Texto de Miriam Telma Jemio para Guardiana (Bolivia), foto de portada de Dico Soliz. La publicación cuenta con el apoyo de la Fundación para el Periodismo
Miércoles 10 de marzo de 2021.- Construcciones como La Quinta de Santa Cruz o el Corredor Quintanilla de Cochabamba o las de Mi Teleférico en La Paz, que han implicado la tala de árboles o afectado áreas verdes, tienen licencia ambiental provistas por las gobernaciones con base en informes de las alcaldías.
Estas obras, una muestra de otras similares que se ejecutan en las ciudades del país, fueron ejecutadas a pesar del rechazo de una parte de la población que creen que con otro diseño se evitaría eliminar los árboles afectando la calidad de vida en las ciudades.
Activistas ambientales como los del Colectivo Árbol de Santa Cruz y de Cochabamba han denunciado que, a edificaciones como las mencionadas arriba, se otorgan licencias ambientales y autorizaciones ediles por la presión del poder económico o político.
En las gobernaciones de Santa Cruz y Cochabamba aseguran que el tema técnico es el que prevalece a la hora de emitir los permisos ambientales. Lo mismo destacan en la Alcaldía de La Paz.
Las marchas y plantones en las calles de la sociedad civil, así como las manifestaciones en las redes sociales en contra de estas obras, en pocos casos, han logrado detener este tipo de proyectos.
Gobernaciones y licencias ambientales
Desde la vigencia de la Ley 1333 de Medio Ambiente (1992), cualquier proyecto, obra o actividad requiere de un licenciamiento ambiental que es otorgado por una autoridad competente, que generalmente son las gobernaciones y el Ministerio de Medio Ambiente.
La licencia ambiental es un documento otorgado por la Autoridad Ambiental Competente a una empresa o institución (pública o privada), por medio de la cual se autoriza la ejecución de un proyecto, obra o actividad cuando ha cumplido todos los requisitos de prevención y control ambiental.
“La Gobernación es la autoridad competente para dar las licencias ambientales. El municipio tiene su Dirección de Medio Ambiente y, en muchos casos, solo su técnico que pueden tener una apreciación ambiental (sobre un proyecto), pero la única voz valedera es de la autoridad ambiental competente, que es la Unidad de Gestión y Control Ambiental de la Gobernación”, puntualiza Álex Campos, director de Recursos Naturales de la Gobernación de Cochabamba.
Explica que una vez que reciben la solicitud, la unidad técnica realiza un análisis para definir la categoría que se le asignará al proyecto y, luego, la unidad legal verifica que esté dentro el marco jurídico.
Normas se han flexibilizado
Desde 2018 rigen nuevas normas legales enmarcadas en la Ley 1333. El decreto supremo 3549 cambió la ficha ambiental por el formulario de categorización ambiental que requiere menos información del proyecto, según la autoridad ambiental.
Y, desde 2019, el decreto supremo 3856 exime de una licencia ambiental a los proyectos de categoría cuatro. En esta última recaen las construcciones citadinas como adoquinados de calles, puentes pequeños o canchas deportivas en las escuelas, entre otras enlistadas en el decreto 3549.
Con los dos decretos se ha flexibilizado el régimen ambiental. Para Jorge Campanini, investigador del Centro de Documentación e Información Bolivia, esto se ha convertido en un simple procedimiento administrativo y la autoridad ambiental competente ha dejado de velar por el tema ambiental. En algunos proyectos no necesitarán ni de consulta ni de evaluación de impacto ambiental.
“Ahora se facilita cualquier emprendimiento de naturaleza por muy cuestionable que sea. Ahora las actividades de todos los sectores, como el minero, caminero, agropecuario e hidrocarburos se han dividido. Y algunas actividades del sector de hidrocarburos, por ejemplo, están en la categoría 3, donde sólo necesitan un plan de adecuación y seguimiento ambiental. Muchas actividades que se consideran menores no lo son. Basta con ver la lista que tiene el decreto sobre qué actividades están en qué categorías”, explica Campanini.
El otro cambio es que ahora el representante legal de la empresa que obtiene la licencia ambiental es quien tiene que presentar anualmente el monitoreo de cumplimiento de su plan de adecuación y las gobernaciones solo las aprueban o hacen observaciones. Antes de los decretos, la autoridad ambiental acompañaba los monitoreos y verificaba si se cumplían o no las normas.
La categorización ambiental
Gerardo Gutiérrez Roca, secretario departamental de Medio Ambiente de La Paz, explica que cuando una obra (categoría tres o cuatro) afectará árboles o áreas verdes, la autoridad municipal emite un informe técnico y cuando implica al patrimonio cultural lo hace el Ministerio de Culturas. En el caso de las áreas protegidas nacionales interviene el Ministerio de Medio Ambiente.
La categorización ambiental contempla cuatro niveles. Las categorías uno y dos requieren evaluación de impacto ambiental por la magnitud de las obras e impactos, por ejemplo, las grandes represas o carreteras.
En la categoría tres se ubican las construcciones de puentes, sistemas de riego, edificios de más de cinco pisos, entre otros. No requieren de una evaluación de impacto ambiental, pero sí de un “Programa de Prevención y Mitigación” y un “Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental”.
Los controles
La licencia ambiental tiene una vigencia de diez años. Cada año la empresa responsable de la obra debe presentar un informe de monitoreo ambiental que, dependiendo de la categoría, contempla, por ejemplo, un análisis de laboratorio del agua o suelo para saber si la actividad está o no provocando alguna contaminación.
“Debe demostrar que no está contaminando, que no hay impacto. Si no cumple con esas medidas se le pide que reformule su licencia ambiental”, puntualiza Gutiérrez. En estos casos se aplican sanciones administrativas como la suspensión de la licencia y las multas pecuniarias de 3 por cada mil bolivianos del costo del proyecto.
En Santa Cruz, Diego Saucedo, director de Tierras y Calidad Ambiental (Ditcam), remarca que trabajan con los requisitos de los gobiernos municipales. “Cuando vemos, mediante satélite, que hay material arbóreo en el área de influencia de un proyecto, pedimos del municipio un permiso de remoción de cobertura vegetal”.
En el caso de Santa Cruz de la Sierra, actúan de acuerdo a la Ley del Árbol de ese municipio, la que establece, por ejemplo, la reposición de 10 plantines por cada árbol eliminado. En caso de proyectos más grandes, como los urbanísticos, dice Saucedo, la Ditcam exige un inventario de las especies arbóreas y su ubicación, y su trasplante a predios cercanos al proyecto.
La autoridad reconoce que ese procedimiento es complicado, sobre todo cuando son árboles de gran tamaño. En Cochabamba, se hizo el transplante de más de 20 árboles en la primera fase de la construcción del Corredor Quintanilla.
Solo tres sobrevivieron y, precisamente, por ese antecedente los activistas ambientales estuvieron más de 50 días en vigilia en el lugar para evitar el traslado de 40 árboles que contempla la segunda fase de esa obra. El temor es que mueran como los que fueron llevados a orillas del río Rocha, en la primera fase.
Sin embargo, la jueza Ilenka Solis, del Juzgado Agroambiental de Cercado, determinó el 26 de febrero que se paralice la fase II del corredor Quintanilla, porque el proyecto “puede resultar atentatorio a los derechos del medioambiente”.
Guardiana consultó en la Gobernación sobre qué acciones tomó al respecto. El Director de Recursos Naturales de la Gobernación de Cochabamba aseguró que el proyecto (en su primera fase) no contemplaba el trasplante del arbolado, sino la tala y su correspondiente reposición con plantines.
Presiones del poder
Con las acciones que realizan para proteger los árboles, algunos activistas aseguran que descubrieron “una serie de irregularidades” en la aprobación de proyectos. Hay vecinos que pagan para que el técnico edil emita un informe afirmando que el árbol está enfermo y así poder talarlo, asegura Sara Jiménez, miembro del Colectivo Árbol de Cochabamba.
Y en obras mayores, como la construcción de urbanizaciones, la denuncia es que las autoridades ambientales ceden ante el poder económico o político.
Diego Saucedo, titular del Ditcam, afirma que en Santa Cruz no se han presentado esos problemas. “Somos el único departamento que cuenta con un sistema de gestión de licencias ambientales con un proceso automatizado que evita el uso de papelería y también evita cualquier tipo de acto de corrupción. En eso hemos avanzado mucho y gracias a ese sistema estamos bien parados en el control ambiental”.
La autoridad cruceña puntualiza que los municipios tienen la autonomía para definir sus áreas urbanas y rurales como sucede en Porongo, donde se han construido urbanizaciones enteras talando gran cantidad de árboles. Ese municipio amplió su área urbana para admitir esas obras.
Las y los activistas no lograron evitarlo a pesar de las protestas y denuncias realizadas de esa depredación. El boom inmobiliario se impuso. La Gobernación de Santa Cruz solo pudo pararlo con una pausa ambiental y salvar la zona que es fuente del agua que abastece a la ciudad de Santa Cruz creando un área protegida, dice Saucedo.
Sobre las denuncias de favoritismos o actos de corrupción en la otorgación de las licencias, la autoridad ambiental de La Paz admite que se ha dado “algún caso” en la otorgación de licencias ambientales, pero que son “muy excepcionales” ya que no falta el empresario que busca pagar para obtener una categoría diferente a la que le corresponde.
En la Gobernación de Cochabamba aseguran que no han recibido denuncias al respecto en los últimos cinco años.
Desde su experiencia como autoridad edil, Jiménez asegura que no es una prioridad de las autoridades de alto rango el tema ambiental. Recordó que, en 2017, en Coña Coña se afectó árboles de molles para dar paso a una infraestructura deportiva que “ahora nadie la utiliza” y “solo por capricho de autoridades nacionales”.
Otra obra pública de impacto en el arbolado es el tren metropolitano que afectaría la franja de seguridad del río Rocha. “Es un problema, porque no depende del técnico la decisión. Lamentablemente, al ser técnicos no tenemos autoridad para decidir cuando al alcalde se le ocurre que se tiene que destrozar un área verde. No permití que esto sucediera. Solo duré un año por esas presiones políticas”, cuenta Jiménez.
Para la senadora (CC) y ambientalista Cecilia Requena, la corrupción es un tema muy grande. “Las licencias ambientales han dejado de ser una garantía. Esto que pasa con el oro, por ejemplo, casi cualquiera obtiene una licencia ambiental para tirar mercurio por toneladas a los ríos. Cómo puede tener eso algún tipo de autorización. Esto muestra que la licencia ambiental no da ninguna garantía a la ciudadanía de que se está tomando en cuenta el medio ambiente”.
Sobrevivir ante el “progreso” y la comodidad vecinal
Las obras con categoría cuatro también son ejecutadas por los gobiernos municipales. No requieren de licencia ambiental, porque no generan ningún impacto, según las autoridades departamentales.
Sin embargo, una reciente acción edil para habilitar una vía y unir dos avenidas en la ciudad de Santa Cruz contradice esa aseveración ya que implicaba la tala de al menos 20 árboles. La intervención de los vecinos y activistas ambientales logró paralizar los trabajos.
La Alcaldía cruceña decidió rediseñar el trazo del proyecto para no afectar al arbolado de la zona. Esa acción es la que, en su momento, exigieron algunos colectivos en la ciudad de La Paz cuando se construyeron las líneas del teleférico afectando a más de 400 árboles.
Las arremetidas contra los árboles también provienen de los vecinos que con el afán de eliminarlos les hacen el anillo de la muerte, un surco alrededor de todo el tronco, con lo cual lo llevan a la muerte. Otros afectan las raíces para impedir el flujo de alimentación. Los activistas incluso han evidenciado que los perforan con brocas y les inyectan algún veneno en las raíces para que se sequen y mueran.
En los tres municipios rigen leyes que establecen las causas y cómo se puede remover el arbolado urbano, así como las sanciones y multas por la eliminación ilegal de árboles. Las autoridades ediles no se abastecen para hacer cumplir la normativa, principalmente cuando se trata de asentamientos humanos en espacios verdes porque se tienen que enfrentar con gente violenta.
Santa Cruz perdió el 90% de su cobertura arbórea en 20 años
Con una equis blanca fueron marcados los más de 20 árboles que iban a ser talados el 6 de febrero. Los vecinos se movilizaron e impidieron, junto a los activistas del Colectivo Árbol, que la Alcaldía los tumbe, para dar paso al asfaltado de una vía que conectará las avenidas Cristo Redentor y Alemana, en la zona norte de la ciudad de Santa Cruz.
Aunque el 7 de febrero, dos árboles enormes yacían en el suelo en el Barrio San Juan. “Cuando llegamos el sábado había dos tractores, dos topadoras y dos camiones. Las máquinas estaban operando. Muchos vecinos no sabían del proyecto, pero otros lo habían aceptado. Gracias a las denuncias en los medios y las redes sociales se logró paralizar la obra, pero dos jororis cayeron”, cuenta la activista ambiental Eliana Torrico, miembro del Colectivo Árbol- No a la tala de árboles en Santa Cruz, quien identificó a jororis, jebios, penocos y cedros entre los árboles marcados para ser cortados.
En declaración oficial desde la Alcaldía cruceña, Darío Melgar, director del Jardín Botánico, negó que el personal edil los haya talado. Alegó que retiraron la maquinaria porque replantearán el diseño de la obra. “Vamos a ver la viabilidad de que esos árboles sean trasladados o trasplantados a otra zona del mismo octavo anillo”.
Torrico afirma que el colectivo al que pertenece planteó una solución que no afecta al arbolado y evita el impacto que pueda ocasionar la construcción de urbanizaciones y edificios. Principalmente, destruyen el hábitat de ardillas, tucanillos, cardenales, loritas, entre otras aves, que viven refugiadas en las pequeñas manchas de bosquecillos que aún quedan en esa ciudad.
Entre los servicios ambientales que presta el arbolado urbano, según destaca Torrico, está el de regular los vientos y la temperatura, sobre todo los que forman el cordón ecológico, un bosque urbano con más de 600 mil árboles que albergan a más de 300 especies de fauna silvestre.
Esa masa boscosa, que absorbe el 40% de los gases de efecto invernadero producidos en la urbe cruceña, está afectada por asentamientos ilegales y la extracción de áridos.
El Colectivo Árbol- No a la tala de árboles en Santa Cruz reclama el que las autoridades y vecinos no tomen en cuenta los servicios ambientales de los árboles y los suplanten por parqueos, edificios o supermercados.
La ciudad de Santa Cruz perdió el 83 por ciento de su cobertura arbórea, según un estudio realizado por el colegio de Ingenieros Ambientales, en 2013. En 2020, una actualización de esa investigación develó: “En 20 años, el 90 por ciento de la cobertura arbórea en la ciudad ha disminuido con el cemento. El boom inmobiliario se llevó la calidad de vida, las áreas verdes”, lamenta Eliana Torrico.
Una de las obras ediles que más impactó en el arbolado es el edificio de la Quinta Municipal, ubicado en el cuarto anillo en medio del parque de La Autonomía. La obra se inició en 2013 y los activistas incluso realizaron una demanda de acción popular. La justicia falló a favor de la Alcaldía. El edificio fue usado por primera vez en octubre de 2020.
Desde la Gobernación, el secretario de Desarrollo Sostenible, Manlio Roca, asegura que la licencia ambiental otorgada a esa construcción está bajo el marco de la legalidad. Torrico considera que ese edificio es un “monumento a la violación de todas las normas de planificación ambiental y de uso de suelo”, además, es un precedente para que se vulneren otras áreas verdes.
En 2016, durante el carnaval, en el cuarto anillo fueron talados 275 árboles nativos y exóticos. Un año después, se conoció que por la multa de esa acción el municipio recaudó 2, 8 millones de bolivianos. No reveló la identidad de los autores del hecho.
Cemento, la prioridad del planificador urbano en Cochabamba
Ambientalistas se oponen a la tala de 40 árboles en la avenida Uyuni donde se construirá la segunda fase del corredor Quintanilla, en la ciudad de Cochabamba.
Entre las especies que se verán afectadas están molles, lluvias de oro, jacarandás y árboles de t’ipa, así como la fauna, principalmente las aves que anidan en la copa de esos árboles, según el colectivo No a la tala de árboles en Cochabamba.
Este caso ocupa a los activistas desde hace tres años cuando se conoció la ejecución de la obra, que, en su primera fase afectó una veintena de árboles, la mayoría murió al ser trasplantados.
“Cada día perdemos árboles. Estamos poniendo cemento”, lamenta Sarah Jiménez Villarpando, miembro del colectivo No a la tala de árboles en Cochabamba y exjefa de la Unidad Forestal de la Alcaldía cochabambina.
La especialista en arbolado urbano dice que el “Plan maestro de forestación de Cochabamba” establece cómo manejar los árboles adecuadamente, pero no se aplica y los árboles crecen en condiciones desfavorables por el tipo de suelo y la falta de espacio aéreo, lo cual impide que sean vigorosos.
Esto sucede por las talas y podas que se realizan sin planificación, por mutilaciones inadecuadas, lo que ha inducido al decaimiento de los árboles, lo cual hace que la gente se sienta insegura y pida la tala del árbol porque en cualquier momento pueden fracturarse las ramas o provocar cortes eléctricos cuando llueve.
Los ambientalistas observan que hay preferencia por especies exóticas a la hora de reforestar y eso afecta a la fauna urbana. “La gente no siempre usa las especies adecuadas en sus aceras. Por ejemplo, un pino en 10 a 20 años causará problemas, destrozará la tubería, causará cortes eléctricos, y “entonces el vecino busca talarlo”, explica Jiménez.
Esto es un problema porque la Alcaldía lo multará aplicando la ley y eso desmotiva a plantar árboles. Jiménez considera importante que el municipio ayude al vecino a encontrar una solución cuando su árbol vivo y sano comienza a dañar la acera y su propiedad.
Edificaciones ilegales eliminan árboles en La Paz, sobre todo en las laderas
Los vecinos de Chojñacota se movilizaron en contra de la tala de árboles de un bosquecillo ubicado en la zona norte de la ciudad de La Paz, donde los supuestos propietarios iniciaron la construcción de viviendas y para tal efecto talaron parte del área boscosa. Dionicio Mamani, presidente del barrio Chojñacota kilómetro 8, dijo a un medio local que los árboles talados tenían más de 50 años.
Esta situación se repite en diferentes zonas paceñas, principalmente en las laderas donde aún hay cobertura arbórea y en los bosquecillos como el de Pura Pura, Auquisamaña y Bolonia, principalmente. Son áreas donde van creciendo los asentamientos humanos.
“Hacer fiscalización y control en estos lugares es muy peligroso. Conforman grupos que son muy agresivos”, afirma Roberto Rojas, director de Áreas Protegidas, Bosques y Arbolado Urbano de la Alcaldía de La Paz. Durante la cuarentena, debido a que la actividad pública estuvo paralizada, han aprovechado para tumbar más los árboles.
En algunos casos los funcionarios públicos y los policías han sido agredidos al igual que los vehículos. Esto impulsa a la Alcaldía a instaurar procesos administrativos y mediante edicto se notifica a los implicados.
Para la concejala Cecilia Chacón hay avances en la implementación de la ley del arbolado, sin embargo, considera que hace falta mayor voluntad política del Ejecutivo para que se cumpla la norma en vía pública y en predios privados.
Critica que mientras la ley plantea drásticas sanciones, el Ejecutivo todavía no ha adecuado algunas normas para aplicar esas multas. “Deben armonizar la legislación técnica para hacerlas más drásticas y hacer una mayor difusión de la norma”, remarca.
El Director de Áreas Protegidas, Bosques y Arbolado Urbano de la Alcaldía de La Paz dice que el arbolado urbano ha sido plantado sin planificación y por eso hay cipreses cerca de las viviendas y bosquecillos de eucaliptos en las laderas.
Ahora, dice Rojas, La Paz tiene un plan maestro de bosques y arbolado urbano para la creación de corredores verdes. En 2014 se inició la plantación de 200 mil plantines que están en crecimiento, por ejemplo en las avenidas Kantutani y Costanera que están en la zona sur, en Cotahuma, Mallasa y Auquisamaña. En la avenida Busch, en Miraflores, se puso una cobertura vegetal nativa, al igual que en la avenida Los Leones, la Ciudadela Ferroviaria, por mencionar algunas zonas.
Chacón resalta el hecho de que la ciudadanía realiza mayor control para evitar la tala de árboles y realiza las denuncias; aunque observa que en el Ejecutivo todavía no haya una reacción inmediata a las denuncias. “Los funcionarios llegan cuando todo está consumado, por ejemplo, cuando se denuncia incendios en áreas forestales”, asegura, por ello reclama mayor voluntad política del Ejecutivo para implementar la ley.
Talar fuera y dentro de un predio, solo con autorización
En los municipios de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz rigen leyes municipales que regulan la tala de árboles, los tres establecen la obligación de solicitar autorización tanto para la tala de árboles de las aceras, así como la remoción de los mismos en predios privados, es decir dentro de los domicilios.
En Santa Cruz rige la Ley de conservación, recuperación, protección del árbol, políticas de arborización urbana y el embellecimiento de la ciudad desde 2015. No tiene reglamentación.
Esta ley establece que todos los árboles antiguos son patrimonio dentro de propiedad privada, por tanto, los nuevos proyectos deben adecuarse a la existencia de esos árboles.
Las sanciones van desde una multa de siete salarios mínimos cuando se trata de un árbol nativo más la plantación de 10 plantines y el cuidado de su crecimiento.
En el municipio de La Paz rige la “Ley municipal autonómica N° 350. De protección y conservación de los árboles en Actividades, obras y proyectos de construcción” desde 2019.
Cualquier árbol que se retire debe ser reemplazado con una cantidad de árboles de acuerdo a cálculo técnico de la Alcaldía. Si se trata de una construcción, debe presentar un proyecto evaluando los árboles que están dentro del área del proyecto, para saber en qué condiciones están y justificar, si es el caso, su tala.
El Decreto Municipal 37/2019, que reglamenta la Ley 350, impone multas de entre 200 y 61.865 UFV (Unidad de Fomento de Vivienda es una unidad reajustada según la inflación) por faltas leves y severas. En bolivianos, de acuerdo a la cotización del 14 de febrero, alcanzaría a 412 bolivianos y 146.001 bolivianos.
En Cochabamba rige la Ley Municipal N° 0235/2017 del Arbolado que establece que, para las nuevas plantaciones y reposiciones, se debe garantizar el espacio adecuado tanto aéreo y en suelo para el desarrollo y crecimiento de los árboles. Esta ley solo regula la tala o derribo de árboles en predios públicos y no así dentro de la propiedad privada.
El decreto reglamentario de esta ley establece multas que van desde los 700 bolivianos como mínimo hasta 15.000 bolivianos como máximo. El reglamento contemplado en el Decreto 111/2018 estables tres tipos de infracciones: leves, graves y muy graves.
Aunque estas leyes de estos municipios no autorizan la tala o derribo de árboles por motivos de visibilidad de actividades comerciales, letreros publicitarios, monumentos o edificios públicos o privados y efectos de oscuridad por la copa, son estas las mayores causas por las cuales los vecinos eliminan los árboles cercanos a sus viviendas o comercios.
Los entrevistados coinciden en que es necesarios crear incentivos fiscales para los ciudadanos que arboricen y cuiden los árboles. También remarcan que se tiene que fortalecer el rol fiscalizador de la población para evitar que se siga perdiendo el arbolado urbano.
Comentarios