dinero “invertido” entre juzgados, FELCV y abogados. Pero la prioridad, en su caso, fue la salud. Su hermana Beatriz Mamani de 32 años fue atacada con un cincel por su concubino. La nariz de la mujer quedó desfigurada y tras dos operaciones y 3.500 bolivianos en cuentas de hospital, hoy es una mujer que se ha declarado en la clandestinidad.
“Como no la ha matado, puede volver y atacarle a mi hermana. Ella con sus tres hijos se han cambiado de distrito. Vivíamos en El Alto. Ahora yo me veo con ella en lugares secretos. No queremos que la encuentren”, dice la hermana detrás de las rejas de seguridad del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en la calle Potosí.
Cerca del mediodía, decenas de familiares de las víctimas de feminicidio y violación tomaron esa institución como muestra de la indignación que existe por los procesos que no llegan a nada. Martha usó las escaleras para pasar las rejas y desde las gradas del Tribunal gritó: “Si eres pobre, no hay justicia”. No es gratis, ya lo dijeron, entonces: ¿Cuánto cuesta? ¿A quién se le entrega el dinero? ¿Quién lo pide o quién lo ofrece?
“¿Acaso la delincuencia deja huellas?, no puedes decirle corrupto al juez ni al policía porque no tienes pruebas, pero por debajito, claro que se pasa dinero. En un divorcio que atendí, la casa era de 80 mil bolivianos y el 10 por ciento fue para el juez para que agilice. Ni siquiera para decir que falle a favor, sino sólo para agilizar”, dice un abogado que acompaña a las mujeres que están protestando.
Los aranceles de los abogados también hacen que los bolsillos de las víctimas y sus familiares se queden vacíos. Unos 4.000 bolivianos por representación de un caso deben conseguir de donde sea y entre 200 y 500 bolivianos cada que asisten a las audiencias.
Un abogado que se autoconsidera económico en sus tarifas cuenta cuánto cobra y por qué... “Yo cobro 2.000 mil bolivianos porque mi familiar también fue víctima de violencia, pero como abogado le digo que no hay esperanza, ya es un sistema de pagos no más. En juzgados de familia todo se sabe, para qué pelearse con ellos. Tendrían que cambiarlos a todos para que haya una justicia de verdad”.
Felipa Montaño de 51 años asiente con la cabeza todo lo que dice el jurista que no quiso ser identificado. Ella gana 100 bolivianos por día cuando va a limpiar o lavar ropa en domicilios de la zona de San Miguel (al sur de la ciudad de La Paz). “Yo vivía en El Pedregal, pero me fui hasta el Distrito 8 de El Alto para que me asignen abogado, porque no tenía dinero y tenía que ir al Servicio Legal Integral Municipal. En Chasquipampa en vano intenté y me mudé porque allá vive mi hermana”.
Su hija recibió dos días de impedimento porque un sujeto le pateó en la rodilla tras un altercado al bajar del minibús. La joven de 27 años ya no va a trabajar desde el ataque que fue el 13 de enero de este año. En vano fueron los reclamos a la familia. “Les hemos dicho que no vamos a denunciar, pero que paguen la curación. Ver si está con fractura o qué tiene, pero mi hija ya no se levanta de la cama”. La denuncia que sentaron en la FELCV prosperó, pero tras la audiencia con el psicólogo desistieron.
“Nos han pedido dinero para esa cita, aunque había sido gratis”, cuenta la mujer mientras exhibe un anillado con las fotocopias del caso en sus manos. Si bien no pagaron nada en las primeras fases, ahora están conscientes de que pedir justicia es cuestión de dinero, también. Felipa asistió a la toma simbólica del Tribunal de Justicia. “Les pagamos a las clínicas, a los policías, a los abogados y hasta del bolígrafo que usan nos cobrarían si fuera por ellos”.
Las peripecias para notificar a un acusado cuestan tiempo, dinero y paciencia...
Incluso el proceso más simple cuesta dinero. Dayana (nombre cambiado porque a las víctimas de violencia no se las puede identificar cuando están vivas) necesita dinero para sus hijos, pero a pesar de ser ella quien necesita los recursos y no su agresor, es ella quien gasta esperando que notifiquen a su esposo. La joven gesticula con asombro para decir que realmente nada sucede sin pagar. Entonces su memoria vuela a noviembre de 2021.
El sargento asignado a la investigación llegó tarde al patio de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, en la ciudad de La Paz. Dayana lo esperó cerca de casi 45 minutos y se desesperó llamándolo porque sólo pidió a su empleador una hora de permiso. Pese a que le dio 20 bolivianos para la recarga de llamadas, el sargento no le contestó y cuando llegó tarde, tampoco dio explicaciones, sino que se mostró molesto por las llamadas que ella le hizo.
A las 10 de la mañana del lunes 21 de enero, el esposo de Dayana ya debía haber sido notificado para que ella pudiera volver a tiempo a su trabajo en la zona de Miraflores. Nada salió como le anunciaron. Pagó 50 bolivianos sólo por la tarea de notificar y otros 30 del taxi. Pero todo fue en vano. Entre una y otra cosa al final el gasto ese día sumó 100 bolivianos para no obtener resultado alguno en ese primer intento de notificación.
“El abogado me dijo que era algo bien sencillo. Yo iba con el sargento, le notificábamos y listo”, pero ese lunes los esfuerzos, el enojo y el permiso laboral quedaron en nada. El jueves de la misma semana sí se logró el objetivo. “Ahí ya he ahorrado en pasajes porque con otra señora hemos compartido gastos”, cuenta la joven. De nuevo otros 50 bolivianos por la notificación al sargento, sin factura ni recibo, otro monto por el taxi y otro para el “almuerzo” del policía. En total 200 bolivianos al agua entre el primer y el segundo intento.
Y es que un sargento de la Policía cuando es asignado como investigador puede atender solo en un día unos 10 casos. El jueves 3 de febrero fueron Dayana y otra joven, esta última tomó la iniciativa de ir en el mismo taxi. “Los tres nos subimos y así ahorramos”.
La joven sentó la denuncia por violencia física en la FELCV y con un abogado asignado del Centro Municipal de Cotahuma presentó un segundo caso por pago de pensiones. Dayana, de 29 años, volvió con sus dos hijas a la casa de su madre. “No le hemos podido notificar ese día y he ido el siguiente porque se ha escondido”, recordó la víctima que ya no quiere gastar más dinero ni tiempo. “Si se acuerda que sea por él, yo voy a perder mi trabajo si estoy con esto”.
Bartolina sin ahorros sigue en las batallas judiciales...
Bartolina no sólo corretea entre juzgados por justicia para su hija, también entre pasillos de hospital para que atiendan a su esposo Evangelino Mamani. “Se ha enfermado de la pena”, cree la mujer que vendió un terreno para costear todos estos gastos.
¿Qué hará cuando se acabe el dinero de la venta del terreno?, le pregunta Guardiana. “Si es necesario, me voy a prestar. Yo sigo vendiendo huevos, azúcar, algunas cosas. Pero no puedo dejar así lo de mi hija”.
Desde el Gobierno, el discurso frente a los testimonios de las mujeres entrevistadas es otro. Un mundo ideal donde las notificaciones, inicio de procesos, juristas y evaluaciones técnicas son gratis. En la acera de la realidad, las mujeres o sus familiares, si aquellas ya no están vivas, escarban en sus bolsillos entre billetes y hasta monedas.
En los medios de comunicación tradicionales, cuando apenas habían pasado tres días desde el feminicidio de Vethy, conversaron con el abogado Omar Durán que defendía al acusado de ese feminicidio, pero su cliente negó haber matado a Vethy y luego lanzarla por el Puente de las Américas. “La señorita no fue al Teleférico, estaba en la discoteca Dubái con un sargento”, justificó el jurista. La versión de suicidio era un insulto a la memoria de la joven, según su familia.
Esa fatídica noche en que Vethy partió del mundo para no volver jamás, empezó el calvario para su familia. El cuerpo de la estudiante estaba entre matorrales. El supuesto feminicida se presentó al Colegio Militar el lunes siguiente tras ese viernes de luto. “Ni siquiera ha preguntado por mi hija. Él le obligaba a cambiar de número de celular cada vez porque era celoso”, relata Bartolina mientras sostiene el cartel de la joven en el cual pide justicia. Los años no han borrado el dolor, pero sí han dejado la marca de números rojos.
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