Alimentos ecológicos certificados, pero arrinconados y sedientos

Texto, fotos y video de Guardiana para la Red de Medios Digitales Bolivia (conformada por Guardiana, La Nube y Acceso Investigativo)

Lunes 17 de noviembre de 2025.- A las 04.30 de cada mañana, Edith Villarroel Orellana está de pie en el huerto urbano familiar en el que vive en el Distrito 9 de Cochabamba. Heredó 300 metros de una propiedad de su abuelo que se fue dividiendo. Sus dos hermanos heredaron otro tanto cada uno. Hoy, el terreno es regado con el agua disponible que apenas alcanza, porque en el río cercano casi no corre el líquido elemento durante el año, salvo en época de lluvias. Y las construcciones que avanzan sin pausa han ido matando huerto por huerto.

Si vas en un bus por los polvorientos caminos del Distrito 9, ubicado detrás del aeropuerto de Cochabamba, podrás ver construcciones de todo tipo al lado de pequeños huertos y ganado que circula a metros de las casas.

El huerto de la productora Edith está en suelo plano, pero el de María Tórrez Santos, de unos 100 metros cuadrados, yace más allá en un lugar pedregoso y, por eso, para sembrar tuvo que ganarles la pelea a las piedras centímetro a centímetro.

María vive con sus hijos y su esposo albañil. Aunque en total son ocho personas, aún les queda espacio para el perejil, la acelga, la lechuga, el cilantro, el repollo y la hierba buena que crecen en diminutos terraplenes armados con la piedra extraída en el lugar. Lo que más cuida María es el agua, la que recicla de todas las formas, incluso la que tiene grasa porque después de lavar los platos, la echa a una planta de cartuchos que la acepta y hasta brillosa se pone.

16 PRODUCTORAS ECOLÓGICAS

Edith y María forman parte de un grupo de 16 mujeres que tienen sus huertos familiares en situaciones similares en el Distrito 9. No cuentan con toda el agua que quisieran.  Y si sus antepasados tuvieron parcelas más grandes, los procesos de herencia las dejaron con pocos metros disponibles. Estos problemas sumados al crecimiento de la mancha urbana en Cochabamba terminaron orillando a hortalizas y árboles frutales.  

En 2025, ellas cumplieron 16 años de trabajo conjunto y coordinado. No sólo tienen reuniones periódicas, sino que hacen visitas a uno y otro huerto para verificar que el manejo de la tierra y la producción de alimentos cumplan con los estándares ecológicos, lo que significa, entre otras cosas, el no uso de agrotóxicos.

CERTIFICADAS, PERO NO VALORADAS EN MERCADOS CONVENCIONALES

Aunque cuentan con pocos metros para poder producir, las 16 mujeres del Distrito 9 lograron seguir los pasos y etapas para convertirse en productoras ecológicas y ahora exhiben su Certificado SPG Cercado (Sistema Participativo de Garantía de la ciudad de Cochabamba), que garantiza a los consumidores una alimentación confiable sin el uso de agrotóxicos.

Sin embargo, cuando ellas llevan sus productos a los denominados mercados convencionales, suelen ser apartadas y discriminadas por otras vendedoras cuyos productos no cuentan con certificación alguna. Es un problema que aún siguen enfrentando.

Otra forma de apoyarse es mediante el trabajo conjunto en un vivero del grupo ubicado en la propiedad de Edith, donde cada una de las mujeres tiene unos pocos metros para sembrar en invierno.

LA HISTORIA DE LOS SPG EN BOLIVIA

Los Sistemas Participativos de Garantía (SPG) tienen historia en Bolivia. Si bien sus antecedentes van hasta 1970 cuando surgieron organizaciones de productores como asociaciones y cooperativas, recién con la aprobación de la Ley 3525 en 2006 se sembró la semilla de lo que serían los SPG.

La Ley 3525, también conocida como "Ley de Regulación y Promoción de la Producción Agropecuaria y Forestal no Maderable Ecológica", es una normativa boliviana que establece reglas para la producción, transformación, industrialización y comercialización de productos agropecuarios y forestales no maderables que son producidos con criterios ecológicos.

En el artículo 23 del capítulo VI de dicha ley se reconocen dos tipos de certificaciones para el comercio de productos ecológicos, una para la exportación y la otra para el comercio local y nacional, a través de Sistemas Alternativos de Garantía de Calidad (SAG). Y los Sistemas Participativos de Garantía (SPG) son una forma del SAG.

En 2009, dicha ley encontró un paraguas en la nueva Constitución, en artículos como el 407 que indica: "Promover la producción y comercialización de productos agroecológicos". La cronología de estos avances se puede ver en el siguiente cuadro:

El agrónomo Alexander Espinoza Soria Galvarro, uno de los encargados de ver estos temas para Agrecol Andes en Cochabamba, explicó a Guardiana que existen tres niveles de control por los que deben pasar las y los productores ecológicos que cuentan con el sello SPG porque, además, cada cinco años deben renovar esta certificación:

• Primer control de carácter nacional: el Senasag es la entidad encargada a nivel nacional de verificar que toda la documentación exigida esté completa en la carpeta del grupo de productores que conforma un SPG. También debe realizar por lo menos una inspección en campo cada año.
• Segundo control del Comité de Garantía: Esta instancia está conformada por tres representantes: uno de los productores, otro de los consumidores y el tercero de alguna institución. Las tres personas visitan las parcelas y si en una encuentran irregularidades, pueden ir hasta el lugar las veces que así lo vean por conveniente.
• Tercer control de evaluadores expertos: Se trata de especialistas como Alexander Espinoza que visitan el 100 por ciento de las parcelas trimestralmente para verificar el cumplimiento de la norma de las prácticas agroecológicas y una de ellas es el no uso de productos agroquímicos.

Sin embargo, Espinoza aclaró que quienes visitan las parcelas no sólo se fijan en que no se estén usando agrotóxicos. Toman en cuenta cinco dimensiones a la hora de realizar la evaluación: tecnológico-productiva, socio-cultural, ambiental, política para el empoderamiento y generación de líderes y lideresas dispuestos a defender a la agroecología y la dimensión económica.

LA PAZ Y COCHABAMBA A LA CABEZA DE LOS SPG

En un webinar internacional que contó con la presencia de especialistas de Bolivia, Argentina y México, el agrónomo Alexander Espinoza explicó a nombre de Agrecol Andes que hasta mediados de 2025 existían en Bolivia 77 SPG (cada uno aglutina a un grupo de productores), en 83 municipios, con 7.680 familias involucradas. La Paz lidera en número, seguido de Cochabamba como se puede observar en el siguiente cuadro. No deja de llamar la atención el hecho de que Santa Cruz cuenta únicamente con 5 SPG, a pesar de ser uno de los departamentos con mayor población en el país.

LOS SPG EN PAÍSES DE AMÉRICA LATINA

No sólo existen los SPG en Bolivia. También están en países de América Latina como Uruguay, Paraguay, Brasil, Perú, Argentina y México, entre otros. Un mayor o menor avance ha dependido, en gran parte, del apoyo e impulso dado por los gobiernos de turno. Un ejemplo claro al respecto hoy es el de Argentina y el papel que Javier Milei está jugando en la agroecología desde que subió al poder en diciembre de 2023.

Era abril de 2007 cuando en Argentina el Grupo Agroecológico “Las Tres Colonias” de la localidad de Bella Vista y el Instituto de Cultura Popular convocaron a instituciones para conformar un Consejo de Garantía Participativa de Productos Agroecológicos. Así, lo que había empezado en 1998 como una experiencia de producción agroecológica terminó adquiriendo la forma de una de las primeras iniciativas de SPG en ese país.

Los tres pilares del SPG en Argentina son la familia productora que se compromete a producir alimentos sanos, sin el uso de agrotóxicos; el grupo de agricultores que controla mediante visitas y avala la forma de producción de cada familia y el tercero es el Consejo de Garantía Participativa, integrado por productores, consumidores, instituciones que controlan y acompañan al grupo en su producción.

Sin embargo, los avances argentinos se han visto frenados por el gobierno actual de Javier Milei. La agencia de noticias Tierra Viva publicó en julio de 2025: "Horas antes del vencimiento de las facultades delegadas otorgadas por el Congreso con la Ley Bases, el vocero presidencial, Manuel Adorni, y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, anunciaron la publicación del Decreto 462/2025 que confirma la disolución del Instituto Nacional de Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (Inafci) —cierre que es una realidad desde marzo del 2024—, y pone fin a la autarquía del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), al transformarlo en un organismo dentro de la Secretaría de Agricultura y con un presidente designado por la Casa Rosada (y que tomará las decisiones de políticas de investigación y extensión)".

La socióloga María Mercedes "Paiá" Pereda, experta en agroecología, explicó que entre los desafíos que se tienen actualmente en Argentina están: el sello tiene un alcance “local/municipal” y no nacional porque la Ley Nacional no contempla a los SPG; los productores tienen dificultades para cumplir la normativa sanitaria por falta de infraestructura familiar o comunitaria (salas de elaboración, lugares de faena); la existencia de pocos técnicos formados en agroecología para acompañar los procesos que implican los SPG; el lento procedimiento de incorporación de nuevos agricultores o feriantes al sistema y la dedicación en tiempo y esfuerzo que requiere el sistema para cumplir con reuniones, visitas, registros y otros requisitos; mayor investigación técnica por parte de organismos especializados; asistencia técnica con perspectiva agroecológica y articulación entre diferentes niveles del Estado.

En el caso boliviano, si bien existe un grupo de normas como respaldo de los productores ecológicos, aún no se sabe si el nuevo Gobierno seguirá impulsando este tipo de agricultura o no, sobre todo por su anuncio de abrir más las puertas a los transgénicos.